Culiacán, Sin.- Ante la crisis política que atraviesa Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras manifestó temor de que las desapariciones y privaciones ilegales de la libertad continúen aumentando, un delito que sigue creciendo en el estado pese a que ya existen cifras alarmantes.

“Lo vemos bastante difícil (el panorama de las desapariciones y privación ilegal de la libertad) porque sigue ocurriendo, no hay nada que lo pare. Creo que ahora ya es más descarado, porque es enfrente de y al lado de, y eso no puede suceder, no puede seguir pasando porque hay muchas familias.

— ¿Temen que vaya a la alza el delito?

Sí, claro, es que ya estamos a la alza, estamos en focos rojos y ellos no quieren verlo”. Conversación con María Isabel Cruz Bernal, dirigente del colectivo.

Según el informe Ciudadanos Evaluando 2025, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, elaborado con base en un análisis de las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, en 2025 el delito de privación ilegal de la libertad registró el nivel más alto de incidencia con cifras que no se habían visto desde el año 2010.

Además, presentó una impunidad del 100 por ciento en este delito el año pasado.

Según el documento de la CESP, de las 2 mil 208 denuncias registradas, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no procesó ninguna, resultando en cero sentencias, ni condenatorias ni abreviadas.

“Nos da tristeza porque estamos o hemos matado a un Sinaloa que era alegre y que ahorita está en lágrimas y lo ponemos como una mujer, creo que la pondríamos embarazada, llorando y destruida totalmente”. declaró Bernal.

Para el 2026, dicen, no ven que el panorama mejore.

Además del aumento en las desapariciones, el colectivo advirtió que Sinaloa enfrenta una crisis forense ante la acumulación de cuerpos sin identificar y la falta de capacidad institucional para atender los casos.

“Tenemos una crisis forense también de la que nadie se preocupa (…) no va a haber centro de resguardo humano que nos alcance”.

El 2025 y el 2010 tienen dos contextos que los asemejan.

Ambos estuvieron impactados por la violencia criminal relacionada con el crimen organizado. En 2010 se vivió la guerra de Calderón contra el narco; en 2025 se vive una guerra interna entre dos facciones enemigas del Cártel de Sinaloa.

Mientras en una se trataba del gobierno contra el crimen, en 2025 son dos bandos criminales atacándose con la presunta participación del Gobierno de Sinaloa y del Ayuntamiento de Culiacán en respaldo a una de las facciones.

LA CRISIS POLÍTICA DE SINALOA

 

La crisis política nació el pasado 29 de abril, cuando la publicación de unos documentos por parte del Gobierno de Estados Unidos provocó un antes y un después dentro de la política sinaloense.

En dicho documento se señalaba al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra; al senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez; así como a otros personajes que pertenecieron alguna vez al gabinete municipal de Culiacán o al Gobierno de Sinaloa, por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, así como por participar en delitos como tráfico de drogas y proteger al cártel de ser alcanzado por la seguridad pública.

Sin embargo, la incertidumbre creció cuando, al mismo tiempo, el alcalde de Culiacán y el gobernador solicitaron licencia para separarse de su cargo por un tiempo. Tiempo después, el vicefiscal también solicitó licencia.

Aunque dichos puestos ya están siendo ocupados por Yeraldine Bonilla, primera mujer gobernadora de Sinaloa, Ana Miriam Ramos como Alcaldesa Interina de Culiacán y José Roberto Quiñonez en la vicefiscalía.

Aún no se sabe cuál será el futuro de los funcionarios acusados.

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