La violencia escolar contra docentes no empieza con un arma

Por: Nuria González Elizalde, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa

X/Twitter: @MexicanosloSin @GlezNu.

Un alumno entra armado a una escuela. Dos maestras pierden la vida. Una comunidad educativa entra en shock. Pero esto no empezó ese día.

El reciente caso en Michoacán, donde un estudiante atacó con un arma de fuego al interior de una escuela y dos maestras perdieron la vida, no es un hecho aislado. Es la expresión más extrema de un proceso que lleva tiempo creciendo dentro de las escuelas y que hemos preferido no ver en toda su dimensión.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lo ha señalado con claridad, “la escuela debe ser un espacio seguro, porque la violencia afecta directamente las condiciones necesarias para enseñar y aprender. Y cuando eso ocurre, no solo se vulnera a quienes están en el aula, se compromete el futuro de toda una generación.

Porque la violencia escolar contra los docentes no comienza con un arma. Empieza mucho antes.

Empieza cuando las faltas de respeto se normalizan, cuando se insulta, se le grita, desacredita o se le amenaza a quienes enseñan y se considera “parte del ambiente”. Cuando las autoridades carecen de herramientas claras para actuar, cuando se debilita la corresponsabilidad entre la escuela y las familias, entendida como la construcción conjunta de límites, acompañamiento y respeto a la labor docente.

En ese contexto, lo cotidiano se vuelve terreno fértil para la acumulación de tensiones. La escuela deja de ser un espacio centrado en el aprendizaje y se convierte en un espacio de desgaste.

Aunque se habla poco de este fenómeno, la evidencia disponible —todavía limitada— empieza a mostrar un patrón claro. Investigaciones recientes sobre violencia contra docentes en México, como el de Gaona y colaboradoras, advierten que los estudios sobre ese tema son aún escasos, lo cual en sí mismo es una señal preocupante; sin embargo, coinciden en que las  agresiones van en aumento y, en muchos casos, se han normalizado dentro del entorno escolar. Lo que no se mide con suficiente profundidad difícilmente se atiende con eficacia.

En esa misma línea distintas mediciones estiman que hasta cuatro de cada diez docentes han enfrentado algún tipo de agresión en su trabajo, lo que confirma que no se trata de casos aislados, sino de un problema que apenas comenzamos a dimensionar.

Hoy muchos docentes enfrentan temor a denuncias, a la exposición pública, a enfrentar conflictos con familias, procesos administrativos desgastantes o falta de respaldo institucional ante situaciones de violencia. Ese miedo podría tener consecuencias concretas, como reducir la exigencia académica, evitar decisiones y priorizar no entrar en conflicto. Así, sin hacer ruido, se deteriora lo más importante: el aprendizaje.

Y hay algo que no podemos perder de vista, cuando la escuela se llena de tensión y el respeto se rompe, y cuando el docente pierde condiciones para enseñar, quienes más pierden no son los adultos, sino las niñas, los niños y adolescentes, porque el derecho a aprender no depende únicamente de estar en la escuela, sino de que existan condiciones reales para enseñar y aprender.

Esto no se trata de un problema individual, sino estructural. Durante años hemos fortalecido —y con razón— los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no hemos construido, con la misma claridad, condiciones de respaldo institucional para quienes enseñan.

El resultado es un sistema que ha avanzado en la protección de niñas, niños y adolescentes, pero que aún tiene pendientes en la construcción de condiciones y garantías para quienes enseñan, particularmente frente a vacíos normativos, operativos e institucionales que limitan su capacidad de actuación.

Uno donde el docente se siente desprotegido, la autoridad enfrenta limitaciones para intervenir y la violencia encuentra espacio para crecer.

Por eso estos hechos no deben verse como excepciones, sino como advertencias de un proceso que ya está en curso. En Sinaloa, estas señales no nos son ajenas, sabemos cómo empieza y justamente por eso, hoy tenemos una oportunidad de no normalizar, no esperar, no reaccionar tarde.

Esto implica decisiones. Implica no solo fortalecer protocolos, sino asegurarse de que sean claros, aplicables y conocidos por toda la comunidad escolar. Implica respaldar a docentes y directivos no solo en el discurso, sino en la práctica, con mecanismos que les permitan actuar y documentar situaciones de riesgo sin quedar expuestos.

También implica reconstruir la relación con las familias, generar condiciones para que los conflictos no escalen y formar a las y los estudiantes en algo que hemos dejado de lado: comprender que sus acciones tienen consecuencias, también dentro de la escuela.

Sin estas condiciones, hablar de cultura de paz se vuelve insuficiente.

Lo ocurrido en Michoacán debe dolernos, pero si solo nos duele y no nos mueve, habrá servido de poco. Porque lo que está en juego no es solo la seguridad dentro de la escuela, sino la posibilidad de enseñar y aprender.

La pregunta no es si puede pasar aquí, sino si vamos a actuar a tiempo desde prevención o de manera reaccionaria cuando una nueva tragedia nos obligue a hacerlo.