A un año de la designación de grupos terroristas

Una de las primeras —y posiblemente una de las más visibles— medidas de Donald Trump durante su segundo mandato contra los grupos criminales del hemisferio occidental fue designarlos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés).

Esta designación incluyó a seis grupos con operaciones en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, así como al grupo Mara Salvatrucha con presencia en Centroamérica y al venezolano Tren de Aragua. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025, esto se hizo para poner fin a las campañas de violencia y terror cometidas por cárteles internacionales y organizaciones transnacionales.

A un año desde el anuncio, la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional consultó a periodistas de investigación, académicas y expertas en políticas para analizar el impacto de la designación en el comportamiento de los grupos criminales y el panorama delictivo en las Américas.

La primera de dos entregas se centra en los impactos contra la MS-13, el Tren de Aragua y en los estados mexicanos de Sinaloa y Michoacán. En general, las autoras coincidieron en que la designación ha tenido poco efecto en la inhibición de la conducta criminal. Sin embargo, la designación, junto con la coordinación entre Estados Unidos, Colombia y Chile, parece haber modificado los incentivos para el liderazgo del Tren de Aragua, con algunos miembros desertando mientras otros buscan acuerdos de cooperación con las autoridades. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la organización —aún activa en algunos territorios— y la posibilidad de un aumento de la violencia en la región debido a su fragmentación.

En nuestra segunda entrega, las autoras exploran cómo la designación ha impactado al sector privado, al sistema financiero estadounidense y a la colaboración trilateral con Canadá y México. El panorama que surge es claro: el sector privado tiene fuertes incentivos para mejorar sus mecanismos de cumplimiento, pero las vías para su implementación siguen siendo complejas en un marco normativo confuso; una preocupación que surgió cuando se anunció la designación por primera vez.

MS-13: El mito de una operación criminal transnacional

La designación de Mara Salvatrucha 13 (MS-13) como una Organización Terrorista Extrajera responde a un viejo mito de que la MS-13 funciona activamente como organización transnacional a lo largo de la región. La verdad es que, a pesar de su presencia en varios países, la pandilla nunca logró consolidar una estructura operativa transnacional. Sus estructuras y operaciones siempre han sido eminentemente nacionales y locales. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha de El Salvador siempre operó con independencia de la MS-13 del sur de California, así como la MS-13 de Guatemala nunca logró vincularse operativa y orgánicamente con la pandilla en Honduras.

Lo anterior no significa que no hubo intentos deliberados y repetidos de algunos capítulos por establecer una red operativa y funcional que facilitase crímenes transnacionales. De hecho, el capítulo salvadoreño de la MS-13 intentó por muchos años dar un salto organizacional que le permitiese coordinación internacional. Tampoco significa que no hubo contactos y comunicaciones entre miembros de pandillas en distintos países con el objeto de coordinar acciones. Pero ninguno de esos esfuerzos pasó del asesinato esporádico, planificado desde otro país o del control temporal de alguna ruta migrante.

Por ello, la designación de la MS-13 como organización transnacional ha hecho muy poco por transformar las dinámicas locales de la pandilla en los países en donde opera. En El Salvador, la aparente aniquilación de la pandilla responde más a las políticas draconianas locales del gobierno autoritario de Bukele que a los frutos de nombrar a la MS-13 como organización terrorista. La evidencia disponible indica que MS-13 sigue operando como cartel local en Honduras, como pandilla callejera en la Ciudad de Guatemala y como pandilla sumisa a la Mafia Mexicana en Los Ángeles, casi de la misma forma como lo ha hecho en los últimos años.

Tren de Aragua: fragmentación y acuerdos de colaboración

La designación del Tren de Aragua (TDA) fue apenas el primero de una seguidilla de sismos que sacudió a la pandilla en el último año, debilitando sus estructuras y colocando a sus miembros en una situación judicial comprometida.

Policías de Estados Unidos y Colombia identificaron lo que podría considerarse una fragmentación de la pandilla, que derivó en el surgimiento del Anti-Tren, un grupo integrado por desertores del TDA. En paralelo, aumentó la presión sobre la organización criminal: Chile y Colombia comenzaron a realizar operaciones conjuntas con autoridades de Estados Unidos para desmantelar células del grupo en sus países.

La deportación de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, con el argumento de que eran miembros del TDA y el envío a la cárcel de Guantánamo, en Cuba de migrantes acusados, sin pruebas, de pertenecer al TDA aumentó la preocupación de los jefes de la pandilla.

Larry Amaury Álvarez Núñez –alias Larry Changa–, uno de los líderes del Tren de Aragua detenido en una prisión en Bogotá, envió una la carta al presidente de Colombia, intentando buscar opciones para la pandilla. En su misiva, Álvarez Núñez indicó “Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”. También insinuó que el TDA estaba interesado en desmovilizarse y en colaborar con las autoridades de los distintos países donde operaba el grupo, incluido Estados Unidos.

Acciones contra personas clave dentro del TDA también han debilitado la estructura criminal. Estas incluyen, la sanción a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, añadido a la lista de los 10 más buscados por el FBI, la detención, en Colombia, de Kenffersso Jhosue Sevilla, alias Flipper, y la inclusión de Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero –máximo jefe del TDA– en la acusación formalcontra Maduro. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y el tutelaje de Estados Unidos sobre los gobernantes encargados de Venezuela es otro factor que parece jugar en contra de la organización. Aunque el futuro de la pandilla luce incierto, todavía tiene presencia en ciertos territorios y mantiene sus negocios, enfocados en actividades comerciales, minería y lavado dinero.

Sinaloa: la violencia que no cesa

A un año de la designación, la violencia y criminalidad en el estado de Sinaloa continúan.  Desde septiembre de 2024, cuando estalló públicamente la rupturaentre “los Chapitos” y “los Mayos” por una fractura del cártel de Sinaloa a partir de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el gobierno federal desplegó 13 500 efectivos de fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército y Marina como parte de la estrategia para contener la violencia. El resultado, sin embargo, es otro.

Solo en los primeros 30 días de 2026 se acumularon hechos que retratan la crisis, como la desaparición masiva de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver en Concordia; el atentado contra los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán; el asesinato de un médico en Costa Rica por negarse a atender a hombres armados; el hallazgo de 20 fosas clandestinas en Mazatlán, Culiacán y Guasave; nueve mujeres asesinadas en menos de un mes; un hombre desollado abandonado en el fraccionamiento Tres Ríos; el ataque contra el secretario de Seguridad Pública de Culiacán; cinco policías municipales asesinados; y la muerte del joven Fernando Alan a manos del Ejército por una supuesta “equivocación”.

Las autoridades reportan 3 236 detenciones en el último año, decomisos históricos y capturas de presuntos operadores criminales. Aun así, los delitos y atrocidades son la constante. En promedio, 18 vehículos robados, ocho personas desaparecidas y seis asesinadas cada día. Las cifras reflejan incrementos alarmantes entre 2024 y 2025, por ejemplo, el feminicidio creció 132 por ciento; el narcomenudeo, 89 por ciento; el robo de vehículo, 70 por ciento; el homicidio doloso, 66 por ciento; y las desapariciones, 44 por ciento.

La respuesta reciente de la Presidencia ha sido reforzar el despliegue con más de 2 000 elementos más. Pero a poco más de 500 días de iniciada la confrontación que fue detonada por la detención de Ismael Zambada García, “el Mayo” la violencia no cede. Se han multiplicado los desplazamientos forzados con al menos unas 3 000 familias, la pérdida de más de 20 000 empleos y el cierre de más de 2 500empresas.

El día a día en Michoacán

En Michoacán, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no tuvo impacto alguno en su operación. Actualmente, cerca de una veintena de estas organizaciones continúa operando con regularidad en el estado. Tras el anuncio de la designación, estos grupos fueron responsables de dos hechos de violencia de alto impacto en Michoacán. Uno fue el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán el 19 de octubre de 2025. Michocán es el principal productor de limones en México, lo que ha generado oportunidades significativas para la extorsión contra los citricultores. El otro caso que acaparó la atención mediática fue el de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, el primero de noviembre. El primero fue atribuido a la célula delictiva “Los Blancos de Troya” y el segundo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras la atención internacional que recibió el asesinato de Manzo, se registró una nueva intervención del Gobierno Federal en Michoacán, a pesar de que otros dos alcaldes fueron asesinados en 2025: Salvador Bastida García, de Tacámbaro en junio y Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec un mes después. En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un despliegue de 13 mil 967 efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en la entidad.

El 22 de enero, tras un operativo realizado en el municipio de Buenavista, fue detenido César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, acusado del asesinato de Bernardo Bravo. Sepúlveda fue sancionado el 25 de agosto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero creado por el alcalde Carlos Manzo Rodríguez para combatir al crimen organizado y llamado así por el sombrero que solía utilizar, ha realizado al menos dos visitas a Estados Unidos tras el asesinato. Sostiene que acordó con autoridades de ese país su intervención en las investigaciones para esclarecer el caso, bajo la línea de que se trató de un crimen vinculado con la “narcopolítica” en Michoacán, aunque hasta ahora se ha reservado dar mayores detalles.