La mayoría de los ejercicios de medición de la violencia y estimación de daños coinciden en echar abajo los indicadores que para el Gobierno Federal significan disminución en delitos de alto impacto, pero que en Sinaloa recalcan la preocupación ciudadana por la crisis de la seguridad pública que registra repercusiones generalizadas y, por lo tanto, plantea la exigencia de que las instituciones nacionales, estatales y municipales reconozcan la gravedad de problema como primer condicionante para resolverlo.
En el verificado que publica hoy ESPEJO se demuestra que existe en Sinaloa el recrudecimiento en lo que respecta a homicidios dolosos pues la conjetura oficial de incidencia mensual a la baja continúa muy distante en este tipo de delitos en comparación a los perpetrados antes del 9 de septiembre de 2024 cuando inició la narcoguerra y, como muestra, en octubre de 2026 ocurrieron 169 en comparación contra los 130 del mismo mes de 2025.
Inclusive el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta más homicidios dolosos que los que reporta la Fiscalía General del Estado. En 2025, según el INEGI, hubo mil 966 muertes violentas en Sinaloa, mientras que la FGE informó de mil 729 casos, con una diferencia que “desaparece” más de 250 defunciones debido a ataques con armas de fuego.
El manoseo de la autenticidad para moldearla a la estrategia que en el discurso presenta discrepancia con los hechos reales se ha vuelto práctica reincidente en el régimen de la Cuarta Transformación, disparidad que le aporta a la duda colectiva que pone en tela de juicio la voluntad gubernamental para contener al crimen organizado o la disposición sólo de maquillar la verdad y ofrecerla como respuesta a masas desesperadas e impotentes frente a la atrocidad delincuencial.
La manipulación del impacto que la embestida criminal tiene en la población pacífica lleva a la interrogante de si la violencia en Sinaloa es administrada mediante engaños, o la combate el Estado con todas sus posibilidades disponibles. Cualquier revisión que se realice de la incidencia delictiva pone al descubierto el ocultamiento de casos que no ayuda a brindar soluciones cuando las acciones están fundadas en simulaciones.

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