Mazatlán, Sinaloa.- Un coctel de fallas al interior del penal de El Castillo es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso sobre la mesa tiempo antes de los 12 homicidios (un menor de edad que estaba de visita) registrados entre el pasado jueves 8 y el viernes 9 de octubre. Son 23 puntos debidamente anotados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, que describen factores de riesgo y piden atención.

Es un documento de mil 67 páginas que resume la vida al interior de todos los penales del país. Pero en lo que corresponde a la vida interna de El Castillo se resume en la 497 y 498.

“Ahora que pasa este evento (12 homicidios entre el jueves 8 y 9 de octubre), pues cobra más relevancia este estudio porque ahí se hacen recomendaciones a las autoridades encargadas y no se han podido concluir…”señaló Erick Tiznado Sánchez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el sur de Sinaloa.

El diagnóstico plantea un panorama en el que se acumulan problemas de distinta naturaleza: controles penitenciarios deficientes, carencias materiales, atención médica insuficiente y debilidades en los mecanismos de protección de derechos humanos.

ARMAS

 

Para Tiznado Sánchez, el diagnóstico plantea problemas relacionados con la gobernabilidad porque entre las observaciones figuran la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, la presencia de actividades ilícitas, la falta de capacitación de los trabajadores penitenciarios y las deficiencias en las normas que deben regular el funcionamiento interno. En conjunto, estos señalamientos abren interrogantes sobre la capacidad institucional para mantener el orden, detectar irregularidades y proteger a la población interna.

“Con lo sucedido se demostró que no (hay garantías de seguridad). Hay ahí temas de seguridad que no están bien. Por algo sucedió lo que todos sabemos”.

Sobre las armas usadas en los hechos del jueves 8 y viernes 9, cuestionó cómo es que están al interior de las instalaciones.

“Cómo es que ingresan… no debería de pasar en un centro penitenciario. Hasta donde tengo entendido se siguieron realizando revisiones durante el fin de semana porque han encontrado armas, encontraron celulares, ‘puntas’ y cosas que no debería de haber en un penal”.

INCIDENTES

 

En el rubro de integridad de las personas privadas de la libertad, la CNDH advierte insuficiencias en los programas de prevención y atención de incidentes violentos, además de deficiencias para prevenir violaciones a los derechos humanos y actuar cuando se detectan. También identifica limitaciones en las vías disponibles para presentar quejas por posibles abusos. Estas fallas pueden dificultar que las autoridades detecten oportunamente situaciones de riesgo y atiendan denuncias dentro del centro.

“Los penales de Sinaloa están entre 4 y 5 de puntación. Están reprobados”.

MÁS ALERTAS

 

Las condiciones para una estancia digna también forman parte de las alertas. El documento señala deficiencias en la alimentación, las condiciones materiales y la higiene de las áreas destinadas al alojamiento, así como problemas en espacios de comunicación con el exterior, cocinas, comedores e instalaciones médicas. Agrega carencias en los servicios de salud y en la infraestructura necesaria para el funcionamiento del centro penitenciario.

El panorama se extiende a los procesos de reinserción social. La CNDH identifica problemas en la integración de expedientes técnico-jurídicos, la separación entre personas procesadas y sentenciadas, la clasificación de los internos y la organización de actividades para cumplir sus planes de reinserción. También advierte insuficiencias en las actividades deportivas.

Otro punto señalado corresponde a la separación entre hombres y mujeres, así como a la atención de grupos con necesidades específicas, incluidas las personas de la diversidad sexual y de género. Las deficiencias en estos ámbitos pueden incrementar la vulnerabilidad de determinados sectores de la población penitenciaria.

Tiznado Sánchez informó que la CEDH inició dos quejas de oficio a raíz de los acontecimientos ocurridos el jueves y viernes de la semana pasada, con el propósito de investigar posibles vulneraciones a los derechos humanos. “Iniciamos investigaciones de oficio por la magnitud de los hechos de los hechos”.