La última apuesta de Rocha y compañía: crónica de una opacidad anunciada

Por: Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

Después de más de dos décadas en las que Sinaloa llegó a ser referente nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública, hoy las y los diputados locales parecen decididos a institucionalizar la opacidad.

Hace apenas unas semanas, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, envió al Congreso del Estado su propuesta de nueva Ley de Transparencia. Y sobre el proceso mediante el cual se construyó dicha iniciativa hay mucho que decir.

Desde organizaciones de la sociedad civil insistimos formalmente en conocer el contenido de la propuesta y participar en su elaboración. Pedimos diálogo, apertura y parlamento abierto. La respuesta fue el silencio. Nuevamente, hicieron oídos sordos.

La iniciativa permaneció completamente oculta hasta el mismo día en que recibió su primera lectura en el Congreso. Nadie fuera del círculo gubernamental conocía su contenido ni el alcance de los cambios que pretendían aprobarse.

Pensamos que la gravedad del asunto había quedado evidenciada desde diciembre pasado, cuando se aprobó, en fast track, a puerta cerrada y durante la noche de un viernes, la reforma constitucional que consolidó la desaparición de la CEAIP. Pero no. Aquello apenas era el comienzo.

Mientras que la reforma constitucional fue únicamente el primer paso de un rediseño mucho más profundo y preocupante: desmontar los contrapesos en materia de transparencia y concentrar el control dentro del propio aparato gubernamental, la iniciativa de Ley pretendía blindar a él y el resto de los funcionarios y ex funcionarios de cualquier intento por hurgar y revisar cómo utilizaron el dinero público mientras estaban en funciones. Pareciese como si Rocha y compañía ya anticipaban, o peor aún, ya sabían, que Estados Unidos los tenía en la mira.

La iniciativa impulsada por Rocha Moya, días antes de solicitar licencia, amplía las causales para clasificar información pública como reservada o confidencial, particularmente aquella relacionada con investigaciones o procedimientos administrativos en curso contra servidores públicos.

Y aquí es donde el tema adquiere enorme relevancia pública.

Más allá de las acusaciones y señalamientos difundidos desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por posibles vínculos con corrupción y delincuencia organizada, el verdadero riesgo está en otra parte: en que la ciudadanía pueda quedarse sin herramientas para conocer la verdad.

Porque, de aprobarse la iniciativa en los términos planteados, casos de alto interés público podrían permanecer ocultos durante años bajo el argumento de que “la investigación sigue abierta”.

En otras palabras: mientras exista una investigación en curso, las autoridades podrían negar información relacionada con el uso de recursos públicos, contratos, decisiones administrativas o actuaciones de funcionarios.

En un estado donde la ciudadanía ya enfrenta enormes obstáculos para acceder a la justicia y combatir la corrupción, ampliar las posibilidades de reserva de información representa una pésima señal.

Otro punto particularmente delicado es el relacionado con la transparencia del gasto público. La iniciativa abre la puerta para reservar información vinculada con comprobantes fiscales, recibos o documentos que sustenten el ejercicio de recursos públicos.

Es decir, cualquier autoridad incómoda con la rendición de cuentas podría encontrar mecanismos legales para ocultar cómo, cuándo y en qué se gastó el dinero público.

Y lo más grave: las nuevas “autoridades garantes” dejarían de ser organismos verdaderamente autónomos. Con el nuevo modelo, las propias instituciones serían juez y parte.

También preocupa la exclusión o debilitamiento de obligaciones para actores clave como partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos dentro de diversas disposiciones de transparencia.

Tan sólo en 2025, los partidos políticos en Sinaloa recibieron más de 180 millones de pesos de financiamiento público estatal. Si esta iniciativa avanza como está planteada, será mucho más difícil conocer con claridad cómo se ejercieron esos recursos, qué contratos realizaron o qué convenios firmaron.

Y cuando disminuye la vigilancia pública, la discrecionalidad y la corrupción encuentran terreno fértil.

La lista de riesgos no termina ahí. La propuesta también contempla ampliar de 10 a 20 días el plazo de respuesta a solicitudes de información; aumentar las causales de reserva; reducir obligaciones de transparencia; excluir a ayuntamientos de diversas responsabilidades; y debilitar mecanismos de participación ciudadana y gobierno abierto.

Todo esto ocurre en uno de los momentos más complejos para Sinaloa: un contexto marcado por violencia, desconfianza institucional y exigencias crecientes de justicia.

Apostarle hoy a menos transparencia, menos vigilancia ciudadana y más discrecionalidad sólo agravará la crisis de confianza pública.

Porque si algo hemos aprendido en México es que la opacidad florece justamente donde disminuyen los contrapesos.

La transparencia nunca ha sido una concesión generosa de los gobiernos. Ha sido una conquista ciudadana. Una herramienta construida por periodistas, académicos, organizaciones civiles y personas que entendieron que sin información pública no puede existir una democracia funcional.

Y aunque ningún sistema es perfecto, retroceder jamás debería ser opción.

Hoy el Congreso del Estado tiene una enorme responsabilidad histórica. Las diputadas y diputados aún están a tiempo de evitar que esta iniciativa se convierta en un retroceso institucional para Sinaloa. Su obligación no es actuar como oficialía de partes del Ejecutivo, sino analizar, corregir, escuchar a la ciudadanía y garantizar que el derecho a saber no quede subordinado a intereses políticos.

Dictaminar y aprobar esta propuesta en los términos actuales significaría debilitar los mecanismos de rendición de cuentas justo en uno de los momentos más delicados que vive la entidad. La transparencia no puede convertirse en víctima de la coyuntura política ni de la comodidad del poder.

Lo que decidan las y los legisladores marcará el tipo de democracia que queremos construir en Sinaloa: una donde el poder rinda cuentas o una donde la opacidad quede protegida por ley.

Lo que esta discusión dejó al descubierto

En los últimos días, como parte de una campaña para explicar el contenido de esta iniciativa, publicamos diversos materiales en redes sociales junto a integrantes de la Red de Ciudadanas Anticorrupción de Sinaloa, entre ellas Ximena con Equis, activista y representante de TacuichamonaMX.

Lo que sorprendió no fue solamente el alcance de las publicaciones, sino el tipo de reacciones que generaron. Una parte importante de los comentarios se centró no en los riesgos de la iniciativa ni en la posible afectación al derecho a saber, sino en la apariencia y expresión de género de Ximena.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿en qué momento incomoda más una mujer trans ejerciendo ciudadanía que la posibilidad de que servidores públicos buscan blindarse frente a la rendición de cuentas?

Parece que así como estamos retrocediendo en nuestros marcos normativos, también estamos retrocediendo socialmente en empatía, derechos y capacidad de diálogo democrático.

Toda nuestra solidaridad y respaldo para Ximena. Su participación representa valentía, convicción y el ejercicio genuino de ciudadanía en un contexto profundamente adverso y atravesado por múltiples violencias estructurales.

Porque defender la transparencia también implica defender el derecho de todas las personas a participar en la vida pública sin ser objeto de odio o discriminación.