Las autoridades deben actuar rápido antes de que la levadura de la impunidad agrande el problema y lo saque del control del gobierno.
EDITORIAL
Ni el gobierno debe involucionar a los tiempos en que solamente se dedicó a contar a las víctimas de la violencia, ni los ciudadanos podemos permitir que seamos rehenes de grupos delictivos.
Como ciudadanos tenemos la obligación de ir al lado de la Universidad en su exigencia de transparencia, educación de mejor calidad y libre cátedra, dejando solos a aquellos que marchan en dirección opuesta.
A los gobernantes se les empieza a valorar no por administrar recursos públicos con obras y servicios que cualquier city mánager podría organizar, sino por colocar la atención e intención en políticas públicas que desde el presente atiendan los retos de futuro.
El Gobierno Federal y sobre todo el gobernador Rubén Rocha Moya deben no sólo permitir sino impulsar la observación del ombudsman sinaloense que certifique que no existen agravios contra los pacíficos.
El PRI difícilmente saldrá del hoyo en que lo echó ayer el Consejo Nacional, con la medicina que en vez de sanarlo parece aplicársele para matarlo, porque la permanencia alevosa de Alito es más una eutanasia política que la disposición a salvarlo.
Lo que se necesita hoy es la garantía de que la SSPE estará dedicada enteramente a trabajar para la tranquilidad de los sinaloenses.
Tendrá que ser el sector estudiantil el que instale condiciones para la consulta y decida si le da a la UAS una nueva Ley Orgánica o le prolonga los lastres que le retrasan el vuelo hacia la cúspide.
La tardanza en poner en funciones la fiscalía especializada impacta en el bajo o nulo trabajo de investigación sobre hechos de agresiones a los gremios amparados por la Ley de Protección.
El comercio nacional debe pasar de la concepción de competencia desleal a la generación de estrategias que lo beneficien con el boom chino, compitiendo en giros y artículos donde hay poca injerencia oriental.
