El Congreso de Sinaloa trajo a la agenda pública un tema impostergable, de gran impacto para la entidad y el país: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
Según el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada (ONPRENNA), el reclutamiento se da en dos contextos: forzado y no forzado.
Las principales razones para su incorporación a las actividades delictivas están en la vulnerabilidad por la pobreza, la desigualdad y la violencia intrafamiliar.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado la necesidad de tipificarlo como delito para sancionar a los reclutadores, además de generar acciones preventivas a través de políticas públicas efectivas, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de México.
El estado mexicano ha firmado tratados en defensa de la niñez, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados de la ONU en el año 2002. Sin embargo, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia de México (REDMI) señalan que continúan en riesgo más 250 mil menores por falta de una estrategia integral.
La propuesta de los legisladores va en dos sentidos: los integrantes del grupo parlamentario del PRI proponen reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad e integrante del grupo parlamentario morena Arely Ruiz, busca actualizar el código penal. Ambas iniciativas resultan complementarias.
De incorporarse a la agenda prioritaria de la legislatura en este segundo año, nuestra entidad se convertiría en pionera para la atención a esta problemática. Actualmente hay más de un centenar de jóvenes detenidos en Sinaloa por participar en actividades del crimen organizado.
Es pertinente, como lo sugiere los Sistemas de Protección Integral, articular los esfuerzos desde la academia, sociedad civil, gobierno y sector privado en beneficio de la niñez.
El reclutamiento de menores debe combatirse desde la seguridad, el acceso a la justicia, la prevención y la atención a las causas que generan las conductas antisociales.
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