Una de las definiciones, en mi opinión sencilla y funcional, de la desigualdad es “la distribución impar de recursos entre personas y grupos de la sociedad”. Así la hemos conceptualizado en el Cuerpo Académico en Desigualdad Social, espacio de discusión que coordino en la Universidad Iberoamericana León.
Y es que en este contexto académico visualizamos múltiples y profundas disparidades y brechas, es decir, las desigualdades, entre grupos de personas y comunidades que son de clase, étnicas, de género, económicas, socioespaciales, políticas y de poder y son entendibles como formas ampliadas de violencia estructural, junto con la pobreza, el racismo, el patriarcado y el colonialismo.
Estas constituyen un entramado complejo y poco visible de estratificaciones y exclusiones cristalizadas a lo largo de la historia por ciertas élites y los mecanismos que crean, los que se van “normalizando” socialmente y aceptando como “eternos” o “justos” a través de violencias simbólicas o culturales.
Creencias y hábitos que justifican el estatus quo, el poder de unos cuantos y la sumisión de los demás “porque así ha sido y debe de ser”, porque es mejor para “mantener el orden” o porque, a fin de cuentas, “nos conviene a todos”. Lo cual no es cierto, evidentemente, pero es presentado por el consenso hegemónico y el establecimiento como inevitable, natural, funcional.
Asimismo, se construyen y propagan engañosos discursos meritocráticos para esconder o propalar la inferiorización perenne de ciertos sectores sociales, a menudo racializado o excluidos no solo de la repartición “del pastel” de la riqueza social sino también de las decisiones sobre cómo se debe de moldear y repartir.
Ahondando un poco más en sus términos, hablamos de un proceso de distribución impar como un fenómeno social, y no de las diferencias naturales o fisiológicas entre personas. Estas existen y son normales, mientras que la desigualdad social es generada por un sistema, por decisiones, por preferencias y de naturaleza social y, por ende, política.
Por otro lado, al hablar de “recursos”, evidentemente no se puede circunscribir su alcance a la dimensión más inmediata y medible de la palabra, o sea, como “ingresos”, sino que debe de considerarse la riqueza o patrimonio acumulado, y sobre todo los recursos de poder y políticos sobre la toma de decisiones colectivas y la influencia que, legal o ilegalmente, ejercen personas, empresas, grupos de interés y élites sobre cómo el sistema debe de funcionar.
Sobra decir que difícilmente las clases y grupos dominantes, si no hay presiones sociales internas y externas a los países, o sea si no se eleva el costo político de ciertas medidas, van a dejar que las perjudiquen o favorezcan una subversión del orden social y el ascenso de capas y sectores “subalternos”. Pueden abrir el sistema, “democratizarlo”, incorporar o cooptar selectivamente a otros grupos, pero no sacrificar de raíz sus privilegios así porque sí, “de a gratis”.
La ONG Oxfam, una confederación internacional de organizaciones de la sociedad civil surgida en el Reino Unido en 1941 con el fin de combatir la desigualdad, la pobreza y las injusticias, acaba de publicar su nuevo informe, titulado: “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, en el cual plantea la dicotomía entre oligarquía y democracia como cifra del presente y campo contencioso. En este texto la organización analiza la forma en que la concentración extrema de la riqueza ha estado socavando los sistemas democráticos y los derechos de la mayoría de la población en todo el mundo y propone posibles vías de salida.
El trabajo representa una actualización global dentro de la línea crítica que por décadas ha mantenido Oxfam sobre el problema de las desigualdades y la pobreza y comienza con un balance demoledor del primer año de Trump en la Casa Blanca: “Desde que Donald Trump fue elegido presidente en noviembre de 2024, la fortuna conjunta de los milmillonarios del planeta ha crecido tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores. Aunque el mayor crecimiento corresponde a los milmillonarios estadounidenses, la riqueza de los milmillonarios de otras partes del mundo también ha experimentado incrementos de dos dígitos. Las medidas adoptadas en lo que llevamos de mandato del presidente Trump han beneficiado a las personas más ricas del mundo, ya sea defendiendo una mayor desregulación o frenando la puesta en marcha de acuerdos que supondrían una mayor tributación efectiva de las grandes corporaciones”.
Un punto central es que experimentamos un auge sin precedentes de la riqueza extrema, pues, desde noviembre de 2024, la fortuna de los milmillonarios ha crecido tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores, en los cuales ya se señalaba la tendencia al alza de la tasa de acumulación de unos cuantos en detrimento de la mayoría.
Hoy más que nunca sigue vigente el lema del movimiento Occupy Wall Street de que “somos el 99%” y la economía beneficia desproporcionadamente al 1% más rico del planeta: en 2011 aquel movimiento de protesta fue emblemático de una rebelión global, junto con las Primaveras Árabes, como consecuencia de la crisis mundial del 2007-2009 y como forma de denuncia de las inequidades y las estructuras perversas del sistema.
Por primera vez en la historia, el número de milmillonarios ha superado los 3,000. El dato no sería preocupante en sí mismo, si paralelamente hubiese estructuras y políticas públicas de alcance mundial para la redistribución y refuncionalización del capital y el ingreso acumulado para el bien común.
En octubre de 2025, Elon Musk se convirtió en la primera persona en acumular más de medio billón (500mil millones) de dólares: esto quiere decir que Musk podría gastar un millón de dólares al día durante aproximadamente 1,370 años antes de que se le acabara el dinero.
En materia de pobreza, se destaca que, mientras la riqueza de las élites se dispara, el 25% de la población mundial pasa hambre e inseguridad alimentaria. Si bien en América Latina en su conjunto ha habido mejoras en la pobreza en términos relativos, sobre todo en México y Brasil, la reducción de la pobreza se ha estancado globalmente y ha vuelto a aumentar en África.
Como estamos atestiguando día tras día en nuestra región o en Europa, lo anterior representaba y sigue representando un factor de riesgo para la democracia y la desigualdad en el acceso al poder político. Las grandes decisiones que afectan a los casi 8,300 millones de personas que viven en el planeta cada vez más son tomadas por la nata dorada de la élite financiera, política y empresarial, al estilo del tremendo Board of Peace con membresía premium propuesto por Trump para la “gestión” de la dizque “reconstrucción” de Gaza y su posterior transformación en un resort, en menosprecio de las víctimas del genocidio en curso.
Se muestra en el informe que la erosión democrática de los países con altos niveles de desigualdad, en donde América Latina todavía detiene este lamentable récord, es mucho mayor. El ascenso de las extremas derechas en las Américas responde a distintos factores, desde luego, pero la irresolución de la desigualdad como característica fundante del capitalismo actual es un elemento clave.
El dolor social y colectivo asociado con la violencia estructural, primeramente con la pobreza y las desigualdades, en un mundo de crecientes aspiraciones y consumismo desenfrenado, a su vez multiplicado por algoritmos y tecnologías casi omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, impacta en la vida, psique y economía de las capas sociales más vulnerables, anestesiadas por las redes sociales, entre otros tipos de adicciones impulsadas por el sistema, y reduce el potencial de comprensión y subversión de estas mismas dinámicas de agravio.
Esto redunda en un poder político desproporcionado, asimétrico, antidemocrático en su meollo y conformación, legitimado por narrativas tóxicas y casos supuestamente emblemáticos, pero falsos, de éxito y emprendedurismo flamante: según Oxfam los milmillonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona común y corriente. De ahí un secreto del supuesto éxito.
Su influencia mediante el capital, acumulado ad libitum, muchas veces en contra de los más básicos principios éticos, es usada activamente para financiar campañas, lobbying y medidas que, desde luego, no van en la dirección del bienestar compartido o la preservación del planeta: en 2024, una de cada seis donaciones políticas en Estados Unidos llegó de tan solo unas cien familias milmillonarias. El resultado son formas de presión cada vez más efectivas sobre las decisiones de los gobiernos, así como el control “mentalista” de medios de comunicación o aplicaciones inteligencia artificial.
El control del espacio digital y la represión es otro tema, entonces, prioritario para la ONG. Sobre las plataformas digitales se destaca cómo el control de redes sociales (como X) por parte de milmillonarios ha permitido el aumento de discursos de odio y se ha utilizado para rastrear o reprimir a voces críticas. Los pleitos de Grok, la IA de X, en el mundo y especialmente en Europa, o las embestidas de Musk contra los gobiernos que intentan limitar la nefasta influencia de su red social sobre la opinión pública son tildados de ataques a la libertad de expresión. El marco de entendimiento de esto en mi opinión debe cambiar: abandonar os anatemas pseudo libertarios a favor de un control equilibrado pero firme, incluyendo los límites por edad y en las escuelas de ciertas redes que fueron aprobados en Australia y están en el centro de la discusión en la Unión Europea.
Finalmente, Oxfam menciona que la respuesta estatal ante las protestas ciudadanas por el alto costo de la vida y la erosión del estado social y los salarios han sido objeto de represión policial y violencia, en lugar de responder con políticas redistributivas, por ejemplo, en Kenia y Argentina. Creo que la lista de países puede ampliarse fácilmente escrudiñando los movimientos y manifestaciones del último año, por ejemplo frente a los recortes de las pensiones en Francia.
Entre las principales recomendaciones del trabajo de Oxfam para tratar de revertir, al menos en parte, las degeneraciones del modelo:
“Reducir la desigualdad económica”, al implementar Planes Nacionales de Reducción de la Desigualdad y crear un “Panel Internacional sobre Desigualdad” similar al modelo para el cambio climático. “Frenar el poder de los superricos”, al aplicar impuestos efectivos a las grandes fortunas, regular las prácticas de lobby, prohibir que los milmillonarios financien campañas políticas y proteger la independencia de los medios. “Fortalecer el poder de la mayoría”, al proteger el espacio cívico, fomentar la organización sindical y garantizar que los grupos excluidos tengan voz en la toma de decisiones políticas.
En México, como hemos venido comentando en varias columnas en este espacio, ha quedado congelado el debate sobre una verdadera reforma fiscal progresiva, o sea, un pacto solidario intergeneracional, interregional e interclasista, radicalmente redistributivo, con el fin de consolidar un estado del bienestar universal financiado principalmente por la fiscalidad general (salud, educación, pensiones, desempleo, ingresos mínimos básicos, sistema de cuidados, programas sociales y económicos ad hoc, entre otros).
Esperemos que los temas de la desigualdad y del pacto fiscal progresivo en México se desbloqueen, pues han sido unas reivindicaciones, casi siempre obstaculizadas por los más pudientes, de las izquierdas sociales y políticas en todo el mundo desde hace más de un siglo.

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