Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió el miércoles investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial los abusos que se registraron durante la protesta para exigir agua limpia en la capital de Jalisco y recordó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe respetar los derechos humanos.

El organismo señaló que la actuación de los elementos de seguridad necesita regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, esto después de la movilización del 11 de octubre en Guadalajara, donde policías estatales utilizaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que exigían agua limpia.

En un mensaje publicado en redes sociales, la ONU-DH destacó la obligación de esclarecer lo que pasó mediante una investigación que permita determinar las circunstancias de la intervención policial y establecer las responsabilidades correspondientes, en caso de que se acrediten los abusos.

La Oficina también compartió el Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público, que elaboró Naciones Unidas, y reúne estándares internacionales para regular la actuación de las fuerzas de seguridad y prevenir el uso arbitrario o excesivo de la fuerza.

Naciones Unidas establece límites al uso de la fuerza

El documento señala que las autoridades tienen la responsabilidad de mantener el orden público y proteger a la población, pero esa facultad no las exime de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. También establece que los agentes deben recurrir, en la medida de lo posible, a medios no violentos antes de emplear la fuerza.

“Si bien los agentes del orden público tienen un rol de garantes con la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas, son asimismo titulares de derechos y los Estados tienen el deber de respetarlos y protegerlos también. Esto quiere decir, por ejemplo, que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que sus agentes del orden público trabajen bajo condiciones adecuadas, se encuentren bien capacitados y equipados, incluyendo equipo de autoprotección, y que las operaciones sean bien planeadas; que reciban instrucciones apropiadas para evitar colocar oficiales en riesgos innecesarios”, se lee en el apartado que establece las obligaciones del Estado, órganos estatales y sus agentes.

“Además, se requiere contar con una cadena de mando efectiva, que tenga responsabilidades claramente definidas y delimitadas, y contar con mecanismos de control y supervisión adecuados. Crear un ambiente en el cual el personal del orden público conoce sus derechos y ve sus derechos y preocupaciones respetadas, es un factor importante para asegurar que lleve a cabo sus tareas con confianza y con el compromiso de proteger los derechos de las personas”, añade.

El manual advierte que el uso de la fuerza “tiene el potencial de infringir daño, causar heridas [serias] y en algunas instancias puede ser letal”. Por ello, destaca que, de acuerdo con el derecho internacional, “la fuerza solo debe ser utilizada en la medida que es necesaria para alcanzar un objetivo legítimo de orden público”, y que, cuando resulta excesivo o arbitrario, es ilegítimo.

Por ello, plantea que “en los casos de presunto uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza, deben existir mecanismos de rendición de cuentas establecidos” que permitan investigar posibles abusos y responsabilizar a quienes los cometan.

Entre los derechos que pueden verse afectados por estas intervenciones, Naciones Unidas identifica la vida, la integridad física y mental, así como el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“El Comité de Derechos Humanos ha explicado que ‘el derecho a la seguridad personal protege a las personas contra lesiones físicas o psicológicas infligidas de manera intencionada, independientemente de que la víctima esté o no privada de libertad’, lo cual incluye una obligación de prevenir y corregir el uso injustificado de la fuerza por agentes del orden público”, sostiene.

CNDH atrae investigación por los hechos en Guadalajara

Con este pronunciamiento, la ONU-DH se sumó a la condena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que anunció que atraerá la investigación sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante la protesta del pasado domingo.

Además, informó que buscará esclarecer las circunstancias de las detenciones y las presuntas agresiones atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco tras reportar que recibió denuncias sobre personas lesionadas, posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también pidió investigar las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante la movilización. En su conferencia matutina de ayer, sostuvo que esos hechos no pueden permitirse y reclamó una indagatoria que determine cómo ocurrieron las detenciones, entreviste a las víctimas e identifique a los responsables.

La protesta reunió a miles de personas en Guadalajara para exigir agua potable y denunciar las condiciones del suministro en sus hogares; sin embargo, la manifestación derivó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, residencia oficial del Gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, donde se documentó el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua a presión por parte de los cuerpos de seguridad.

Ante este contexto, las indagatorias deberán esclarecer qué ocurrió y determinar si la actuación policial se ajustó a los estándares aplicables al uso de la fuerza, así como establecer las responsabilidades que correspondan.

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