Conforme se acerquen las elecciones, escucharemos propuestas para generar empleos, atraer inversiones, mejorar los servicios y recuperar la seguridad. Cada candidatura ofrecerá soluciones. Algunas llegarán antes de contar con un diagnóstico suficiente de los problemas, sus causas y las capacidades disponibles para atenderlos. También existe el riesgo de que cada equipo o partido quiera inaugurar su propia ruta, relegando esfuerzos que requieren continuidad.

Sinaloa ha construido dos recursos que deberían ocupar un lugar central en esa discusión. El primero está en sus instituciones científicas y educativas. Universidades, tecnológicos y centros de investigación reúnen personas, conocimientos e infraestructura que pueden contribuir a entender los problemas regionales. Sus limitaciones son conocidas. La especialización mantiene a numerosos grupos académicos aislados entre sí y sus agendas de investigación están poco vinculadas con las necesidades del territorio. Aun con esas limitaciones, reúnen capacidades que deben incorporarse a un esfuerzo compartido de desarrollo regional.

El segundo recurso es el proceso de planeación de largo plazo impulsado por CODESIN con acompañamiento del PNUD. Su construcción abre una oportunidad para acordar prioridades económicas y conectar las capacidades del estado con una ruta de desarrollo. Habrá que discutir sus propuestas, revisar sus fundamentos y ampliar la participación social. Su utilidad dependerá de que esos acuerdos encuentren respaldo en presupuestos, proyectos y decisiones públicas.

Quienes aspiren a gobernar podrían comprometerse a construir un sistema regional de innovación y conocimiento que conecte esas capacidades con la ruta de desarrollo. Su punto de partida sería una agenda de problemas prioritarios, acordada entre universidades, gobiernos, empresas y organizaciones sociales. Cada problema requeriría equipos de distintas disciplinas, participación de las comunidades involucradas y una institución responsable de utilizar los resultados.

Ese sistema necesita una coordinación con respaldo del Ejecutivo, donde CONFÍE, CODESIN y las instituciones participantes acuerden proyectos y aporten recursos. El financiamiento tendría que cubrir la investigación, las pruebas y la aplicación de soluciones. Los compromisos deberían mantenerse durante varios años y evaluarse por sus contribuciones a las políticas públicas, la producción, el empleo y el bienestar.

Sinaloa puede apoyarse en la experiencia de otras regiones que han conectado sus capacidades científicas con las necesidades del desarrollo. Estos modelos combinan prioridades compartidas, financiamiento sostenido y equipos que acompañan las soluciones desde la investigación hasta su aplicación.

Quienes busquen la atención y el respaldo de los votantes tienen aquí una tarea concreta. Explicar cómo reunirán las capacidades de las instituciones científicas y educativas con las prioridades que surjan de la planeación del desarrollo, y qué compromisos asumirán para sostener ese esfuerzo. La credibilidad de sus propuestas dependerá también de reconocer lo que otros han construido y darle continuidad con recursos y responsabilidades claras. Sinaloa necesita un gobierno capaz de convertir ese trabajo acumulado en soluciones que lleguen a sus habitantes.

 

 

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