Sinaloa registra una nueva escalada de violencia. No podemos llamarle de otra manera a los hechos del día miércoles pasado. Ahora las víctimas fueron dos representantes populares: los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres. Meses atrás las parlamentarias Paola Gárate y Yadira Marcos habían sufrido el despojo de sus unidades móviles, pero el daño patrimonial temporal o definitivo no tiene punto de comparación con el atentado a la vida de las personas. Por eso decimos que, en el análisis de la presente crisis de seguridad acompañada de otras aristas, hay un antes y un después del 28 de enero de 2026.
Apenas unas horas atrás de los graves hechos mencionados nos enteramos de que un grupo de delincuentes perseguía a policías fuera de su jornada de trabajo y que el secretario de seguridad pública municipal entró en acción tras dichos delincuentes. Y que gracias al blindaje de su camioneta salió ileso y se pudo detener a quienes llevaban intenciones homicidas. No es el único caso en que los policías exponen su integridad. Sin contar el total de veces en que ello ha sucedido, basta recordar que 81 agentes de policía y militares han perdido la vida durante esta prolongada coyuntura de inseguridad. Saberlo nos permite dimensionar el tamaño de nuestro problema en materia de seguridad y tomar conciencia de que resolverlo no será una tarea que termine antes de que llegue la primavera.
La nueva situación obliga a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra crisis múltiple y sus alcances en los diversos órdenes del comportamiento económico, político y social. Lo que nos lleva a la búsqueda inmediata de la alternativa que reclama esa nueva situación. Los nuevos elementos de la coyuntura violenta ponen en duda la estrategia que hasta hoy se ha aplicado por el Estado mexicano, pues después de 16 meses de aplicar la misma estrategia: presencia masiva en las calles por corporaciones federales en los días más críticos; las medidas de restricción de la circulación de unidades móviles en diversos puntos de las ciudades con problemas de violencia mayor, que más que inhibir los delitos provocan otra dificultad más a la actividad económica, elevando los costos del transporte, ralentizando los tiempos de entrega de mercancía y obligando a la impuntualidad de obreros y empleados.
A ese tipo de medidas que han provocado incomodidades, protestas que van subiendo de tono y con resultados que nos hablan de detenciones de presuntos delincuentes, de aseguramiento de armas y drogas, pero que no han llevado a que la curva del delito decline tan significativamente como para considerar que avanzamos hacia el final de la crisis. La conclusión debe ser muy clara: se ha invertido un gran esfuerzo para controlar y superar la crisis, sí. Pero reconozcamos que los resultados que todos esperábamos con dichas medidas no los tenemos.
La prolongada crisis que vivimos nos invita a considerar la importancia que tiene la ecuación de marchar juntos sociedad y autoridad en la solución del presente mal momento. Esta crisis demuestra hasta la saciedad que la autoridad por sí sola no resolverá la situación compleja que vivimos. Hay instituciones del Estado que pueden ser puentes eficaces en esta propuesta. No se ha valorado lo que pueden hacer universidades, SEPyC y direcciones de cultura municipales.
Otra de las medidas imprescindibles que nos ayudarán a marchar hacia la postcrisis es abrir las mesas de seguridad a la necesaria presencia de las comisiones de derechos humanos y de sectores productivos de la sociedad. La visión que se tiene de la crisis no puede limitarse a la que presentan las autoridades policiales, debe ser tan amplia como la que resulte de la participación de todos los involucrados y las conclusiones y tareas serán tan ricas y atingentes como lo determinen la capacidad de las autoridades y la sabiduría que alimentan las crisis en la sociedad.
La modificación de algunos aspectos del marco legal debe contemplarse y no precisamente para limitar derechos de la ciudadanía. Al contrario, los espacios democráticos no sólo deben conservarse, como también la transparencia en todas las acciones que la autoridad realice. La vigilancia efectiva de la sociedad es un recomendado control contra toda práctica de la autoridad que lastime derechos humanos. Y si las cosas y las medidas de la autoridad se llevan a cabo dentro del Estado de derecho, lejos de que la autoridad sea mal vista, no sólo se impedirán los abusos que ya se han registrado durante estos 16 meses de crisis y que han cobrado vidas de personas menores de edad y adultas ajenas a las actividades violentas, inocentes pues. La confianza pública crecerá con la transparencia.
Lograr la postcrisis es posible, tenemos muchas posibilidades de alcanzarla más temprano que tarde, pero a condición de modificar algunas formas y el contenido de lo que hacemos. Reiteramos, no es que no haya disposición y empeño en las tareas de parte de la autoridad, la movilización masiva de corporaciones y fuerzas armadas y la pérdida de 81 policías y soldados prueban la vocación y entrega, pero la persistencia de la crisis invita a revisar todo lo que se ha hecho de manera histórica para mantener la rectoría del Estado y el control de la tranquilidad en la vida pública, en especial en esta prolongada coyuntura. Preocupa que haya comunidades y áreas en las ciudades donde las clases se impartan de manera virtual porque no hay condiciones para la función presencial, como mortifica ver las cortinas de muchos negocios cerradas, un centro histórico de Culiacán que ha renunciado a la actividad económica y de esparcimiento en cuanto ve el desmayo de la tarde. No perdamos la oportunidad de revisar lo hecho y de ver todas las posibilidades que tenemos por delante para superar nuestra situación violenta. El Estado y la sociedad juntos podemos lograrlo. Vale.
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X @Oscar_Loza
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