¿Qué quiere Trump de Sinaloa?

Donald Trump ha dicho que atacará a los carteles de México por tierra y eso tiene que ponernos a pensar qué quiere el presidente de Estados Unidos de este país y, particularmente, de Sinaloa. No es un simple pensamiento centralista, sino una realidad: Estados Unidos ha decretado al cartel de Sinaloa y al cartel de Los Beltrán Leyva como “narcoterroristas”, y ha dado a conocer listas de personas –muchas de ellas desconocidas– como sus blancos principales.

Ahora mismo la región noroeste de México es de alto interés del gobierno norteamericano, pues dos tópicos que tienen mucha relevancia. Por un lado, el gran interés de inversionistas en instalarse en Sinaloa, donde se libra un conflicto armado desde septiembre de 2024.

Puede parecer menor que cuerpos de diplomáticos insistan en reuniones con funcionarios del Gobierno del Estado, así como con empresarios, que tienen interés en que la violencia se acabe para formalizar dichas inversiones, pero no lo es, sino que es lógico pensando en que estén trabajando en cómo mejorar los panoramas para sus conciudadanos, eso es parte del servicio consular de cualquier país, pero antes de eso quiero hacer una pausa y pensar más allá de lo evidente.

Esta región, la del noroeste mexicano (Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa), tiene una concentración entre el 4 y 5 por ciento, sin contar otros materiales que son aprovechados por la minería, como oro, plata, plomo y hierro que son codiciados por una gran cantidad de países. Solo Sinaloa reporta tener alrededor del 30 por ciento del territorio concesionado para la exploración y extracción de materiales. Llegar a esas tierras raras podría ayudar a cualquier país a competir con China, que es líder en la extracción de esos materiales.

No se debe soslayar el interés logístico que existe sobre el Golfo de California, donde se busca instalar distintos proyectos para la licuefacción de gas natural que proviene del sur de Estados Unidos, los acuerdos de agua sobre el río Colorado, la producción de amoniaco, urea y otros petroquímicos, la extracción de agua para desalinizar en el norte de Sonora que sería llevada a Arizona, los proyectos de energía solar, los desarrollos inmobiliarios en Baja California y Baja California Sur, y la ruta comercial para la instalación de puertos comerciales sobre áreas naturales protegidas que logran, en distancia, ser más cercanos que Long Beach, y hasta la producción masiva de alimentos.

El segundo tópico es el incremento de inseguridad y violencia. Es conocido que desde muchos años atrás el noroeste mexicano ha sido una región con altos niveles de incidencia delictiva y de dolor que, aún y con una gran presencia militar y gasto público en armamento e inteligencia, no puede (¿?) ser erradicada. En cambio, es esta misma zona donde se agudizó la llamada “guerra contra las drogas”, que no sirvió para otra cosa más que para criminalizar a las comunidades rurales y campesinas que produjeron por muchos años plantas como marihuana y amapola hasta que el mercado de los opioides sintéticos fue más rentable –por cierto, en Estados Unidos–, dejando una huella de impunidad. Fue y ha sido una guerra incesante impulsada por Estados Unidos bajo el argumento de una crisis sanitaria que arrastra por campañas internas de corrupción y descontrol médico y gubernamental.

Los grupos criminales que se desarrollaron durante todos estos años no pudieron existir sin ese manto de impunidad y el financiamiento de empresas especializadas en el trasiego y comercio de drogas. Ahora esas organizaciones, llamadas también carteles, son enormes aparatos de violencia que dominan zonas que ahora llamamos silenciadas. Esas mismas empresas criminales ahora ha sido catalogadas como “narcoterroristas” por el gobierno de Estados Unidos, incluso con fundamentos legales establecidos en ese mismo país para intervenir en otros bajo una estrategia militar y armamentista. El ejemplo más cercano es el de Venezuela, donde bombardearon y militares pisaron suelo venezolano para detener a su presidente con acusaciones de narcoterrorismo y corrupción. No se puede defender para nada que Nicolás Maduro haya sido un dictador que usó recursos del Estado para beneficio propio, pero tampoco una intervención extranjera, que además hizo público que tomará los recursos petroleros del país con mayor número de reservas en el Mundo.

Las conversaciones de funcionarios estadounidenses con empresarios sinaloenses siempre fueron acompañadas con una pregunta: ¿sería lo mejor enviar drones para atacar a los carteles?

La pregunta podría parecer sacada de alguna serie de televisión donde habitualmente hay buenos y malos, y regularmente Estados Unidos termina siendo el salvador o mesías en medio de la problemática. Pero vale la pena tener una pizca de conocimiento sobre los territorios donde las organizaciones criminales tienen su dominio: es el mismo donde están las tierras raras, la minería y los proyectos logísticos. Si se pudiera sobreponer los mapas de cada cosa, entonces veríamos que son los mismos lugares. Sería muy inocente decir que es una gran coincidencia.

Una intervención militar en México con la justificación de narcoterrorismo no está tan alejado como se puede pensar. Esas pláticas y preguntas sobre ataques, principalmente una más que hicieron: “¿A caso creen que no es cierto que pueda enviarse drones con bombas?”