La estadística es una de las herramientas más poderosas para conocer poblaciones, hábitos, grupos etarios, consumo, tendencias, gustos, e incluso ideologías, y desde la post Revolución Mexicana se ha convertido en la principal herramienta para caracterizar al país.

De esta forma dependencias gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), por nombrar algunas, se han convertido en un referente nacional para conocer al país, sus territorios y la población que los ocupa. Desde el propio gobierno las decisiones se toman con base en los datos de estas y otras dependencias que ofrecen caracterizaciones socio territoriales estadísticas, se utilizan en la academia para enseñar en las aulas y para la investigación científica, e incluso hasta la mercadotecnia recurre a ellas para saber dónde y cómo posicionar un producto.

Como planteaba Manuel Gamio cuando el proyecto de nación mexicana se gestaba después del triunfo de la Revolución, la estadística es una herramienta necesaria para conocer a los pueblos y al territorio, para saber sus necesidades y con base en una interpretación sociológica -o antropológica- de sus resultados, se pueden plantear políticas públicas y medidas estatales que atiendan a la población de forma precisa y pertinente.

Ciertamente instituciones como el INEGI son ampliamente recurridas para conocer a la población mexicana, para caracterizar problemas o fenómenos sociales, para reforzar investigaciones científicas o periodísticas, y para saber el comportamiento demográfico -entre otros- de una nación socialmente compleja como la mexicana. ¿Pero qué pasa cuando esa estadística no es tan confiable?

Para el presente análisis vamos a desagregar dos ejemplos: uno nacional, donde dos instituciones contabilizan de forma distinta el flagelo de la violencia, contribuyendo a una confusión quizás cómoda para el gobierno; y la otra respecto a una diversidad inventada en Sinaloa, y desmentida desde el trabajo etnográfico.

Para el primer caso recordemos que el 10 de noviembre anterior el INEGI publicó la estadística anual de Defunciones Registradas (EDR), en donde se caracterizaron las principales causas de muerte de la población mexicana, con base en un escrutinio exhaustivo de las actas y certificados de defunción expedidas por el Registro Civil y hospitales, respectivamente. En el documento destaca que la principal causa de muerte en la población adulta son las enfermedades coronarias, seguido de otras causales médicas hasta llegar, en el décimo lugar, al homicidio. En la población joven (de 18 a 35 años), el homicidio es la principal causa de muerte en México, superando a los accidentes, que durante décadas ocuparon el primer escaño.

La estadística parecería habitual si no es porque en su desagregado discrepa de los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto al número de homicidios dolosos. La diferencia de datos en torno a los homicidios ocurridos en 2025 es abismal, y ampliamente abordada por los medios de comunicación: mas de 5,000 casos de diferencia entre una y otra estadística.

Mientras que el INEGI reporta que en México ocurrieron 29,488 homicidios el año anterior, el SESNSP contabilizó 24,348 víctimas, lo que equivale a una diferencia del 17% (5,140 casos). De la misma forma, mientras que el INEGI promedió una cifra de 81 homicidios dolosos diarios, el SESNSP sumó sólo 67. La discrepancia, según funcionarios del INEGI que salieron a los medios de comunicación cuando estos contrastes se analizaron públicamente, se debe a que las fuentes para la contabilidad de casos discrepan en ambas dependencias, pues mientras que el INEGI revisa actas de defunción, el Secretariado fundamenta su cifra en las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP).

La excusa sobre el uso de fuentes es precisamente para fundamentar la estadística, pero tal como decía Gamio hace más de 100 años, esos números deben analizarse desde una perspectiva social para caracterizar integralmente al fenómeno. En este caso un acta de defunción que se sostiene de un certificado expedido por un médico, en un hospital, es mucho menos falible que una denuncia interpuesta ante el MP.

Si algo hemos aprendido en los dos últimos años de violencia exacerbada en Sinaloa, por ejemplo, es que no todos los homicidios se denuncian, y que de las cifras escandalosas que nos enteramos por canales de redes sociales, o en medios de comunicación, el conteo oficial siempre minimiza la violencia, como ocurrió hace un mes en Mazatlán, donde el registro de los medios llegó a 19 homicidios, y al día siguiente el Secretariado reporto solo 7.

Si se trata de conocer el fenómeno del homicidio en México la cifra del INEGI es más puntual, con una fuente más confiable y bajo una metodología estricta que la valida, mientras que los datos del Secretariado, cuya metodología cambia constantemente y en ocasiones invisibiliza casos de forma descarada, son poco confiables, fácilmente manipulables y con una fuente dudosa.

Por otro lado, el siguiente caso mencionado me tocó reconocerlo en persona, en donde la cifra oficial se contrastó con el trabajo etnográfico para reconocer que el INEGI también se equivoca.

Ocurrió en una pequeña localidad agrícola del municipio de Guasave, llamada Portugués de Gálvez, que desde el punto de vista estadístico no debería sobresalir porque tiene una población rural como cualquier otro ejido del municipio, actividades productivas reconocidas y estilos de vida como en el resto de Sinaloa. Sin embargo, el dato que la pone en el mapa de la diferencia estadística es que el INEGI establece que más del 40% de su población es Afromexicana. De los 1,894 habitantes reconocidos en el último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2025), 820 son Afromexicanos (43.3%). El dato, analizado desde el perfil demográfico y social, destaca que en Sinaloa, en una pequeña localidad agrícola, casi la mitad de la población es Afromexicana, cuando habitualmente este reconocimiento es inusual en la región. Si habláramos de Guerrero, incluso Oaxaca, la cifra sería normal, pero que en Sinaloa exista una presencia fuerte de esta población coloca al ejido en el mapa de una diferencia que debe atendida.

Y precisamente en busca de esa diferencia que merece reconocimiento oficial, políticas públicas y otros programas, nos lanzamos a la comunidad en busca de la población Afromexicana. Después de varios días de aplicar un sinfín de instrumentos de investigación cualitativa determinamos, penosamente, que no existe población Afromexicana o Afrodescendiente en Portugués del Gálvez. ¿Pero y el dato del INEGI?

¿Qué estaría haciendo, pensando o contabilizando la encuestadora o encuestador que llegó a la localidad, para cateterizarla con casi la mitad de su población de origen Afro? ¿Qué implicaciones gubernamentales, académicas, socio demográficas u otras tiene el reconocer una población que no existe, y que solo mediante la investigación etnográfica de un sujeto perdido en un tema específico logró desmentir?

Quienes acudimos a la localidad sabemos que no hay Afromexicanos, al igual de quienes leen esta columna o el artículo científico que versará sobre la vocación agrícola de la comunidad; pero, al igual que con las cifras de homicidios, la credibilidad quedará bajo la custodia de la fuente y del medio por el que se dio a conocer el dato.

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