Más allá del atentado

Todo acto violento que trastoque la paz social y la seguridad de las personas tiene carácter de repudiable. Lo mismo atentados contra la sociedad civil, comerciantes, académicos, médicos, estudiantes, policías, menores y grupos vulnerables. En el terreno de lo personal no puede haber distinción, cada vida vale lo mismo, incluso aunque no se quiera ver así, la vida de los jóvenes que por múltiples factores son parte de los grupos en disputa. El gran problema de las guerras es que, ya en ellas, no se distingue el destino de las balas.

Ahora bien, en el terreno de las instituciones la cosa es totalmente diferente, el ataque a dos diputados de oposición en funciones prende las alertas nacionales por un tema que se estudia mucho en países con democracias vulnerables: “la violencia política”. La violencia daña, destruye y coarta las libertades y el orden institucional, en una sociedad hecha y derecha, no existe espacio para ningún tipo de violencia que no sea aquella que legítimamente se deposita en el Estado.

Sin ponerme muy académico, pero con la rigurosidad que amerita el caso, la violencia política debe ser entendida como aquella que se ejerce contra las instituciones del Estado y sus representantes, pertenecientes a cualquiera de los tres poderes, e incluso de sus organismos paraestatales, partidos o agrupaciones con representación política. Es algo tan importante que los evaluadores de índices internacionales sobre democracia la tienen como una variable de contraste, bajo la siguiente condición: A mayor prevalencia de violencia política, menor calidad de la democracia.

La política surge justo para ello, para eliminar el factor violento en los asuntos del poder, para evitar que la toma de decisiones se dé por, o desde la fuerza bruta, en la imposición violenta de un interés particular sobre el bien común. En una democracia, las herramientas de cambio son: la participación política de las mayorías, el respeto a la expresión de las minorías y el cambio del orden institucional desde el cumplimiento de los actos de legalidad.

Dado los penosos actos, es la Fiscalía General del Estado la que debe aclarar los hechos en toda su amplitud. La investigación por el atentado está en manos de la C. Claudia Zulema Sánchez Condo, quien es la única responsable de aclarar el móvil y los alcances del ataque. Si bien, al Ejecutivo se le debe exigir la seguridad preventiva y el despliegue de elementos policiales para mantener el orden y la paz social, consumados los hechos delictivos no hay otra institución responsable para investigarlos, aclararlos y ponerlos en manos del juzgador que corresponda.

Mientras eso sucede, saldrán voces para llenar los vacíos de información desde la especulación -con fundamentos o sin ella-. Como la penosa declaración del exgobernador Labastida, eterno perdedor de la primera gran derrota del PRI en el 2000, quien especuló en medios nacionales sobre el móvil, diciendo que el origen del ataque tendría relación con asuntos sindicales. O la desafortunada declaración “tuitera”, porque el argumento no da para más de 280 caracteres, de la senadora Paloma Sánchez, al tratar de comparar el asesinato del exrector Cuen Ojeda y el atentado de los legisladores del Movimiento Ciudadano como asuntos políticos de una misma índole.

O carroñeros de la información que con un simplismo inhumano dieron por muertas a las víctimas del atentado, sin tener información confirmada o verificada que respaldara lo que hoy, a la luz de las evidencias, fueron mentiras. Así son los complejos tiempos de guerra, en donde la disputa no solo es por dominios territoriales, sino también, por acaparar la atención del público. Algunos por negocio, otros por “estrategia política”.

Formalmente el ataque a balazos en pleno centro de la capital a dos legisladores de la oposición, es por el hecho en sí, un golpe duro a las instituciones democráticas. En otras guerras fratricidas como las de Palermo en la Italia de los años sesenta o la de Colombia en los ochentas y noventa, el atentado contra representantes populares lo único que anticipa es una escalada mayor de violencia.

Las voces que desde la sociedad civil se han expresado en desplegados y comunicados deben leerse a profundidad, el llamado de paz que se hace desde la Diócesis de Culiacán y otras denominaciones religiosas forma parte de un legítimo intento de reflexión para las partes involucradas en la violencia. Si volteamos a ver los procesos de pacificación de sociedades que antes han padecido nuestras penurias, encontraremos un denominador común en los procesos de paz, reconstrucción y cese al fuego: nunca el gobierno ha podido solo, la paz duradera se logra de la mano de instituciones y organizaciones no gubernamentales que median y atemperan la radicalización del conflicto. Luego le seguimos…

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