Ha pasado más de un año desde que Culiacán entró en una lógica que no estaba escrita en ningún manual: la de seguir viviendo en una ciudad que se descompone sin hacer ruido. Al principio lo llamamos culiacanazo. Luego narcopandemia, porque eso fue: aislamiento, cierres, miedo, economía paralizada, vida social cancelada. Igual que el COVID, pero sin discurso de emergencia, sin solidaridad nacional, sin memoria compartida.
En muchos aspectos fue un golpe más seco que 2020. Entonces había encierro, sí, pero también había una promesa (aunque ingenua) de que terminaría. Aquí no. Aquí solo hubo silencio, normalización y una consigna no dicha: “arréglenselas como puedan”
Decimos que está más tranquilo. Que “ya se puede salir normal”. Que todo se está levantando. Y es cierto: la gente sale, trabaja, va a la escuela. Pero eso no es paz, es adaptación. Y adaptarse no siempre es una victoria, en ocasiones es derrota que se administra
Nos adaptamos a vivir con el sentido de alerta como una variable constante. A elegir rutas, horarios y palabras. A cancelar planes específicos. A no preguntar demasiado y a evitar tanta información. Nos adaptamos porque no hubo alternativa. Porque la vida no puede parar, aunque el Estado sí.
Esta adaptación tiene un costo profundo que nadie quiere nombrar: nos está desgastando como comunidad. Nos está volviendo más solos, desconfiados, más pequeños. La ciudad dejó de ser un espacio para encontrarnos y se ha estado volviendo un lugar donde resistimos en compartimientos. Cada quien cuidando lo suyo y sobreviviendo como puede.
También tiene un costo económico brutal. Negocios siguen cerrando. Empleos que se perdieron sin registro. Proyectos que nunca despegaron. La narcopandemia no fue solo violencia: fue precarización prolongada. Y, aun así, el discurso dominante insiste en romantizar la resistencia: “hay que echarle ganas”, “la gente aquí es fuerte y trabajadora”, como si la adaptación fuera una virtud moral y no una imposición violenta.
Lo más grave de aprender a adaptarse es no exigir, bajar la vara. Aceptar que la seguridad no es un derecho para todos.
Sinaloa se volvió un tema que estorba en la conversación nacional. Aquí no hay escandalo permanente, no hay duelo colectivo reconocido. Solo una continuidad de notas, cifras y silencios. Somos los que se quedaron. Los que no tuvieron opción de irse. Los que aprendieron a vivir en un territorio donde el desgaste es cotidiano y no genera empatía
Cuando todo se organiza alrededor de sobrevivir el día, pensar a largo plazo se vuelve un lujo. No se planea, no se sueña, no se apuesta. Se aguanta. Y aguantar no es vivir; es postergar la vida.
Esta forma de vida no es casual ni inevitable. Es el resultado de decisiones políticas y omisiones sostenidas; de una estrategia de seguridad que normaliza los “efectos colaterales” y el desgaste de territorios específicos. La adaptación de la población ha servido, en los hechos, como coartada institucional: si la ciudad sigue funcionando, entonces el problema parece administrable. Si la gente aguanta, entonces no es urgente.
No escribo esto desde el dramatismo, sino desde el cansancio. Desde la nostalgia por una ciudad que ya no es (o que tal vez nunca lo fue del todo), pero que al menos permitía imaginar algo distinto. Hoy lo urgente es seguir, aunque cueste un poco más.
La vida no puede parar, ajá. Pero tampoco debería seguir avanzando sobre cuerpos cansados, economías rotas y ciudades que aprendieron de resignación.
Adaptarse nos mantuvo aquí.
Pero también le está dando forma a nuestra derrota.
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