Los golpes asestados al crimen organizado son todavía insuficientes para sentar condiciones de tranquilidad tanto con base a los hechos como en la sensación de peligro que persiste en la ciudadanía.
EDITORIAL
La ciberseguridad es una emergencia de nuestros tiempos debido a familias, empresas y dependencias que están en riesgo de ser víctimas de redes delictivas que van más adelante que las capacidades del Estado para contenerlas.
La imprudencia de empoderar al narcotráfico más de lo que ya está poniéndolo como benefactor social coadyuva a la normalización de la acometida criminal.
Por más que la realidad mexicana en materia de violencia exacerbada y gobierno rebasado genere simpatías a favor de la intervención simiesca de Trump, importa luchar porque dicha colabotación sea coordinada bilateralmente y con la garantía de respeto pleno a los derechos humanos.
La población pacífica necesita en lugar de estadísticas que a nadie alientan, la recuperación de la paz positiva tan esperada por la sociedad y prometida por el gobierno durante 16 meses de narcoguerra en Sinaloa.
Por cada día que se prolonga la narcoguerra en Sinaloa las principales víctimas directas son las instituciones y quienes las presiden, el anhelo de tranquilidad sostenida en la ley, y las oportunidades de desarrollo económico lícito.
Es necesaria la intervención social más decidida para empujar decisiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador Rubén Rocha Moya tendientes a recuperar el Sinaloa que queremos para vivirlo, en toda la dimensión de tal esperanza.
Lo que queremos es que quienes tienen el poder, lo usen de manera sabia para parar esta guerra.
Las fronteras con Nayarit y Durango son consideradas zonas estratégicas por las cuales las organizaciones criminales de Jalisco y Michoacán intentarían incursionar para terciar en la confrontación entre las dos facciones que integran el Cártel de Sinaloa.
Ir hacia atrás nos saldría caro no sólo por los recursos públicos que se irían por los amplios toboganes de la opacidad, sino principalmente por perder un sistema de derechos ganados con años de lucha contra la corrupción.
