Reformas Laborales Para un País que no Existe

Las nuevas leyes laborales en México promueven menos horas de trabajo, más días de descanso, mejores salarios y reconocimiento de derechos.

Creo que está bien. El empleo no debe ser sinónimo de agotamiento. La vida de las personas debe tener mucho más valor que sólo su desempeño laboral.

También pienso que más horas trabajadas no necesariamente equivalen a más valor generado. La productividad depende de muchas otras cosas: que el trabajador tenga un entorno de bienestar integral, descanso suficiente, vida social, hobbies, familia, y actividad física.

Las empresas que quieran producir más con menos horas de trabajo y más costos laborales, tendrán que invertir en capacitación, herramientas tecnológicas, optimización de procesos, y el uso intencionado (y bien gobernado) de la Inteligencia Artificial.

El gran problema de estas nuevas leyes es que no consideran que el Estado mexicano es el único con la responsabilidad y la capacidad de transformar el entorno para que estos derechos puedan cumplirse.

Los promotores de las reformas obligan a las empresas a pagar los costos, pero no se atreven a obligar al gobierno a hacer su parte.

Para trabajar menos horas y producir más, necesitamos que el sistema educativo mejore su calidad, que los servicios de salud pública funcionen de verdad, que la seguridad sea una realidad en ciudades y carreteras, y que se invierta en infraestructura.

No hay productividad sin trabajadores educados, saludables y seguros. Tampoco sin electricidad barata y confiable, carreteras funcionales y logística eficiente. No podemos tener leyes laborales de primer mundo, en un país donde todo lo demás es deficiente.

Además, en México más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin contrato, sin prestaciones, sin acceso a seguridad social y fuera del alcance de las nuevas disposiciones legales.

Sin un plan real para incorporar a todas las empresas y los trabajadores a la formalidad, la promoción de más derechos sólo aplica a los que ya están dentro. Subir el salario mínimo, ampliar vacaciones o reducir la jornada laboral sin la voluntad política de formalizar a toda la economía, es seguir fomentando un régimen de excepción que por tantos años nos ha condenado a ser un país de baja productividad.

El mensaje desde el Gobierno es claro: imponemos obligaciones a las empresas formales de siempre, sin pagar el costo político de incorporar a todos en la formalidad. El resultado es una competencia desleal por parte de la mitad de la economía que no va a asumir los costos de cumplir con las nuevas leyes, y a la vez es una invitación para no formalizarse.

Un recordatorio más de que el país no se transformará con decretos y con obligaciones que sólo van a cumplir unos cuantos. A México se le transforma cuando todos, incluyendo el Estado Mexicano, ponen su parte y pagan por lo que les toca.