UPPSALA YA NOS VIO

La semana pasada, una amiga que ya no vive en Culiacán escribió en X que desde el momento en que dijo que no podía más con esta ciudad sentía que había perdido el derecho a opinar sobre lo que pasa aquí. Le preocupan su familia y sus amigos, dice que siente que viven en una ruleta rusa y desea, desde lejos, que esta pesadilla se acabe. Hace más de 4 años que se marchó.

Mi respuesta a su comentario fue lo contrario: más que nunca necesitamos que quienes están afuera hablen de Culiacán, pregunten por Culiacán y nos obliguen a mirar lo que vivimos con otros ojos. Vuelvo a repetir, ¡lo que vivimos aquí NO ES NORMAL!

Quien se fue todavía puede ver. Quienes permanecemos aquí también nos hemos ido acostumbrando, así funciona la supervivencia. Cambiamos horarios, ya no salimos de noche, dejamos de circular por ciertos lugares, revisamos antes de salir a la calle, aprendemos qué zonas evitar y hasta alcanzamos a distinguir, por el sonido, si los disparos fueron cerca o lejos. Lo hacemos para seguir trabajando, llevando a los hijos a la escuela, haciendo compras, viviendo. Le decimos precaución. Se convierte en costumbre, y con la costumbre lo anormal deja de notarse. Poco a poco vamos moviendo la raya. La semana pasada, en Mazatlán, apareció asesinado Marco Alejandro, de 13 años, estudiante de secundaria, y un niño de dos años murió  en el penal El Castillo mientras visitaba a un familiar. En septiembre, en Culiacán, murió un bebé de un año en un ataque armado. Es Sinaloa entero.

Mirar desde afuera

Mirar desde afuera fue algo en lo que insistí mucho a mis alumnos de Desafíos Globales en el Tec de Monterrey: si quieren entender lo que pasa en su propia casa, en su ciudad, en su país, véanlo también desde afuera. Lean la prensa local, la nacional, la internacional. Revisen qué estudian las universidades, qué documentan los organismos y cómo aparece su realidad cuando se coloca junto a la de otros lugares del mundo. Y esto se los digo a ustedes también, plebes. El que alguien viva a miles de kilómetros no significa que entienda mejor Culiacán que nosotros; la distancia ayuda a recuperar perspectiva.

Una de las herramientas que revisamos fue el Uppsala Conflict Data Prog (UCDP), de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Abres el mapa y aparece todo el mundo. Después buscas México. Luego haces zoom y ahí está Sinaloa. Es decir: a más de nueve mil kilómetros de Culiacán, una universidad sueca tiene identificados a los grupos, los enfrentamientos y los muertos. Uppsala ya nos vio y tiene registrados a nuestros muertos hasta el 2025.

Su programa UCDP lleva décadas contando la violencia organizada en el mundo, y la divide en tres tipos: la estatal, donde uno de los bandos es un gobierno (sea contra otro país o contra un grupo armado dentro del suyo); la no estatal, entre grupos organizados sin gobierno de por medio, como los cárteles; y la unilateral, cuando un grupo armado ataca a civiles. Su base llega hasta 2025 y México aparece en las tres. Entre 1989 y 2025 le suma 149,132 muertos: 208 de violencia estatal;  1,159 de violencia contra civiles y 147,765 de violencia no estatal. Su resumen de 2025 dice que la violencia en el país bajó, menos en Sinaloa, donde hubo choques intensos entre facciones del Cártel de Sinaloa así como de sus aliados.

Aquí plebes, lo que me interesa no es el conteo exacto del UCDP, sino lo que ellos mismos advierten: que las cifras de muertos pueden no captar toda la violencia, y que en Sinaloa las desapariciones reportadas fueron comparables a los homicidios registrados. Acá lo sabemos. El colectivo Sabuesos Unidas AC contaba en agosto al menos 6,500 desaparecidos desde septiembre de 2024. Su presidenta, María Isabel Cruz Bernal, dijo que la Fiscalía registraba 4,000. Desde Suecia alcanzan a ver una violencia tan intensa que la pusieron en el mismo mapa que los conflictos del mundo entero. Nosotros, que la vivimos, corremos el riesgo de acostumbrarnos a ella.

Y, sin embargo, ni ese mapa ni las estadísticas de gobierno alcanzan a medir lo que la violencia le hace a la vida diaria de una población, más allá de registrar homicidios y hacer carpetas. En el mapa se ponen los puntos donde hubo muertos. Pero aquí en Sinaloa, no se tiene dónde poner a la gente que salió corriendo con lo que pudo cargar, al menos no de manera digna y humanitaria.

Lo que el mapa no alcanza a medir

Esmeralda Quiñónez es lideresa de la Bicentenario y defensora de derechos humanos, ya reconocida. Hablé con ella la semana pasada. Me contó lo que está ocurriendo alrededor de la colonia y del basurón de Culiacán, uno de los lugares a los que están llegando familias desplazadas por la violencia. Su estimación es dae más de 650 familias desplazadas, alrededor de 2,500 personas. No es un padrón oficial y precisamente ése es parte del problema: seguimos sin tener claridad pública sobre cuántas personas han sido desplazadas, dónde están, de qué comunidades salieron, cuántas pueden regresar y cuántas ya perdieron cualquier posibilidad de hacerlo. Revista Espejo ya ha tocado el tema en diferentes momentos.

La semana pasada el propio Gobierno del Estado informó que acudió a la Bicentenario y al relleno sanitario para atender a más de 500 familias y que continuaba registrando a otras de “reciente incorporación”, ¡SIGUEN LLEGANDO! Les llevaron despensas, colchonetas, cobijas, ropa, calzado, artículos para bebés, agua y otros apoyos. Qué bueno. Pero eso es atención de emergencia. No es una política integral, que deberían tener desarrollada e implementada desde hace años, para atender a las familias y personas que perdieron su casa, su tierra, su empleo, la escuela de sus hijos, sus redes familiares y, muchas veces, hasta la posibilidad de regresar.

Un catre y una despensa

En mi opinión, la SEBIDES fue a atender por presión social y mediática. Antes de eso, según me cuenta Esmeralda, la respuesta para muchas familias desplazadas era prácticamente la misma: un catre y una despensa. Debut y despedida. ¡Adiós! Pero me voy a detener poquito aquí, plebes.

Un catre resuelve dónde dormir. Una despensa resuelve qué comer unos días. Nadie reconstruye una vida con eso. Una familia desplazada necesita mucho más: vivienda temporal digna, escuela, atención médica, acompañamiento psicológico, documentos, seguridad, empleo, asesoría jurídica y una ruta clara para saber qué sigue: regresar si hay condiciones o rehacer la vida en otro lado si no las hay. Eso no es un favor de gobierno. Son sus derechos.

Y tampoco el gobierno puede alegar desconocimiento. Sinaloa tiene desde el 21 de agosto de 2020 una ley específica para atender el desplazamiento forzado interno: Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa. El mismo decreto metió al Código Penal el delito de desplazamiento forzado interno. La propia ley obliga a los poderes públicos a proteger a quienes la violencia expulsa de sus hogares. El problema tiene nombre, tiene ley y, en el papel, hasta un fondo especial para atenderlo. Y lleva años siendo advertido.

¿Y a quienes los defienden? Esmeralda recibió amenazas hace meses y por eso pidió medidas de protección. ¿Qué le dieron? No las dos o tres camionetas de Seguridad Pública o Guardia Nacional que cuidan a la precandidata de MORENA al gobierno del Estado, pero sí un chaleco antibalas con la leyenda “Defensora de Derechos Humanos”, por si quien le apunte le da por leer y se detenga. Tampoco quienes gobiernan han estado solos para aprender cómo hacerlo.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lleva años acompañando a Sinaloa: ha trabajado con SEBIDES en reglamentos, programas, capacitación y en el propio registro de personas desplazadas; incluso acompañó su pilotaje en Tepuche, Culiacán, Concordia, Mazatlán y Choix (2023). Después de iniciada esta guerra siguió compartiendo herramientas para evaluar necesidades y atender a las familias. ACNUR puede asesorar, capacitar y acompañar, pero lo que no puede hacer es gobernar por ellos. La obligación sigue siendo del Estado.

Con las historias de las familias asentadas alrededor del basurón, es inevitable pensar en las imágenes de los campamentos de refugiados. No son refugiados: no cruzaron una frontera internacional, son desplazados internos. Y tampoco voy a romantizar los campos de refugiados, porque muchos funcionan en condiciones terribles. La diferencia que me importa es otra: cuando una crisis humanitaria obliga a miles de personas a huir, existen protocolos, registros, albergues, protección y una estructura para atenderlas. Aquí llevamos años con ley, asesoría internacional y herramientas disponibles, y todavía encontramos familias sobreviviendo junto a un basurón y, en muchos casos, viviendo de él.

Antes de la frontera

En Desafíos Globales hablamos de migración, de países de origen, tránsito y destino, y de las responsabilidades que tiene cada uno. Casi siempre pensamos que la migración empieza cuando alguien cruza una frontera. Pero no. El desplazamiento inicia mucho antes.

Empieza también cuando una familia tiene que abandonar su comunidad en la sierra porque ya no puede permanecer ahí. Llega a Culiacán buscando seguridad, pero si aquí tampoco encuentra dónde vivir, trabajo, escuela para sus hijos o condiciones para rehacer su vida, vuelve a moverse. A otra ciudad, a otro estado y, eventualmente, al norte. Y cuando termina cruzando la frontera, nuestras autoridades empiezan a preguntarse qué debe hacer Estados Unidos con ella, pero no qué dejamos de hacer nosotros cuando todavía estaba aquí.

Si en verdad queremos hablar de responsabilidades compartidas en materia migratoria, tenemos que empezar por las responsabilidades en el lugar de origen. Y en este caso el origen somos nosotros. Mientras sigan dentro de Sinaloa y de México, proteger a esas familias es primero responsabilidad del mismo Estado que no pudo evitar que huyeran de sus comunidades.

No estoy diciendo que mañana Naciones Unidas o Estados Unidos vayan a resolver lo que no hemos podido resolver nosotros. Estoy diciendo que la magnitud de la crisis humanitaria ya exige mucho más que apoyos ocasionales y discursos sobre normalización.

Necesitamos un padrón público que diga cuántos desplazados hay, dónde están, de dónde vienen y qué necesitan; albergues dignos con agua, luz, servicios básicos; escuelas, atención médica, empleo, protección y presupuesto; mecanismos para recuperar propiedades o regresar a las comunidades cuando existan condiciones. Debemos tener transparencia para saber cuánto del fondo especial de la ley se ha gastado, y en qué; así como también, acompañamiento internacional.

Necesitamos que nos sigan mirando

La mirada externa nos sirve para romper la costumbre.

Mi amiga no perdió el derecho a hablar de Culiacán porque se fue. Al contrario. Ella todavía puede mirar ciertas cosas que quienes vivimos aquí hemos aprendido a incorporar a nuestra rutina. Por eso quiero que haya ojos de afuera y voces que hagan las preguntas correctas y concretas. La prensa nacional y la internacional, volteando. Las universidades, investigando. Los organismos internacionales, preguntando y acudiendo. Y la prensa local, sin soltar el tema. Con todo documentado, esto no vuelve a parecernos la manera en que nos tocó vivir.

Uppsala ya nos vio. Ahora falta que el Gobierno de Sinaloa deje de administrar la emergencia, de repartir paliativos y de esperar que nos acostumbremos. Que informe, proteja, atienda, sea transparente y resuelva. Para eso está.