Los vacíos que el Estado nos heredó y que la sociedad civil atiende

En las últimas semanas, más que en otras épocas, los colectivos de madres buscadoras han estado en los titulares de los noticieros a nivel nacional debido a los atentados o asesinatos contra sus integrantes, lo que representa una doble victimización y un vacío profundo que muestra las entrañas carcomidas de un Estado que se cae a pedazos por la violencia armada.

Estos ataques que cobran vidas y que también pretenden disuadir a las madres buscadoras, son parte de una estrategia de terror que golpea también a otros sectores sociales como el periodismo, donde el fenómeno de los ataques y amenazas expone a los comunicadores mexicanos más que en cualquier otra región del mundo. Los líderes o lideresas ambientales, indígenas o de la comunidad LGBT+ también son blanco de ataque sistemático, y es que parece que en este país alzar la voz es sinónimo de colocarse un blanco en la espalda.

Pero antes de continuar con el recuento de los daños que el Estado de terror ha legado a la sociedad organizada en los últimos años, y en contextos particulares como Sinaloa en los últimos 2 años, es necesario detenerse a analizar por qué las y los ciudadanos estamos metidos en la denuncia, en el recuento de daños, en la búsqueda de muertos y desaparecidos.

Como parte del contrato social (diría Rousseau) que las y los ciudadanos tenemos con el Estado, mediante el intercambio de impuestos y libertades a cambio de servicios públicos y seguridad, los gobiernos deben encargarse de muchas de las tareas que hoy la sociedad civil hace. Desde la atención a poblaciones específicas, como los discapacitados o las personas con espectro autista, hasta los colectivos que buscan en el territorio nacional a personas asesinadas y enterradas, la sociedad civil asume tareas del Estado debido a su incompetencia.

¿Por qué la sociedad civil o las empresas deben construir y operar centros de atención y rehabilitación para personas discapacitadas o neuro divergentes, alcohólicas, drogadictas, atender y esterilizar animales domésticos en situación de calle, alimentar y refugiar a migrantes o indigentes, instalar refugios o bancos de alimentos, repartir despensas o comida a personas vulnerables, atender a los desplazados por la violencia armada criminal? ¿Por qué yo, conductor, debo darle una moneda al que limpia vidrios en un crucero, o comprarle fruta al comerciante del semáforo? Estas y muchas otras labores descansan ahora en la sociedad civil, porque el gobierno prefiere gastar sus recursos y esfuerzos en otros rubros y se “hace concha” con lo que también debería atender.

Poco a poco el Estado mexicano se deslinda de responsabilidades esenciales, con sectores cuyas cifras de afectados requieren una atención inmediata y al no obtener resultados la sociedad civil se organiza y opera. En el caso de las personas alcohólicas, por ejemplo, el gobierno mexicano no cuenta con programas de cuidado y rehabilitación de enfermos, solo atiende en hospitales los daños ocasionados por ese vicio, dejando a organizaciones como Alcohólicos Anónimos la tarea de recibir y rehabilitar a los enfermos por este padecimiento, uno de los principales en México. Lo mismo ocurre con la drogadicción, o con las personas neuro divergentes, a quienes el gobierno mexicano los atiende –cuando ocurre- de una forma incipiente, esporádica y deficiente.

Aludiendo al contrato social de Rousseau, en donde las y los ciudadanos cedemos parte de nuestras libertades al Estado para que nos atienda y nos otorgue lo que necesitamos, en México la ciudadanía pareciera aportar más de lo que recibe, ya que no solo limitamos ciertas libertades, también pagamos impuestos y elegimos gobernantes que nos seducen con fórmulas mágicas para solucionar todos los males sociales. Es una relación desigual, asimétrica, injusta, porque damos más de lo que recibimos, y cada vez el gobierno mexicano se deslinda de tareas que no le son cómodas o baratas.

Si tenemos policías investigadoras en México por qué las madres y padres salen a buscar a sus hijos con pala en mano y un lonche modesto en su mochila, sin saber si regresarán a casa por la noche. ¿Por qué la ciudadanía comparte las fichas de búsqueda de desaparecidos en WhatsApp, Facebook u otras redes sociales, cuando hay policías cibernéticas, de élite, antisecuestros o anti extorsión? ¿Por qué las y los periodistas de este país deben asociarse y cuidarse entre ellos, cuando se supone que hasta existe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)?

Otra pregunta incómoda que revela las prioridades del Estado mexicano es por qué una candidata a la gubernatura de Sinaloa puede gozar de protección militar, cuando siempre está rodeada de un séquito de personas y su propia seguridad privada, mientras que las madres buscadoras salen a comunidades en guerra, en Concordia u otros municipios rurales y urbanos, a buscar fosas clandestinas. La candidata cuenta con recursos casi ilimitados, transporte cómodo con aire acondicionado y le gusta abrazar viejitas para la foto, mientras en el predio de al lado las madres buscadoras clavan una varilla en la tierra en busca de una osamenta, o viven con una bala en la espalda después de un atentado impune. La candidata “sufre” el calor sinaloense, la madre buscadora la indolencia del Estado.

Estos colectivos de búsqueda, al igual de los que ahora atienden a las familias desplazadas por la violencia, en Sinaloa y en todo México, no son espontáneos, a pesar de su corto tiempo de vida; surgieron de una coyuntura específica que combinó factores como la incompetencia estatal, la estigmatización social (se cree que todas y todos los desaparecidos son criminales), y la necesidad de encontrar a sus familiares ante un tiempo que avanza y avanza.

Todos los colectivos y asociaciones civiles de este país surgen de la necesidad de atender a otros, de velar por los otros, pero los que tienen relación directa con la violencia armada la necesidad se acentúa con el dolor, son colectivos surgidos del dolor, y si eso no conmueve a nuestras autoridades por lo menos debería hacerlo con el resto de la sociedad civil, porque en un país como México nadie está exento de un ataque.