La desinformación y el dilema que la democracia ya no puede seguir posponiendo

Cada vez que en el mundo se propone regular la información aparece casi en automático el temor a la censura. En México, la propuesta del gobierno federal para establecer mecanismos que sancionen la difusión de información falsa ha despertado fuertes críticas porque se advierte que podría funcionar como un instrumento para limitar la crítica al poder.

Sin embargo, reducir el debate a la oposición entre libertad de expresión y censura es un error. Tarde o temprano nuestra sociedad tendrá que enfrentar la transformación radical del ecosistema informativo y sus repercusiones sobre la libertad y la democracia.

La democracia liberal nació con una enorme dosis de optimismo. Durante más de dos siglos asumimos que los ciudadanos recibían información, deliberaban y tomaban decisiones políticas con un grado razonable de autonomía. Sobre esa confianza se construyeron la libertad de prensa, la competencia electoral y buena parte de las instituciones democráticas que hoy conocemos.

Pero quizá esa democracia ya no existe. Nunca antes la capacidad de influir sobre lo que pensamos había estado tan concentrada en algoritmos, plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial capaces de conocer nuestros miedos, preferencias, emociones y prejuicios mejor que nosotros mismos.

Las campañas de desinformación hoy pueden construir universos completos de realidad. Videos falsos prácticamente imposibles de distinguir, miles de cuentas de respuestas automatizadas, recomendaciones personalizadas y contenidos diseñados para provocar exactamente la reacción emocional que un algoritmo predice en cada individuo.

Este es el contexto en el que hoy comienza la discusión en México sobre establecer sanciones relacionadas con la difusión de información falsa en medios de comunicación, aunque, como era previsible, la reacción ha sido polarizada.

Diversas organizaciones civiles, periodistas y especialistas han advertido que una medida de esta naturaleza podría abrir la puerta para que el Estado determine de forma arbitraria qué información es verdadera y cuál no.

La preocupación resulta comprensible después de varias reformas constitucionales que distintos sectores consideran regresivas. Cualquier ampliación de las facultades regulatorias del gobierno despierta sospechas legítimas sobre un posible debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Pero seguir actuando como si el problema de la desinformación y la manipulación de la realidad no existiera, es otro riesgo que también deberíamos reconocer.

Durante años repetimos que el mejor remedio contra una mentira era simplemente más libertad de expresión. La idea proviene del filósofo inglés John Stuart Mill, quien confiaba en que el libre intercambio de ideas permitiría aproximarse a la verdad. Incluso cuando una opinión fuera falsa, argumentaba, su confrontación con otras fortalecería el conocimiento colectivo.

Pero ese supuesto se encuentra bajo una presión inédita. Hoy gran parte de la información depende de máquinas. Las plataformas digitales no premian la verdad, sino aquello que genera más interacción. El algoritmo no distingue entre información rigurosa y desinformación, si ambas producen el mismo número de clics.

La inteligencia artificial tampoco posee un compromiso moral con la realidad. Su capacidad consiste precisamente en producir contenidos cada vez más convincentes, independientemente de que sean ciertos o falsos.

Hoy es relativamente fácil y barato para cualquier grupo político, económico o de interés utilizar estas herramientas para fabricar miles de mensajes, imágenes, videos o audios adaptados a públicos específicos, inundar las redes sociales, amplificar artificialmente determinadas narrativas y crear la impresión de que existe un consenso social que, en realidad, nunca ha existido.

La manipulación puede consistir en moldear el entorno informativo en el que esas personas forman sus opiniones, hasta hacerles creer que una idea es mayoritaria, urgente o incuestionable simplemente porque es la única que el algoritmo les permite ver de manera reiterada.

En estas condiciones, la confianza liberal en que la verdad terminaría imponiéndose espontáneamente comienza a mostrar sus límites.

La democracia enfrenta un desafío completamente nuevo. Si durante el siglo XX la principal amenaza consistía en impedir que el Estado monopolizara la información, durante el siglo XXI debemos preguntarnos cómo impedir que la manipulación tecnológica vacíe de contenido la libertad de elegir.

Entonces, ¿Necesitamos nuevas reglas para proteger la conversación pública? Probablemente sí. ¿La propuesta del gobierno mexicano constituye esas reglas? Eso todavía está muy lejos de demostrarse.

No basta con afirmar que el Estado actuará de buena fe. Las instituciones democráticas se diseñan precisamente porque sabemos que las herramientas creadas para proteger derechos pueden terminar utilizándose para restringirlos.

Sin embargo, tampoco basta con defender la absoluta ausencia de regulación. Pensar que la libertad de expresión por sí sola resolverá los problemas de un ecosistema dominado por algoritmos capaces de moldear percepciones colectivas quizá sea una forma de nostalgia intelectual. El mundo para el que Mill escribió ya no existe.

El verdadero dilema de nuestro tiempo está en cómo proteger la libertad de expresión sin permitir que la manipulación masiva de la información termine destruyendo las condiciones que hacen posible una democracia libre.

La experiencia internacional ofrece pocos motivos para el optimismo. En algunos países la regulación contra la desinformación ha servido para combatir campañas coordinadas de manipulación. En otros, ha terminado siendo utilizada para perseguir periodistas, inhibir investigaciones incómodas o castigar voces críticas bajo el argumento de combatir las “noticias falsas”.

La democracia enfrenta una paradoja inédita. La mayor equivocación sería convertir este debate en otra confrontación de suma cero. Ni toda regulación equivale automáticamente a censura, ni toda defensa de la libertad de expresión constituye una estrategia para proteger la desinformación.

Lo que debemos poner a debate es un diseño institucional que proteja simultáneamente la libertad de expresión y la integridad del espacio público deliberativo.

Las preguntas son muy complejas. ¿Quién determinará qué constituye una noticia falsa? ¿Con qué criterios? ¿Qué garantías tendrán los medios para impugnar esas decisiones? ¿Cómo evitar que una regulación concebida para proteger a las audiencias termine siendo utilizada por futuros gobiernos con fines políticos? 

También debemos preguntarnos lo contrario. ¿Qué ocurriría si decidimos no hacer absolutamente nada mientras la inteligencia artificial y las plataformas digitales incrementan cada año su capacidad para manipular la conversación pública?

México requiere este debate. Pero es indispensable que ocurra con apertura, con evidencia y con la participación de periodistas, académicos, especialistas en tecnología, organismos de derechos humanos, plataformas digitales y sociedad civil.

La democracia del siglo XXI enfrenta desafíos que la democracia liberal del siglo XX jamás conoció. Las tecnologías digitales y la inteligencia artificial modificaron la manera en que los ciudadanos conocen el mundo, forman sus opiniones y ejercen su libertad política. Ignorar ese cambio es tan irresponsable como utilizarlo para justificar mecanismos que debiliten las libertades fundamentales.