¿Quién regula al Estado cuando falla?

Desde 2024, la violencia en Culiacán dejó de sentirse como un evento aislado para convertirse en parte del día a día. Ya no aparece solo en las noticias; está en las conversaciones, en las decisiones cotidianas, en el miedo que se aprende a administrar. Vivimos con la sensación de que algo se rompió y de que, aun así, se espera que todo siga funcionando como si nada.

En ese contexto han ocurrido desapariciones y asesinatos que marcaron a la ciudad y al estado. Niños como Gael y Alexander, su papá Antonio, jóvenes como Fernando Alan. Personas que no estaban en medio de una disputa criminal, que no eran “daños colaterales”, sino vidas concretas, familias reales. La forma en la que estos hechos se integraron rápidamente al ruido informativo dice mucho del punto en el que estamos. Nos indignamos unos días y luego seguimos, porque parece que no hay otra opción.

Cada vez que ocurre algo así, se escucha una frase que se está repitiendo en el colectivo social: no podemos detener la vida. Y es cierto, nadie está pidiendo que el país se paralice. Pero esa frase también funciona como una forma de anestesia. Porque para algunas personas la vida sí se detuvo de forma definitiva, y esa realidad no parece tener consecuencias claras para quienes tienen la obligación de evitarlo.

En el ámbito empresarial hablamos con frecuencia de responsabilidad social. Exigimos, y con justa razón, que las empresas respeten derechos humanos, cumplan la ley, rindan cuentas, reparen daños cuando fallan. Las señalamos cuando no lo hacen. Hay marcos, estándares, auditorías, denuncias públicas. No siempre funcionan como deberían, pero existen y se invocan constantemente. Lo que nos puede llevar a cuestionarnos, ¿qué pasa entonces con la responsabilidad social del gobierno? No como concepto retórico, sino como obligación real frente a la vida de las personas. La seguridad, la prevención de la violencia y la protección de la ciudadanía no son tareas opcionales ni secundarias, son la base misma del Estado.

El gobierno, en la práctica, opera como una organización enorme que administra recursos públicos. Funciona con el dinero de los ciudadanos. No genera riqueza por sí mismo; la extrae vía impuestos, derechos y contribuciones, con la promesa implícita de devolverla en servicios básicos: seguridad, justicia, infraestructura, bienestar. Sin embargo, a diferencia de una empresa, los ciudadanos no podemos auditarlo directamente, no podemos exigirle cuentas con la misma claridad ni aplicar consecuencias reales cuando falla.

No se trata de decir que una empresa y un gobierno son lo mismo, ni de confundir responsabilidades. La comparación no es técnica, es ética. Si una organización privada que maneja recursos propios está sujeta a vigilancia, evaluación y presión social constante, ¿por qué una organización que maneja recursos de todos y tiene como responsabilidad mínima proteger la vida parece operar con un margen tan amplio de impunidad?

Esto no es una crítica partidista ni una postura ideológica. Es una pregunta profundamente humana. ¿Quién vigila al que debería proteger? ¿Quién regula al gobierno cuando falla en su responsabilidad más básica? ¿Qué mecanismos reales tenemos los ciudadanos para exigir cuentas cuando ni siquiera lo mínimo se sostiene?

Los organismos internacionales observan, emiten recomendaciones, documentan. Pero en la práctica, la soberanía suele funcionar como un escudo cómodo para que poco cambie. Mientras tanto, la sociedad aprende a adaptarse, cambia horarios, modifica rutas, baja la voz, mira hacia otro lado.

Tal vez el problema más grave no es solo la violencia, sino la normalización. La aceptación tácita de que así son las cosas y no hay mucho que hacer. Cada vez que aceptamos esa idea para no incomodar, para no cansarnos, para no sentirnos impotentes, algo se va erosionando. No es el orden. Es el valor que le damos a la vida.

Hablar de responsabilidad social sin incluir al Estado deja la conversación incompleta. Y seguir viviendo como si nada pasara no es neutral, también es una decisión. Una que, poco a poco, nos acostumbra a convivir con lo inaceptable.