Culiacán, Sinaloa.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) realizó un registro de alrededor de 200 familias desplazadas de Culiacán y Badiraguato que actualmente se encuentran asentadas en la capital sinaloense, donde algunas viven en construcciones de madera y lámina junto al Basurón de Culiacán, de acuerdo a Esmeralda Quiñones.
La activista señaló que el acercamiento del organismo internacional ocurre mientras integrantes de esta población denuncian que han participado en censos y reuniones con autoridades estatales sin que se resuelvan necesidades como vivienda y servicios básicos.
“A una señora la han censado cuatro veces, cinco veces, y no le han ayudado. Me dijo: ‘Me dieron un catre y una despensa. ¿A dónde pongo un catre si no tengo dónde vivir? Una despensa, ¿a dónde, si no tengo dónde cocinar?’”, relató Quiñones sobre el testimonio de una mujer desplazada.
De acuerdo con Quiñonez, representantes de organismos internacionales acudieron al asentamiento para recorrer la zona, conocer las condiciones de las familias y escuchar sus necesidades. Para Quiñones, buscar este acompañamiento fue una alternativa después de las gestiones realizadas ante el Gobierno estatal que, hasta este momento, no han obtenido una solución.
“La ONU era nuestra última opción y suena bien padre que nos volteen a ver, pero necesitamos que nos ayuden, la verdad”, dijo.
ACNUR ha colaborado con el Gobierno de Sinaloa en materia de desplazamiento forzado interno, de acuerdo con información publicada en su sitio oficial. El organismo ha trabajado con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en instrumentos para el registro de víctimas, así como en capacitación y acciones encaminadas al diseño de políticas públicas. Sin embargo, se desconoce si esta colaboración continúa vigente.
Quiñones sostiene que, pese a estos antecedentes, entre las familias existe cansancio por participar reiteradamente en reuniones y censos sin obtener soluciones.
El señalamiento ocurre además en medio de diferencias en los propios registros estatales. En julio, la investigadora Sibely Cañedo documentó que mil 18 familias dejaron de aparecer en un periodo de tres meses en las cifras de SEBIDES correspondientes a los desplazamientos ocurridos desde septiembre de 2024.
En febrero, la dependencia reportaba 2 mil 189 familias desplazadas durante ese periodo, mientras que para mayo la cifra correspondiente al mismo episodio de violencia era de mil 171.
“En la última reunión que íbamos a tener, la gente ya no quiso bajar del trabajo, ya no quiere perder su tiempo, porque saben que solamente son palabras”, señaló Quiñones.
Tras el acercamiento con organismos internacionales, la activista también participó en una convocatoria vinculada con ACNUR para obtener alrededor de 12 mil dólares. Presentó un proyecto para fortalecer el comedor comunitario que atiende a población desplazada, instalar puntos de hidratación y mejorar el suministro eléctrico mediante infraestructura para un transformador, sin embargo, la propuesta no fue seleccionada.
Quiñones señaló que tampoco todas las familias desplazadas enfrentan las mismas condiciones. Algunas, explicó, contaban con recursos para rentar, vivienda o redes de apoyo en Culiacán, mientras otras llegaron sin esas posibilidades.
Por ello, pidió que las autoridades realicen recorridos directamente en los asentamientos y consideren las condiciones particulares de cada familia al momento de otorgar apoyos.
“Traten de hacer un filtro de verdad y que le llegue a la gente que ocupe. Todavía tenemos esperanza, seguimos aquí, pero urge la ayuda”, señaló.
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Desde el pasado 16 de julio, ESPEJO ha solicitado información a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) sobre la atención a las familias desplazadas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta.
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