La corrupción que aprendió a esconderse

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

La violencia no desplazó a la corrupción en Sinaloa. La hizo invisible.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la atención pública ha estado concentrada en una crisis de seguridad que parece no tener fin. En estos casi dos años hemos visto multiplicarse los homicidios, las desapariciones, los desplazamientos forzados y una sensación permanente de incertidumbre que ha transformado la vida cotidiana de miles de familias.

Cada nuevo hecho de violencia ocupa legítimamente nuestra preocupación colectiva. La seguridad se convirtió en la principal exigencia social. Sin embargo, mientras observamos la violencia, el poder sigue tomando decisiones, ejerciendo recursos públicos, contratando obras, modificando leyes y debilitando contrapesos.

La diferencia es que cada vez son menos quienes están mirando o cuestionando. Nuestra atención está concentrada en la violencia, pero también comienza a desplazarse hacia los movimientos rumbo a las próximas elecciones. Entre ambos fenómenos se diluyen las exigencias sobre aquello que también debería importarnos: la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Y ahí radica el problema. Mientras la ciudadanía intenta sobrevivir a una crisis de seguridad sin precedentes, otra crisis avanza silenciosamente: la corrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, Sinaloa ocupa el tercer lugar nacional en prevalencia de corrupción y se encuentra entre las entidades con mayor percepción de este problema en el país. Es decir, mientras dejamos de hablar de corrupción, ésta continúa afectando la vida cotidiana de miles de personas.

Porque la corrupción no desaparece cuando hay violencia. Al contrario, encuentra las condiciones ideales para crecer.

Cuando las balas ocupan todos los encabezados, los contratos dejan de ser noticia. Cuando la emergencia se vuelve permanente, disminuye el escrutinio público. Y cuando disminuye la vigilancia ciudadana, aumentan los márgenes para la discrecionalidad.

Como ya lo hemos señalado en anteriores columnas, la historia nos ha enseñado que las crisis suelen convertirse en terrenos fértiles para la corrupción. Ocurrió durante la pandemia y hoy corremos el riesgo de repetir esa historia.

Mientras la ciudadanía enfrenta una crisis de violencia que ha dejado profundas heridas sociales y económicas, también hemos presenciado la aprobación de mega deudas de más de 4,700 millones de pesos para obra pública, la desaparición de organismos autónomos de transparencia y el debilitamiento de mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, pocos de estos temas logran instalarse de manera sostenida en la conversación pública.

Al final, la corrupción no se limita al desvío de recursos o a contratos cuestionables; también significa menos recursos para atender víctimas, menos capacidad institucional para investigar delitos, menos confianza en las autoridades y más impunidad.

De hecho, corrupción e inseguridad no son fenómenos separados; son parte del mismo problema. Los grupos criminales prosperan cuando encuentran instituciones débiles. Y las instituciones se debilitan cuando la corrupción impide que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar, cuando las decisiones se toman sin transparencia y cuando las responsabilidades nunca se investigan ni se sancionan.

Por eso resulta preocupante observar cómo el combate a la corrupción parece desaparecer de la agenda pública. Ya casi nadie pregunta cuántas investigaciones concluyeron en sanciones. Pocos cuestionan cómo se ejercen los recursos destinados a la seguridad. Cada vez son menos las voces que exigen transparencia en las decisiones públicas.

En Sinaloa, la corrupción ha encontrado en la violencia el mejor distractor posible. Por eso, renunciar a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas no ayudará a resolver la crisis de seguridad. Por el contrario, puede agravarla.

Necesitamos instituciones capaces de investigar delitos, pero también actos de corrupción. Necesitamos seguridad, pero también transparencia.

Porque una sociedad que deja de vigilar al poder termina perdiendo mucho más que información.

Tal vez la pregunta no sea cuándo terminará la violencia. La pregunta es qué encontraremos cuando termine. Porque si durante estos casi dos años dejamos de observar cómo se toman las decisiones públicas y cómo se ejercen los recursos, cuando finalmente llegue la calma podríamos descubrir que no solo perdimos seguridad, también habremos perdido transparencia, contrapesos y capacidad para exigir cuentas.

La corrupción no se fue. Simplemente dejamos de hablar de ella.Durante el gobierno de Quirino Ordaz mantuvimos durante meses la conversación pública sobre casos como el Colchongate, el Tiburonario de Mazatlán o los desfalcos en el sistema de salud ocurridos con Malova y Quirino. Hoy, en cambio, resulta cada vez más difícil sostener el debate sobre los cuestionamientos al patrimonio de exfuncionarios, las observaciones a contrataciones de obra pública o el seguimiento a los ocho grupos empresariales beneficiados por el mega crédito de obra pública. No porque estos temas hayan dejado de ser importantes, sino porque la violencia ocupa todo el espacio público.

La violencia duele porque la vemos todos los días. La corrupción, en cambio, aprendió a esconderse en medio de ella. Y mientras no volvamos a mirarla de frente, seguirá creciendo en silencio, alimentando cada una de las crisis que hoy enfrentamos: la de seguridad, la económica, la hídrica, la educativa y la institucional.