¿Cuánto están aprendiendo realmente las niñas, niños y adolescentes en Sinaloa? Aunque pareciera una pregunta sencilla, responderla sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro sistema educativo. Y resulta especialmente preocupante que, en un contexto marcado por la violencia y las interrupciones de clases, todavía no contemos con información suficiente para conocer la magnitud de los rezagos y qué se está haciendo para atenderlos.

El Quinto Informe de Gobierno de Sinaloa, recientemente presentado ante el Congreso del Estado, aporta muy poca información acerca del aprendizaje y la continuidad educativa. En él se presentan resultados que, a primera vista, parecen alentadores. Sin embargo, una revisión más detenida deja preguntas importantes sobre lo que realmente significan esas cifras y los resultados de las acciones implementadas.

Para empezar, el informe sostiene que, al cierre del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de primaria y secundaria registraron un desempeño favorable en los cuatro campos formativos de la Nueva Escuela Mexicana. ¿La evidencia? Un promedio general de 8.58 en primaria y 8.24 en secundaria.

El problema es que el aprovechamiento académico o las calificaciones, aunque permiten valorar el desempeño escolar, no bastan para conocer si los estudiantes dominan aprendizajes para su grado escolar ni para dimensionar los resultados del sistema educativo en su conjunto.

De hecho, en los resultados de la última Evaluación Diagnóstica de Mejoredu, correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, los estudiantes participantes de primaria alcanzaron alrededor de 53% de aciertos en matemáticas y 54% en lectura, mientras que en secundaria los resultados fueron de 52% y 53%, respectivamente. Aunque estos datos no permiten describir la situación actual, sí advertían dificultades que merecían atención y seguimiento.

El informe también presenta resultados de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA), aplicados durante el ciclo escolar 2025-2026. Según lo reportado, en primaria la proporción de estudiantes ubicados en los niveles “En Proceso de Desarrollo” y “Aprendizaje Desarrollado” pasó de 72.19% a 87.28% entre la primera y segunda aplicación.

Si bien contar con instrumentos de evaluación es positivo, el informe no explica suficientemente qué aprendizajes lograron desarrollar los estudiantes ni cuáles siguen representando mayores dificultades. Además, al sumar ambos niveles, se presenta como favorable un indicador que también incluye a quienes todavía no consolidan los aprendizajes evaluados.

A ello se suma que los ejercicios se aplicaron a una muestra de 376 escuelas, sin ofrecer elementos suficientes para conocer qué tan representativos son los resultados del conjunto del sistema educativo estatal. Tampoco se presentan datos desagregados que permitan identificar las diferencias entre municipios, escuelas o grupos de estudiantes, particularmente aquellos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, el informe reporta la estrategia “Ningún niño o niña egresa de mi escuela sin alfabetizar”, mediante la cual se atendió a 4,494 estudiantes de 513 escuelas. Según lo informado, el 93% alcanzó los aprendizajes planteados. Aunque resulta positivo que existan intervenciones enfocadas en habilidades fundamentales, nuevamente surgen preguntas: ¿cómo se midieron esos avances?, ¿qué dificultades presentaban los estudiantes antes de la intervención? y ¿qué ocurrió con quienes no lograron los aprendizajes esperados?

Pero las dudas no se limitan a la medición de los aprendizajes. También alcanzan a las estrategias implementadas para garantizar la continuidad educativa en un estado donde asistir regularmente a la escuela se ha convertido en un desafío para miles de estudiantes. El informe presenta el Programa Emergente para la Continuidad Educativa, cuyo propósito es evitar que las “contingencias o adversidades” comprometan las trayectorias educativas. Llama la atención que se recurra a términos tan generales, sin mencionar explícitamente la violencia e inseguridad que desde hace más de dos años han alterado la vida escolar en Sinaloa.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, desde Mexicanos Primero Sinaloa documentamos suspensiones de clases en al menos una escuela durante 105 de los 185 días oficiales del calendario. Frente a este escenario, cabría esperar una estrategia de recuperación con objetivos claros, acciones específicas y mecanismos para conocer sus resultados. Sin embargo, el informe se limita a señalar que el programa opera mediante intervenciones diferenciadas y adaptaciones a los programas analíticos de cada plantel, atendiendo a 465 escuelas y 51,100 estudiantes, pero no explica qué resultados se obtuvieron en términos de continuidad escolar o recuperación de aprendizajes.

Algo similar ocurre con el Plan Villa Juárez, implementado ante la intermitencia de las clases presenciales y el ausentismo de estudiantes y docentes. La autoridad reporta más de 800 intervenciones durante siete semanas en 29 escuelas, pero no informa si se logró recuperar la asistencia regular a las aulas ni qué ocurrió con los aprendizajes afectados por las interrupciones.

Una estrategia de recuperación no puede limitarse a adaptar contenidos o reorganizar actividades escolares. Requiere de identificar qué saben los estudiantes, establecer apoyos diferenciados y dar seguimiento a sus avances. También exige acompañamiento docente, recursos suficientes y atención prioritaria a las y los alumnos que más lo necesiten.

Por ello, desde Mexicanos Primero Sinaloa hemos insistido en la necesidad de incorporar al presupuesto educativo recursos específicos para realizar mediciones periódicas de aprendizaje y desarrollar estrategias de recuperación. No se trata de evaluar por evaluar, sino de contar con evidencia que permita tomar mejores decisiones y garantizar que los apoyos lleguen a donde más se requiere.

Después de cinco años de gobierno, la discusión educativa tendría que ir más allá de cuántas escuelas participaron en un programa, cuántos estudiantes fueron atendidos o qué tan favorables resultaron sus calificaciones. Lo verdaderamente importante es saber si las niñas, niños y adolescentes están aprendiendo lo que necesitan y si las acciones de la autoridad están contribuyendo a cerrar las brechas existentes.

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