El 9 de mayo pasado miles de personas buscadoras y solidarias en todo el país se estaban preparando para NO celebrar el Día de la Madre y, en cambio, marchar en las calles, reivindicando búsqueda, verdad y justicia para más de 132mil desaparecidos y desaparecidas.

A unas horas de que se realizara la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, como se ha venido nombrando desde un movimiento social amplio, centrado en la lucha en contra de las violencias, la impunidad, la desaparición y la injusticia, Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija buscadoras del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron atacadas por hombres armados y asesinadas.

Guanajuato, además de mantenerse en los primeros lugares en tema de homicidio doloso y hallazgo de fosas clandestinas, con más de 5,600 personas desaparecidas, también es el estado más peligroso para las personas dedicadas a la búsqueda humanitaria, quienes cabe recordarlo, defienden los derechos de todas las personas y se exponen cotidianamente a desgastes y agravios, amenazas y ataques de parte del crimen organizado y, directa o indirectamente, de las autoridades.

Patricia y Katia formaban parte del colectivo de Salamanca desde hacía un par de años, cuando comenzaron a buscar a Miguel Ángel Jáuregui, respectivamente hijo y hermano, quien fue desaparecido en febrero de 2024, y encontrado sin vida un año después en una fosa clandestina. Sin embargo, ambas continuaron acompañando a otras familias buscadoras.

La noticia del crimen en contra de las dos mujeres comenzó a circular tanto en grupos y redes de colectivos guanajuatenses como a través del comunicado de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, misma que pidió investigarlo “de manera pronta, diligente y con perspectiva de género, considerando su labor de búsqueda como una línea central dentro de la investigación”. Pero otra demanda fundamental es la de protección, prevención y seguridad de todas las familias buscadoras y defensores de derechos humanos.

Estas exigencias de protección de la vida y la incolumidad, de respeto de la memoria y de justicia expedita, son responsabilidad primaria y razón de ser para cualquier Estado, mas urgentes y necesarias en el contexto guanajuatense y nacional, caracterizados por impunidad estructural, colusión estatal-criminal y formas de violencia sociopolítica, encarnizada contra los sectores más vulnerables o visibles de la sociedad.

El efecto más inmediato de la violencia sociopolítica, particularmente en contra de las buscadoras, periodistas y defensores del territorio y los derechos, es el miedo y la desmovilización, por lo que cabe preguntarse (siempre) a quiénes aventaja y qué sectores, negocios o políticas beneficia.

De hecho, este 10 de mayo la participación en los actos de memoria y caminatas pacíficas en Salamanca tuvo una baja considerable, relatan las vocerías del colectivo, y en otras ciudades las colectivas perciben a las instituciones como parte del problema más que de la solución. ¿Qué va a hacer el gobierno, los gobiernos, al respecto?

La violencia aniquila los entramados comunitarios que, sin embargo, cuando pueden reorganizarse y no se aíslan, logran resistir. “A pesar de la violencia y las adversidades, las integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos continúan sus actividades en campo a través de búsquedas especializadas, visitas a anexos y difusión de cédulas en espacios público”, reporta un diario local del 14 de mayo.

Article 19 México y Centroamérica ha reportado el 2025 como el año más letal para personas buscadoras que han sido perseguidas, amenazadas y asesinadas, siendo un riesgo de por sí el mero acto de salir a buscar, pegar fichas, publicar en redes, movilizarse en el espacio público y, aun más, hacerlo en grupo o confrontando a la autoridad. La organización ha documentado 44 agresiones, 36 asesinatos y 8 desapariciones, contra personas buscadoras de 2010 al mes de abril de 2026, sin contar el caso de las buscadoras de Salamanca.

Si bien es cierto cada agresión tiene ciertas características, móviles directos, perpetradores, modus operandi y desenlaces distintos, es innegable que se trate de violencias extremas, dirigidas en contra de personas que denuncian, se exponen, son visibles y activas en sus respectivas comunidades y entornos, en contextos riesgosos y de desprotección sistémica, tolerada o provocada por aparatos estatales y normalizada socialmente.

Esto es, son víctimas de violencias sociopolíticas continuas y no simplemente de venganzas y delitos “individuales” o desconectados del contexto y de las búsquedas y denuncias que realizan o promueven. Hay zonas silenciadas y territorios bajo control de poderes fácticos y redes macrocriminales en donde tan solo acudir a la autoridad, presentar quejas o denuncias, preguntar por alguien que está desaparecido puede costar la vida, generar estigmatizaciones o forzar al desplazamiento de toda una familia.

El estado más violento en este ámbito es Guanajuato, con 14 agresiones: 6 desapariciones y 8 homicidios o feminicidios contra personas buscadoras. A partir del acompañamiento y documentación local, sabemos, además, de al menos otros tres casos no registrados por organizaciones nacionales o internacionales en la entidad.

El mensaje que llega desde las instituciones es cuando menos ambiguo y, en ocasiones, revictimizante. Por ejemplo, el 8 de abril en entrevista con medios de comunicación la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, emitió un comentario revictimizante y no verídico respecto de Cecilia García Ramblas, otra buscadora del colectivo en que estaban Patricia y Katia, Salamanca Unidos, la cual, en el mes de marzo, fue víctima de desaparición y feminicidio.

Prácticamente la gobernante dijo que la víctima no era del colectivo y no era buscadora, y que el propio colectivo así se lo había hecho saber. En realidad, no está en manos de servidores públicos e instituciones determinar quiénes pertenecen o no a un colectivo o grupos social, por una parte, y, por otra, contradecir lo afirmado por la vocera del colectivo y medios internacionales durante las dos semanas en que Cecilia estuvo desaparecida y fue buscada por sus compañeras, expone a riesgos, acusaciones y desconfianza a todo el grupo.

El 1 de abril, efectivamente, fue confirmada la identificación del cuerpo de la mujer activista del colectivo, a dos semanas de su anterior desaparición. Retomo la información de un tweet en X de la cuenta activista y solidaria @DesapGto del 9 de abril en que se detalla el caso.

La historia de Cecilia se consignó en el proyecto memorial en línea “Luciérnagas por el Porvenir” (escúchala aquí: luciernagas.yanipaper.me/#persona/45).

Cecilia había encontrado a su hermano Miguel Ángel, desaparecido en 2021, y seguía participando en el colectivo. El desamparo de defensoras de derechos humanos y personas buscadoras, y la impunidad para quienes atentan en contra de su vida o incolumidad son totales. El mapa de la página luciernagas.yanipaper.me evidencia que la entidad ha sido la más letal para personas buscadoras en el país y seis permanecen desaparecidas, como ya mencioné.

A través de la cuenta X solidaria, el colectivo de Cecilia, el día 9 de abril, manifestó preocupación y rechazo ante las declaraciones de la gobernadora y pidió que diera una disculpa y aclaración, o rectificación, de las mismas. Lo dicho por autoridades, en esta y otras ocasiones, expone al peligro al grupo entero, difunde información no verídica, hace menos la trayectoria de vida de la víctima, solapa la comisión de un feminicidio en contra de una mujer que ya había sido víctima indirecta de la desaparición de su hermano, y son consideradas como un abuso y violación a derechos humanos.

Finalmente, el 13 de abril, “por medio de una tarjeta informativa, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, rectificó sus declaraciones sobre el rol de Cecilia García Ramblas como buscadora y defensora de derechos humanos. Admitió que el sólo hecho de que se le asuma de esa manera, será reconocida como tal”.

Fue un paso de reconocimiento, saludado positivamente por el colectivo, pero no implicó disculpas. Mucho ayudó que Cecilia fuera recordada entre sus compañeras, los medios de comunicaciones que acompañaron su búsqueda y, luego, dentro del memorial de Luciérnagas por el Porvenir: por eso los trabajos de memoria, dolorosos pero necesarios, abonan a procesos de justicia, verdad, no repetición y dignificación y contraponen narrativas otras frente a los discursos oficiales y las violencias imperantes.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO