La democracia también se construye en tiempos de miedo

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

Hace unos días, en Ginebra, Suiza, participé en el encuentro “Forging a Global Alliance for Rights-Based Urban Safety”, convocado por Open Society Foundations (OSF), Peace in Our Cities y DCAF. La pregunta central era sencilla, pero urgente: ¿cómo construir ciudades más seguras sin sacrificar los derechos humanos?

Llegar desde Sinaloa significó hablar de una violencia que no puede medirse únicamente en cifras. Desde septiembre de 2024, miles de familias han enfrentado homicidios, desapariciones, desplazamiento y afectaciones económicas. Pero hay otra consecuencia más silenciosa: el miedo también transforma nuestra manera de vivir y participar.

Cambiamos horarios y recorridos. Dejamos de acudir a ciertos lugares. Hay quienes prefieren no denunciar, periodistas que se autocensuran y comunidades que dejan de reunirse. Cuando el miedo comienza a determinar dónde vamos, qué decimos o si participamos, deja de ser solamente un problema de seguridad. Se convierte también en un problema democrático.

Durante esos días tuve una conversación que se quedó conmigo. Hablé con César Andrés Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, y le pregunté qué lectura hacía de la violencia que atraviesa Sinaloa. Su respuesta me sorprendió. Describió la situación como un escenario de violencia extrema y prolongada y la relacionó con algo que pocas veces aparece en las discusiones sobre seguridad: la infraestructura y el abandono territorial.

Me explicó que, desde su perspectiva, algunos territorios han quedado históricamente desconectados y que esa ausencia de conectividad, transporte y servicios públicos genera condiciones en las que el Estado y la democracia tienen mayores dificultades para llegar.

La idea me hizo pensar. Donde no hay caminos, tampoco llegan plenamente los derechos. Una carretera no es solamente una vía para trasladarse. Por ella pueden llegar una ambulancia, un médico, un maestro, una oportunidad económica, una institución pública. También puede llegar la justicia.

Y los datos muestran hasta qué punto la inseguridad ha modificado la relación de la sociedad sinaloense con su entorno. La ENVIPE 2026 del INEGI reporta que 81.3% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en Sinaloa. En 2024, esa proporción era de 54.9%. Más de ocho de cada diez personas perciben inseguridad.

Pero hay otro dato que debería hacernos pensar: a nivel nacional, la ENVIPE estima que 93.4% de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. La cifra oculta no significa automáticamente que todas esas personas desconfíen de las autoridades; pero sí muestra la enorme distancia que existe entre la experiencia del delito y su llegada al sistema de justicia.

Por eso, en Ginebra me hizo sentido otra de las ideas discutidas: la seguridad no puede reducirse a policías, patrullas o persecución del delito. El documento de trabajo de Antônio Sampaio, de OSF, plantea dos elementos fundamentales: instituciones locales y capital social. El capital social tiene que ver con las redes, la cooperación y, sobre todo, la confianza que permite a una comunidad enfrentar problemas de manera colectiva.

Y ahí encontré una conexión entre ambas conversaciones. Mientras Restrepo hablaba de territorios conectados para que puedan llegar las instituciones y los derechos, Sampaio hablaba de instituciones locales y capital social para construir confianza y cooperación.

Ambas ideas apuntan hacia lo mismo: la seguridad no se construye solamente con fuerza; también se construye haciendo que el Estado, los derechos y las comunidades estén conectados.

En Sinaloa, esto nos obliga a mirar también nuestras propias instituciones. Esta semana el Gobierno estatal abrió la convocatoria para renovar a los representantes ciudadanos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Es una oportunidad para recuperar un espacio de participación social en materia de seguridad. Pero también es necesario recordar que el CESP lleva más de dos años sin sesionar y que el periodo de sus integrantes ciudadanos venció en diciembre de 2025.

Algo similar podemos preguntarnos respecto del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, concebido como un espacio de participación ciudadana. En 2024, la propia Fiscalía solicitó al Congreso iniciar el procedimiento para nombrar nuevos consejeros, después de que varios períodos habían concluido. El proceso tuvo que ser replanteado y se emitió una nueva convocatoria para integrar seis consejeros.

La pregunta entonces no es solamente cuántos consejos ciudadanos existen; es si funcionan, se reúnen, escuchan y tienen capacidad real de incidencia.

Porque la participación ciudadana no puede convertirse en una fotografía institucional: una convocatoria, un nombramiento o una sesión protocolaria. Participar significa poder incidir. Y esto importa especialmente en contextos de violencia. Si queremos reconstruir la confianza, necesitamos algo más que pedirle a la ciudadanía que confíe.

La confianza también es una infraestructura pública. Se construye cuando una persona puede acudir a una institución y ser escuchada; cuando una denuncia recibe respuesta; cuando una comunidad participa en las decisiones que afectan su seguridad; cuando periodistas, organizaciones y personas defensoras pueden hacer su trabajo sin mayores riesgos.

Por eso, hablar de seguridad también significa hablar de democracia. Una sociedad segura no debería preguntarse únicamente si disminuyeron los homicidios o aumentó el número de elementos de seguridad. También debería preguntarse si las personas pueden participar, si confían en sus instituciones, si existen mecanismos para resolver conflictos y si las comunidades tienen espacios para encontrarse.

Porque en un espacio cívico vivo, la paz no es solamente la ausencia de homicidios; también es la posibilidad de recuperar la vida cotidiana.

Desde Sinaloa, la conversación internacional sobre seguridad basada en derechos nos deja una tarea concreta: conectar territorios, fortalecer instituciones, abrir espacios de participación y reconstruir los vínculos que la violencia ha fracturado.

La seguridad no se construye solamente persiguiendo el delito; también se construye con caminos, escuelas, servicios públicos, participación, derechos y confianza. La democracia no se construye únicamente cuando las condiciones son favorables. También se construye cuando tenemos miedo.