Sin transparencia, la obra pública queda a oscuras

Por: Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

En Sinaloa, la transparencia se agota mientras la discrecionalidad crece. A pocas semanas de que desaparezca por completo la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), no existe certeza ni garantía de que el derecho de la ciudadanía a saber vaya a estar debidamente protegido. Al día de hoy, la sociedad sinaloense desconoce cuál será la iniciativa de ley que respalde la reforma constitucional aprobada de manera fast track y discrecional en diciembre de 2025 por el Congreso local.

Si bien se ha dicho que dicha iniciativa se alineará a la Ley General de Transparencia y que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) asumirá el papel de autoridad garante del derecho de acceso a la información, lo cierto es que persisten múltiples dudas y vacíos legales que las y los legisladores no han aclarado. Entre los principales riesgos destacan los siguientes:

Vacío institucional de información.

Durante el periodo que transcurra entre la desaparición de la CEAIP y el pleno funcionamiento de los nuevos órganos garantes, surge una pregunta fundamental: ¿quién garantizará el acceso a la información pública? No hay claridad sobre cómo se continuará entregando información, si existirá un proceso formal de transición de funciones o si, en los hechos, la ciudadanía quedará en un limbo informativo.

Medios de defensa ciudadanos debilitados.

La futura ausencia de la CEAIP también deja en el aire el destino de los recursos de revisión que no hayan sido resueltos. ¿Se sobreseerán?, ¿pasarán a otra instancia?, ¿o se resolverán de manera apresurada antes de la extinción del órgano autónomo? Esta preocupación no es hipotética: en otras entidades del país ya se han vivido escenarios similares, todos desfavorables para el ejercicio efectivo del derecho a saber.

Designación de titulares sin garantías.

La experiencia reciente demuestra que el perfil de quienes encabezan las instituciones sí importa. Por ello, resulta indispensable conocer cómo se designará a las y los titulares de los nuevos órganos garantes o si esta responsabilidad recaerá en los órganos internos de control. De ser así, estaríamos ante una señal clara de debilitamiento de la transparencia, al concentrar funciones sin contrapesos reales.

Posibles conflictos de competencia.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su artículo tercero, fracción IV, la autoridad garante local conocerá también de los asuntos en materia de transparencia de los municipios. Esta disposición abre la puerta a una posible invasión de competencias, lo cual resulta alarmante desde una perspectiva constitucional y plantea un reto que el Congreso local está obligado a resolver.

Estos son solo algunos de los cuestionamientos que emergen frente al vacío institucional que se avecina. Cada día que pasa, la lista crece, mientras las respuestas siguen sin llegar.

Pero, ¿por qué debería importarle esto a la ciudadanía? Porque en Sinaloa están en marcha dos mega préstamos para obra pública por más de 4 mil 500 millones de pesos. La mitad de esas obras ya se ejecutan y la otra mitad ni siquiera ha sido definida. Con la desaparición de la CEAIP, las y los ciudadanos dependerán casi exclusivamente de la información que se publique en Compranet Sinaloa, una plataforma que, según el Índice de Transparencia de Obras Públicas (ITOP) 2024–2025, apenas alcanza un cumplimiento promedio del 49.58% en licitaciones públicas y cae a un nivel crítico de 39.3% en adjudicaciones directas.

Esto significa que, si una persona intenta conocer el contrato, el catálogo de conceptos, el proyecto arquitectónico o cualquier documento relacionado con la obra pública que se realiza en su colonia, lo más probable es que no encuentre esa información por omisiones institucionales. Su única alternativa sería presentar una solicitud de acceso a la información y, en caso de no recibir respuesta, quedaría prácticamente bloqueada, al no existir un órgano autónomo que resuelva un recurso de revisión, al menos mientras se instala y capacita al nuevo ente garante.

Así es como, en los hechos, se vulnera el derecho a saber. Y al día de hoy, no existen garantías claras de que este escenario será distinto.

Confiemos en que el Congreso de Sinaloa abrirá el proceso legislativo para la nueva Ley de Transparencia, escuchando a la ciudadanía y a la sociedad civil. Porque en un contexto de crisis de seguridad y de incertidumbre económica, sumar una crisis de opacidad y falta de información sería no solo irresponsable, sino profundamente regresivo.