Civilidad y justicia pública frente al deseo natural de venganza

En contextos de violencia extrema suele insinuarse la inutilidad de los sentimientos más nobles que sostienen la idea de los derechos humanos. Cuando la ferocidad y el salvajismo se vuelven cotidianos, la empatía parece un lujo moral o una debilidad.

La brutalidad que ha alcanzado Sinaloa nos obliga a preguntarnos por el lugar de la compasión y la misericordia en la justicia. Resulta fácil aceptar los derechos humanos cuando el dolor no ha despertado en nosotros el deseo profundo de venganza.

¿Cómo contener a las bestias, sino con más fuerza? La perversidad, se dice, solo se domina con violencia. Pues ¿Qué consideración merecen quienes asesinan o desaparecen cuerpos, dejando a madres en una angustia interminable que también las destruye?

No nos vuelve inhumanos reconocer el odio o el rencor avivado por actos monstruosos. Al contrario, el enojo es también una expresión de empatía y de indignación frente a la injusticia. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si a un hijo le fuera arrebatada la vida?

Es legítimo sugerir que la venganza es una forma inmediata de enfrentar el mal. Pero una vez pasada la catarsis, el llanto desagarrado debe ceder paso a la reflexión. Ahí inicia, en sentido estricto, la civilización.

Inventaron por nosotros sistemas de justicia que hoy son puestos a prueba. El debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la vida dejan de ser conceptos abstractos o ideas cómodas. Ahora deben sostenerse en el terreno más difícil, cuando el dolor nos exige lo contrario.

Si logramos comprender que la justicia pública no fue diseñada para satisfacer revanchas individuales, sino para impedir que la violencia se perpetúe como norma, por algo habremos comenzado.

Aún no somos concientes que la violencia tiene la capacidad de multiplicarse al convertirse en respuesta automática. La tentación de responder al mal con más mal puede producir una ilusión momentánea de restauración, pero no construye un orden justo.

Toca el turno de saber si somos el tipo de pueblo capaz de afirmar la dignidad humana incluso en aquellos que parecen haberla negado. Pues si, en cambio, aceptamos que hay vidas que ya no cuentan, abrimos la puerta a justificar cualquier aniquilación.

La justicia pública se funda en la idea de que incluso quien ha cometido el peor crimen sigue siendo sujeto de derecho. Cuando el Estado abandona ese principio y actúa movido por la misma lógica que pretende combatir, erosiona su legitimidad y reproduce el ciclo de brutalidad.

Frente a crisis violentas se tiende a buscar chivos expiatorios cuya eliminación promete restaurar la armonía perdida. Pero el sacrificio solo encubre las causas profundas de la violencia. La venganza sumaria pueden producir satisfacción, pero no desactiva la estructura que genera el conflicto, no desmantela la violencia sumergida que alimenta el mal.