Parte II de III — Las raíces históricas y los pilares para reconstruir la república

En la primera entrega de este ensayo se estableció el concepto central: la facciocracia, el gobierno de una facción que captura las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus propios intereses, y se documentaron sus efectos concretos sobre la vida de los mexicanos. En esta segunda parte se traza la genealogía histórica de ese modelo —cómo México lo normalizó, capa por capa, desde 1929— y se proponen los tres pilares fundamentales sobre los que debe construirse la recuperación. La Parte III, que se publicará próximamente, presentará el momento histórico que representa 2027 y las acciones concretas que no admiten postergación.

Introducción: el costo de no detener la facciocracia

México no está en riesgo de convertirse en una facciocracia. Ya lo es. La pregunta que esta entrega responde —y que la clase política ha evitado formular con precisión— no es si el modelo existe, sino cuánto cuesta cada año que se permite que opere sin contención.

Los números no son imaginarios, sino reales.

Entre 2018 y 2025, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project señala que México pasó del lugar 92 al 121 de 143 países, con caídas sostenidas en los rubros de control gubernamental y derechos fundamentales. El crecimiento del PIB fue de o.71% mientras la inflación acumulada del 38.5%. La tasa de impunidad en delitos del fuero común superó el 97%. El INEGI registró la desaparición neta de 1.2 millones de unidades económicas durante la pandemia, de las cuales menos del 40% correspondió al cierre temporal: el resto fue extinción definitiva. Pemex, durante ese período, acumuló una pérdida de -2,049,800 mdp, o un promedio anual de 256,225 mdp. La deuda pública nacional pasó de 10.5 billones de pesos a 18.6 a finales de 2025 y para el primer trimestre de 2026 fue de 19. 3 billones de pesos. Atendiendo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, de cada 100 establecimientos que nacen en México, cerca del 50% cierra antes de cumplir los 2 años de vida y el 99.8% de los cierres corresponde a micro, pequeños y medianos establecimientos. Lo que significa que el empleo informal representa el 55.4% de la PEA y su tendencia es creciente. Mientras tanto, los programas de transferencia directa —Sembrando Vida, Bienestar, Becas Benito Juárez— crecieron en padrón y presupuesto sin un solo mecanismo de evaluación de impacto publicado con metodología verificable. En inseguridad. EPN cerró su sexenio con 156,437 homicidios a nivel nacional y AMLO con 199,970 y la cifra de desaparecido es mayor con AMLO que con EPN.

Que decir de las obras faraónica de AMLO.

Tren Maya, de un costo inicial estimado entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, superó los 540 mil millones de peso y su perdida diaria es de entre 7.1 y 9.9 millones de pesos, y enfrenta graves críticas por su impacto ambiental (deforestación masiva y el daño a cenotes) y problemas operativos y de infraestructura, incluyendo retrasos en la obra eléctrica, baja rentabilidad, y fallas mecánicas que han causado descarrilamientos.

Refinería Olmeca (Dos Bocas), de un costo estimado en los 8,000 millones de dólares terminó en 20,959 millones de dólares y con una serie de problemas operativos, financieros y ambientales en la que destaca una preocupante ola de siniestros, explosiones, fugas y al menos seis incidentes graves desde 2024.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de un costo estimado de 75,000 millones de pesos y terminó en 115,000 mdp, y problemas graves motivados por la baja ocupación de pasajeros, carencias de bodegas adecuadas e instalaciones logísticas y falta de transparencia en sus costos y estadísticas.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de un costo inicial de 20,000 mdp terminó en 62,000 con graves problemas estructurales que limitan su viabilidad económica, estabilidad operativa y legitimidad social.

Esto no es mala gestión. Es la lógica interna del modelo: una facción que captura el Estado no maximiza el bienestar colectivo; maximiza su permanencia. Y para permanecer, necesita dependencia, no desarrollo; lealtad, no ciudadanía; transferencias, no derechos. Cada año que el modelo opera sin reforma estructural, esas condiciones se profundizan y el costo de revertirlas crece de forma no lineal: las instituciones degradadas no se restauran con el mismo esfuerzo que costó destruirlas.

El horizonte relevante no es 2030 ni 2050. Es 2027. Si la arquitectura institucional que permite la captura facciosa del Estado no comienza a desmantelarse en el próximo ciclo electoral, dos dinámicas convergentes harán el trabajo progresivamente más difícil: la consolidación de redes clientelares con padrón electoral incorporado, y el deterioro del tejido judicial hasta el punto en que ninguna reforma legal tenga quién la haga cumplir. No es catastrofismo: es la trayectoria documentada de los casos venezolano, nicaragüense y boliviano, donde la ventana de reversibilidad democrática se cerró no con un golpe, sino con una acumulación silenciosa de reformas que nadie detuvo porque cada una, tomada aisladamente, parecía tolerable.

Los líderes de opinión y la clase política que lean este ensayo tienen una sola pregunta útil que hacerse: ¿en qué punto de esa trayectoria estamos? La respuesta que aquí se ofrece es incómoda pero necesaria: más cerca del cierre que de la apertura. Y el tiempo para actuar se mide en meses, no en sexenios.

III. La raíz histórica: cómo México aprendió a normalizarlo

El presente no surgió de la nada. La facciocracia mexicana tiene genealogía propia: una historia de decisiones deliberadas que fueron normalizando, capa por capa, la captura del Estado. Comprender esa historia no es nostalgiar el pasado; es entender qué estructuras específicas hay que desmantelar para que el modelo no se reproduzca con otro nombre.

El primer gran cimiento se colocó con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 —que derivó en el PRI—, que transformó la diversidad política de la Revolución en un sistema de partido único con vocación hereditaria. El Congreso dejó de ser un contrapeso y se convirtió en una cámara de ratificación: entre 1934 y 1988, ningún presidente enfrentó una oposición legislativa real. El Poder Judicial siguió el mismo camino: los ministros de la Corte eran designados por el Ejecutivo sin contrapeso efectivo, convirtiendo la independencia judicial en ficción constitucional.

El segundo cimiento fue el corporativismo como tecnología de control social. Sindicatos como el SNTE, la CTM, la CROC, la CNC, la CNOP, y otros específicos como STPRM y el STFRM no representaban trabajadores: representaban al régimen ante los trabajadores, implicaba lealtad política, votos corporativos y paz laboral a cambio de cargos legislativos y privilegios sindicales para sus líderes: contratos, plazas y protección legal. El sistema no corrompía por accidente: corrompía por diseño, convirtiendo la lealtad política en moneda de cambio para el acceso a derechos básicos.

El tercer cimiento fue la utilización del gasto público como herramienta de clientelismo electoral. Los programas sociales —desde el CONASUPO hasta el Pronasol de Salinas, incluyendo becas, despensas o subsidios — no se diseñaron para reducir la pobreza de manera estructural, sino para producir dependencia, asistir a mítines, afiliarse a estructuras corporativas y votos. El déficit fiscal crecía; la deuda se acumulaba; y el ciudadano aprendía que el Estado no era una institución a la que le pertenecía, sino un patrón al que había que complacer.

La alternancia del 2000 fue real pero insuficiente. El PAN llegó a Los Pinos sin un proyecto de desmantelamiento del modelo: gobernó con las mismas estructuras, los mismos pactos corporativos y la misma incapacidad para reformar el poder judicial o romper los monopolios económicos y mediáticos. La corrupción no disminuyó; se redistribuyó. Y el costo de esa omisión lo pagó la democracia: cuando el descontento llegó a su punto crítico en 2018, no había alternativa institucional creíble a la que aferrarse.

Lo que ocurrió en 2018 no fue una ruptura con ese modelo; fue su radicalización bajo un nuevo ropaje ideológico. La facciocracia encontró en el descontento legítimo de millones de ciudadanos el combustible para llegar al poder, y una vez ahí, ejecutó el manual que el propio sistema le había enseñado: control del Congreso mediante mayoría calificada obtenida con alianzas oportunistas; designación de ministros de la Corte afines; eliminación o vaciamiento de los organismos autónomos —el INE, el INAI, la CRE, la Cofece— que habían sido construidos como cortafuegos institucionales en los años noventa y dos mil; y sustitución del clientelismo de programas sociales sectoriales por transferencias directas sin rendición de cuentas, más eficaces aún para generar dependencia electoral. La novedad no fue el método: fue la velocidad y la profundidad con que se aplicó, y el hecho de que esta vez se hizo con el respaldo de una mayoría popular genuina, lo que le dio una cobertura democrática que el priismo nunca tuvo.

Conocer este pasado no es un ejercicio nostálgico: es el mapa que permite identificar qué estructuras específicas hay que desmantelar y cuáles reconstruir desde sus fundamentos. La lección más dura de la historia mexicana es que los cambios de partido sin cambio de arquitectura institucional son ilusiones que el sistema digiere y reproduce. El aprendizaje histórico no es condición suficiente del cambio real, pero sí es condición necesaria: quien no entiende cómo se construyó la jaula, no sabe por dónde empezar a abrirla.

IV. Lo que hay que construir: tres pilares irrenunciables

Recuperar a México exige más que ganar elecciones: requiere un proyecto de formación y civilización. Hay tres pilares fundamentales sobre los que ese proyecto debe construirse.

El primero es la reconstrucción de las condiciones materiales de la prosperidad social. No se trata de asistencia: se trata de eliminar las estructuras que producen sistemáticamente pobreza, informalidad e inseguridad. Eso implica políticas de fomento económico que reduzcan la tasa de mortandad de la microempresa —que hoy supera el 70% en los primeros dos años—, esquemas de desarrollo rural que devuelvan rentabilidad real a pescadores y campesinos sin intermediarios clientelares, y una estrategia de seguridad que trate la violencia como el problema de gobernanza que es, no como telón de fondo tolerable. La dignidad no se transfiere mediante programas: se construye cuando el Estado garantiza condiciones en las que el ciudadano puede sostenerse a sí mismo con trabajo propio, en su comunidad, sin depender del favor del gobierno de turno.

El segundo es la formación cívica y crítica de las nuevas generaciones como proyecto de Estado, no como slogan educativo. La facciocracia prospera donde los ciudadanos no han aprendido a distinguir el liderazgo genuino de la demagogia, la política pública del clientelismo, ni la soberanía real del nacionalismo de escenografía. Esto exige un sistema educativo que enseñe a argumentar, a evaluar evidencia y a exigir rendición de cuentas —no a memorizar ni a obedecer—, y que llegue con la misma calidad a la sierra sinaloense, a la Montanya de Guerrero y a las periferias urbanas que hoy funcionan como vivero de desesperanza y reclutamiento fáctico. Ningún rediseño institucional sobrevive a una generación que no sabe para qué sirven las instituciones.

El tercero es la reforma constitucional de arquitectura, no de retórica. México ha tenido más de 700 reformas constitucionales desde 1917; el problema no ha sido la rigidez de la Carta Magna sino la captura sistemática de quienes la interpretan y la aplican. Un sexenio bien aprovechado es suficiente para establecer las tres garantías estructurales que ningún gobierno faccionario puede volver a desmantelar:

Supremacía constitucional efectiva: que ningún decreto, acuerdo presidencial ni reforma legislativa exprés pueda vulnerar derechos fundamentales ni suprimir organismos autónomos sin control judicial real e independiente; Poder Constituyente genuino: mecanismos de consulta y reforma que no puedan ser capturados por mayorías legislativas circunstanciales —como lo fue la calificada de 2024—, sino que requieran participación ciudadana directa, deliberación verificable y blindaje contra la manipulación ideológica o partidista; y División de poderes con dientes: un Poder Judicial seleccionado por mérito verificable y sometido a escrutinio ciudadano, un Legislativo con capacidad real de fiscalizar al Ejecutivo sin depender de él para su supervivencia política, y organismos autónomos cuórum, presupuesto y mandatos blindados contra la voluntad de una sola facción mayoritaria.

El producto inevitable de ello será un proceso de desarrollo económico donde la independencia económica sea tan real como la soberanía política de México: no la soberanía como eslogan, sino como capacidad efectiva del Estado para proteger a sus ciudadanos, generar bienestar y actuar con autonomía frente a poderes fácticos internos y externos.

La historia que se acaba de trazar no debería producir indignación hacia el pasado — debería producir vergüenza hacia el presente. Cada uno de los mecanismos descritos aquí: el corporativismo, el clientelismo, la lealtad comprada con derechos básicos, sigue operando hoy con distintos nombres y los mismos resultados. La pregunta que ningún análisis histórico puede responder por nosotros es esta: si ya sabemos cómo se construyó la jaula, ¿qué estamos esperando para dejar de vivir en ella como si fuera casa?

Continúa en la Parte III: El momento histórico de 2027 y las acciones que no admiten postergación.