Va a ser muy difícil superar esta ola de violencia encerrados en nuestras casas. La inseguridad ha impuesto en Sinaloa un estricto toque de queda. Las calles vacías son el reflejo del miedo y la desconfianza. En Culiacán pocos se atreven a salir después de que se oculta el sol.
La esperanza de una vuelta a la normalidad está puesta, casi por completo, en factores externos a nosotros mismos. Aguardamos con temor el envío de más elementos de seguridad, confiando en que policías y militares puedan aliviar nuestra angustia con patrullas blindadas, helicópteros y artillería.
Nada de esto podrá construir una paz duradera, porque la violencia no siempre es ocasionada por la ausencia de gobierno. Creemos que más policías traerán automáticamente más paz, porque nos acostumbramos a pensar la paz y la violencia dentro de los límites de las instituciones del Estado.
Pero, contrario a la idea dominante del derecho positivista, la cual sostiene que sin ley formal hay caos y que sin una autoridad que castigue emerge la anomia y el desorden, las investigaciones desde la antropología muestran que la violencia también puede ser contenida socialmente desde el interior de las comunidades.
Estudios clásicos como los de Bronislaw Malinowski revelan la existencia de sociedades sin normas escritas, sin instituciones formales, sin burocracias administrativas ni oficiales que imponen el cumplimiento de la ley y que, aun así, cuentan con sistemas eficaces para regular el conflicto, el crimen y la violencia.
En su trabajo de campo en las Islas Trobriand, Malinowski mostró que la contención de la violencia dependía de un entramado denso de obligaciones sociales, rituales y expectativas compartidas que regulaban la conducta individual. Los conflictos, ya fueran disputas por tierras, ofensas personales o tensiones entre clanes, se gestionaban mediante mecanismos públicos de compensación, intercambio y mediación, donde la reputación y el honor jugaban un papel central.
El sistema de reciprocidad, expresado en prácticas como el kula, hacía que cualquier acto violento tuviera consecuencias sociales duraderas. Quien rompía el equilibrio corria el riesgo de quedar excluido de redes fundamentales de cooperación económica, ritual y afectiva.
De este modo, la violencia era contenida menos por el miedo al castigo físico que por la presión constante de la vida colectiva, donde el reconocimiento social, la pertenencia y la continuidad de las relaciones eran bienes demasiado valiosos como para ponerlos en riesgo.
Ciertamente, es muy complicado que en urbes metropolitanas de más de un millón de habitantes, como Culiacán, la contención de la violencia pueda prescindir por completo de la fuerza del Estado para descansar únicamente en lazos comunitarios de tipo tribal. Sería ingenuo plantearlo en esos términos.
Sin embargo, estos estudios antropológicos nos permiten imaginar estrategias de pacificación que se puedan implementar al margen, o al menos más allá, de la militarización de la seguridad pública, sobre todo a una escala comunitaria, es decir, a nivel de los barrios, las colonias y en los espacios de convivencia cotidiana.
Pongamos un ejemplo concreto. Recientemente se construyó una caseta de policía en el parque ecológico del Jardín Botánico de Culiacán, a la que diariamente llegan elementos municipales armados. Aunque la intención es brindar una sensación de seguridad a la ciudadanía, en la práctica la estrategia produce el efecto contrario, ya que muchos vecinos perciben que la presencia permanente de policías armados puede detonar una balacera en cualquier momento.
Un impacto muy distinto habría tenido, en ese mismo espacio, un centro comunitario que atrajera ciudadanía mediante talleres, actividades culturales y exposiciones, donde la presencia constante de vecinos, estudiantes, familias y trabajadores produjera algo más elemental que la vigilancia: vida social.
Como muestran los estudios de Malinowski, la seguridad no se genera únicamente por la amenaza del castigo corporal, sino por la densidad de los vínculos, por la mirada del otro, por la rutina compartida que hace visible quién pertenece y quién se desvía del pacto colectivo.
La lección que nos deja mirar la violencia desde la antropología no es que debamos prescindir del Estado, sino que la violencia se reduce de forma más sostenible cuando la comunidad recupera capacidad de regulación simbólica.
Para Culiacán, esto conlleva reconstruir espacios donde la norma se negocie, se refuerce y se haga creíble desde abajo, a partir de la interacción de la ciudadanía en comités vecinales con funciones reales, proyectos culturales barriales, escuelas abiertas por la tarde, parques activos y apropiados por la gente, no como adornos urbanos, sino como infraestructuras de convivencia.
El mayor error en todos estos años ha sido pensar la seguridad como un problema exclusivamente técnico y armado, cuando en realidad es también un problema cultural y relacional.
Una ciudad vacía puede ser más peligrosa que una ciudad vigilada, porque el miedo deshace los lazos que sostienen la vida colectiva. Para recuperar la seguridad en Culiacán tenemos que volver a habitar la ciudad, reactivar la confianza mínima entre desconocidos y reconstruir, desde lo cotidiano, ese tejido comunitario sin el cual ninguna paz puede durar.

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