Antes de que la incertidumbre adquiera mayores niveles que se traduzcan en alteraciones de los quehaceres sustantivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por insuficiencia presupuestal que pone en riesgo los salarios y prestaciones de los trabajadores, los gobiernos federal y estatal están emplazados a implementar acciones de apoyo a la casa de estudios, con soluciones de corto y largo plazo.

La huelga con la cual presionan las secciones académica y administrativa del sindicato universitario debe evitarse con las respuestas que atiendan la preocupación por el colapso de las finanzas de la UAS y lo que significaría para alrededor de 160 mil estudiantes de los niveles de bachillerato y profesional, en caso de que la parálisis de que la institución educativa sea la única manera de hacer ver las dificultades internas.

Además, resulta altamente inconveniente agregarle mayor tensión a la de por sí complicada situación de Sinaloa derivada de la crisis de la seguridad pública que durante más de dos años golpea a la población en general y actividades económicas, circunstancias que necesitan de la participación ciudadana y estabilidad para la construcción de paz y la tarea de restauración social, económica y política.

Otro punto a resaltar tiene que ver con la palabra que empeñó la presidenta Claudia Sheinbaum al ofrecerle a la UAS recursos para atender lo ordinario y superar los rezagos a cambio de que la casa rosalina implementara la reingeniería financiera y administrativa, cuestión en que la Universidad ya cumplió en lo fundamental y el Gobierno Federal no en la parte que le corresponde.

Se trata de uno de los pilares educativos que atiende al mayor número de jóvenes en Sinaloa y que es factor de estabilidad en momentos donde las familias luchan por darles a los hijos una oportunidad que los aleje de la posibilidad de ser reclutados por el crimen organizado. Resolverle a la UAS la emergencia económica actual y encarrilarla en la normalidad de financiamiento justo y oportuno constituye otra de las asignaturas del gobierno que afirma quiere pacificar a Sinaloa, pero abandona a los potenciales generadores de civilidad para la gobernabilidad.