Hoy me referiré al tema de la salud y su relación con la economía de las regiones. El vínculo entre salud y economía ha sido estudiado desde el siglo XIX y en la actualidad es la llamada Economía de la Salud la rama de la economía que estudia el uso óptimo de los recursos relacionados con la atención sanitaria y la promoción de la salud. Dado que, en cualquier sistema de salud, ya sea público o privado, los recursos son limitados, la economía de la salud aborda cómo optimizarlos para mejorar la eficiencia de la organización y contribuir al bienestar de la población. Esta disciplina aborda la financiación de la atención médica y hospitalaria, el coste de las enfermedades, la oferta y demanda de servicios sanitarios, la eficiencia en la prestación de estos servicios, la evaluación económica de las tecnologías sanitarias, los costes y beneficios de las intervenciones médicas, la planificación de los recursos humanos o los seguros de salud.
Me interesa particularmente llamar la atención acerca de que el gasto en salud debe verse como una inversión para el crecimiento y desarrollo de los países, y las regiones dentro de estos. Esto es, las inversiones en salud tienen efectos positivos directos en la calidad de vida, productividad, y desarrollo económico de las regiones por lo que no deben verse como un gasto. Diversos estudios revelan que un mayor acceso a los servicios de salud tiene un gran potencial para elevar los niveles de ingresos, productividad, capital humano y la esperanza de vida. Además, existe una relación significativa entre las intervenciones en salud pública y los ingresos de los individuos, así como el efecto en el acceso a tratamientos médicos y en el aumento en la participación escolar.
Para dimensionar qué tan importante puede ser la inversión en salud, consideremos el análisis hecho por Larry Rubin, para el periódico Sol de México, a partir del estudio “Carga socioeconómica de las principales enfermedades en ocho países latinoamericanos”, que fue realizado por el instituto alemán de investigación económica WifOR, en colaboración con la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA). El estudio revela que tan solo en México, la carga socioeconómica total de enfermedades crónicas como la diabetes, relacionada con la discapacidad y la mortalidad, fue de 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, lo que equivale a 46 mil 700 millones de dólares. En esta investigación, señala Rubin, se estimó el costo de pérdidas de productividad e impactos económicos derivados de enfermedades como afecciones cardiovasculares, neoplasias, enfermedad isquémica del corazón, diabetes tipo 2, infecciones respiratorias inferiores, cáncer de mama y migraña. Los países de Latinoamérica donde se estudiaron los impactos de las enfermedades mencionadas fueron Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. Los resultados fueron impactantes. El costo social y económico de estas enfermedades representó en promedio el 3.9 por ciento del PIB de cada país en 2022. La pérdida económica de 2018 a 2022 osciló entre 12 mil 500 millones de dólares (Costa Rica) y 367 mil 400 millones de dólares (Brasil). Argentina, Brasil y México experimentaron las mayores pérdidas económicas.
En concreto, en esta ocasión mi interés es compartirles qué tan importante resulta la salud de las personas para los países del mundo y para las economías subnacionales de México, tomando como referencia cuánto gastan (invierten) en salud, y el estado que guardan los llamados derechos efectivos a la salud, que tienen que ver con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y, la aceptabilidad y adaptabilidad, de los recursos de salud.
En el mundo, con datos del 2023, la mayor inversión en salud pública en términos per cápita la realizan Estados Unidos (10,348 euros), Suiza (7,617), Mónaco (6,553), Noruega (6,504) y Luxemburgo (5,891). En América Latina las mayores inversiones en salud pública corresponden a Cuba (5,172/L7), Uruguay (1,015/L45), Chile (908/L49), Costa Rica (768/L53) y Argentina (562/L61). México, con 376 euros, ocupa la posición 74 a nivel mundial y la 8 en América Latina y el Caribe (ALC). Si la medición se hace tomando en consideración el gasto público en salud como porcentaje del PIB, los primeros lugares en inversión en salud pública son para Estados Unidos (13.9%), Cuba (12.6), Nauru (11.3), Kiribati (11.2) y Alemania (10.1). Dado que Nauru y Kiribati son países muy pequeños, conviene señalar que en las primeras diez posiciones de esta lista también se encuentran, Francia, Japón, Suecia y el Reino Unido. En ALC destacan Cuba (12.6%/L2), Uruguay (6.9/L30), El Salvador (6.4/L36), Argentina (6.3/L39) y Nicaragua (6.1/L43). En este caso, México, con 3.0 por ciento se ubica en el puesto 20 en los países de ALC y el 111 a nivel mundial.
En las entidades federativas de México, con datos del 2024, la mayor inversión en salud pública en términos per cápita la realizan la CDMX (25,533.8 pesos), Colima (10,117.5), Nayarit (9,392.8), Baja California Sur (9,264.5) y Sonora (9,250.7). Sinaloa, con 6 mil 646 pesos, ocupa la posición 19 en el ámbito nacional y su inversión per cápita se encuentra por debajo del promedio nacional que es de 8 mil 221 pesos. Si la medición se hace tomando en consideración el gasto público en salud como porcentaje del PIB, los primeros lugares en inversión en salud pública son para Chiapas (8.0%), Guerrero (7.3), Oaxaca (7.0), Tlaxcala (5.8) y Nayarit (5.8). En este caso, Sinaloa, con 3.1 por ciento, se ubica en el puesto 20, por debajo de la cifra nacional que es de 3.4 por ciento.
El gasto o la inversión pública en salud puede analizarse también considerando aquella que atiende a la población con seguridad social y la que se destina a la población sin seguridad social. La seguridad social es un sistema público que asegura las prestaciones mínimas necesarias para el bienestar. Incluye la atención de necesidades como atención médica, desempleo, ausencia temporal por enfermedades con aseguramiento del ingreso, protección por jubilación, vejez, maternidad, accidente de trabajo, entre otros.
El gasto o inversión para la población con seguridad social se distribuye de acuerdo con las Instituciones responsables de su ejercicio. Estas incluyen el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Gasto en Salud de las Instituciones de Seguridad Social de las Entidades Federativas (ISSES) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). En términos per cápita, los estados que más invierten en salud pública para la población con seguridad social son la CDMX (30,618.7 pesos), Guerrero (12,001.5), Baja California Sur (10,800.1), Sonora (10,098.9) y Yucatán (9,846.8). En esta lista, Sinaloa se encuentra en la parte baja, con una inversión de 6 mil 982 pesos en el puesto 24.
Por su parte, el gasto público en salud per cápita para población sin seguridad social incluye: el gasto de la Secretaría de Salud, FASSA (Ramo 33), IMSS-Oportunidades (Ramo 19), SEDENA (Ramo 7), SEMAR (Ramo 13), Gasto Estatal y Gasto de universidades públicas. En este caso, las entidades con mayor gasto o inversión son la CDMX (20,460.9 pesos), Colima (9,226.1), Nayarit (8,990.7), Oaxaca (8,967) y Tamaulipas (8,761.2). En la tabla, Sinaloa se encuentra hasta la posición 20 con 5 mil 821 pesos.
Como antes señalé, me interesa destacar, además del gasto o la inversión en salud en los ámbitos regionales, indicadores que muestren las condiciones de acceso a la salud tomando en cuenta la accesibilidad, calidad y disponibilidad del ejercicio efectivo del derecho a la salud. Por ejemplo, el porcentaje de la población que tardaría menos de dos horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia, o el porcentaje de la población derechohabiente que no gastó en servicios médicos la última vez que recibió atención médica en instituciones públicas. En el primer caso, las entidades mejor posicionadas son Colima (98.8%), Coahuila (98.5) y Aguascalientes (98.1). En el segundo, Baja California (95.1%), Chihuahua (95.0) y Nuevo León (96.2). Las peores cifras cuando se trata del tiempo para llegar a un hospital corresponden a Oaxaca (76.6%), Chiapas (80.9) y Guerrero (85.1). Sobre el estado de la gratuidad del servicio de salud pública, Hidalgo (75.5%), Chiapas (76.0) y Oaxaca (78.5) están en la peor condición.
Por lo que se refiere a atención y servicio médico de calidad, en donde se considera si los medios para la realización del derecho a la salud cuentan con los requerimientos y propiedades óptimas, pueden considerarse los indicadores referidos al porcentaje de la población que esperó 30 minutos o menos para ser atendida la última vez que buscó atención por problemas de salud, o la tasa de mortalidad infantil, es decir, el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos. En el primer caso, las entidades mejor posicionadas son Baja California Sur (64.9%), Chihuahua (64.7) y Oaxaca (63.4). En el segundo, Morelos (7.4%), Nayarit (7.5) y Sonora (7.7). Las peores cifras cuando se trata de esperar para ser atendido corresponden al Estado de México (41.6%), CDMX (42.5) y San Luis Potosí (42.8). Sobre la tasa de mortalidad infantil, Oaxaca (23.1%), Guerrero (23.0) y Chiapas (20.2) se encuentran en la peor condición.
Por último, muestro un análisis territorial del derecho a la salud tomando en cuenta el tiempo de traslado en automóvil hacia infraestructura de salud pública de primer nivel. Los traslados más rápidos se presentan en Morelos, Estado de México y Tlaxcala, y los de mayor duración tienen lugar en Baja California Sur, Chihuahua y Durango.
Es evidente que, tanto en el mundo como en las regiones de México, la importancia que se le asigna a los gastos o la inversión en salud no es la misma. Los gobiernos tienen que tomar conciencia de que los recursos aplicados a la salud son una inversión y no un gasto. Es necesario cambiar el propósito de destinar recursos públicos a través de la programación del presupuesto para atender el gasto en salud, cambiando al enfoque de inversión para ganar una población que conserve la salud, con políticas públicas diferentes enfocadas a la salud colectiva e individual privilegiando la prevención. Es decir, invertir para el bienestar es fundamental. Un análisis de correlación con los datos que aquí se han utilizado, muestra la estrecha y significativa relación positiva que guardan las mayores inversiones en salud, con niveles mal altos de PIB per cápita y con mayores dinámicas de crecimiento regional. Dado que una mayor inversión en salud puede no ser suficiente para garantizar el acceso al derecho a la salud, es conveniente tomar en cuenta los indicadores relacionados con la accesibilidad y calidad, a efecto de diseñar políticas públicas que aseguren el acceso básico y efectivo a la salud en cada una de las entidades federativas.
Referencias
CONEVAL (2024). El derecho a la salud para las entidades federativas de México: compendio de indicadores para su diagnóstico. México.
GOBIERNO DE MÉXICO (2024). Economía de la Salud para el Bienestar. Recursos e inversión en salud. México.
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_sicuentas_gobmx.html
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