Rocha Moya debe asumir la obligación que el desempeño del cargo le determina, de gobernar para todos de manera receptiva e incluyente.
EDITORIAL
Ante tantas alarmas encendidas en Sinaloa, el gobernador Rocha hace lo correcto al tocar puertas en la federación que corrijan omisiones o abandonos de consecuencias devastadoras.
El Ayuntamiento de Mazatlán y el Gobierno de Sinaloa estarían involucrados en este hecho, por acción u omisión, si de inmediato no toman las medidas y aplican las acciones legales que derivan.
Desidia o ineptitud de los parlamentarios sinaloenses, la verdad es que no sacan adelante al estado y lo que le asestan es otro empujón hacia el colapso.
La realidad expone que el fortalecimiento a la estrategia de combate a la violencia con visión de construcción de paz duradera tiene que ser la prioridad que abracen el gobernador Rubén Rocha Moya y la 65 Legislatura del Congreso del Estado.
Si el acoso alcanzó a la presidenta Sheinbaum ¿en qué nivel de afectación estarán millones de mujeres de comunidades urbanas, rurales e indígenas en desamparo y legal e indiferencia gubernamental?
Lo avanzado es poco ante la devastación y atrocidad derivadas de casi 14 meses de choque frontal entre células del narcotráfico y el impacto propio de incertidumbres de tipo social, económica y política.
La indignación que mostró hoy la presidenta por los sucesos de Uruapan, irritación extensiva a todo el país, debe ser punto de partida para que el Estado haga más en la tarea de reponer la seguridad y legalidad.
La Fiscalía de Sinaloa puede resaltar con la debida investigación que detecte y ponga a disposición de la justicia a los que operaron este cargamento humano en el barco fantasma que cruzaba el Mar de Cortés.
Al gobernador no le conviene que las reyertas por las candidaturas que empiezan a ser visibles en su partido se agreguen a la inestabilidad social, política y económica que presenta Sinaloa.
