Visita presidencial: entre los festejos patrios y el olvido a las víctimas

Por Sibely Cañedo / Iniciativa Sinaloa

En este mes patrio, a dos años de guerra imparable, los sinaloenses se enfrentan una vez más a la paradoja de ser llamados a festejar en medio del dolor de haber perdido a sus seres queridos o de tenerlos desaparecidos, en medio de una crisis moral y económica que les ha robado la tranquilidad.

La paradoja resulta difícil de ignorar. ¿Cómo hablar de celebración cuando una parte de la sociedad sigue atravesada por el duelo, la desaparición y el miedo? ¿Cómo evocar a la patria cuando las víctimas de la violencia no encuentran justicia?

En los últimos días, dos actos oficiales marcaron la vida pública de Sinaloa: el regreso del Grito de Independencia, después de dos años de suspensión de los festejos públicos, y la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán este domingo, como parte de su gira nacional para presentar su Segundo Informe de Gobierno.

En su visita, con aire triunfalista, la presidenta aseguró que la gobernadora interina Graciela Domínguez cuenta con “todo el respaldo del Gobierno de la República” y que las fuerzas federales no se retirarán de Sinaloa.

Su llegada a Culiacán ocurrió, además, en un contexto complicado para Sinaloa. Apenas un día antes había sido liberado un empresario joyero de la capital sinaloense, privado de su libertad el jueves pasado, mientras persiste la violencia, derivada del conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. Un conflicto que se ha expandido al sur del estado y que tiene en jaque a municipios como Mazatlán y Escuinapa, donde se han disparado los homicidios dolosos y los feminicidios.

Sin mencionar expresamente a Donald Trump ni la acusación de EEUU contra políticos sinaloenses de tener nexos con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo recurrió una vez más al discurso de la soberanía. “La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”, expresó en el evento político, que según varios medios estuvo lleno de personas “acarreadas” y empleados de gobierno.

Así, resultó más significativo lo que la mandataria decidió callar:

Este mismo mes se cumplen dos años del inicio de la actual confrontación entre grupos criminales. En ese periodo, las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa contabilizan al menos 3 mil 81 homicidios dolosos y 176 feminicidios. Se trata, además, de un registro que considera únicamente a las víctimas que aparecen en carpetas de investigación, por lo que la dimensión real del impacto de la violencia letal puede ser mucho mayor.

A esto se suma la desaparición de más de 3 mil personas durante este periodo, de las cuales más del 60 por ciento continúan desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional. Son cifras que se suman a una crisis de desapariciones que en Sinaloa y en México tiene una historia mucho más larga y que ha dejado profundas heridas en cientos de comunidades.

También hay un dato que debería ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el futuro de Sinaloa: las juventudes han pagado una parte importante del costo de esta violencia. El grupo de edad entre los 20 y los 34 años concentra cerca de la mitad de las víctimas de asesinato y desaparición señaladas en este periodo.

Mientras tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI reporta que 81.3 por ciento de los sinaloenses se siente inseguro al vivir en el estado.

Frente a esta realidad, el problema no es únicamente que las víctimas no aparezcan en un discurso oficial. El problema de fondo es lo que ocurre cuando una sociedad deja de nombrarlas. Porque lo que no se nombra corre el riesgo de desaparecer también de la memoria colectiva y de la agenda pública.

Detrás de cada homicidio hay una familia que perdió a alguien; detrás de cada desaparición hay una ausencia que permanece abierta; detrás de cada desplazamiento hay una historia interrumpida y un territorio que dejó de sentirse propio. Y detrás de cada madre buscadora existe una lucha cotidiana contra el olvido.

Por eso, construir paz exige también construir memoria.

Durante su discurso, la Presidenta, recordó a los héroes de la Independencia, destacando que “ninguna potencia extranjera” definirá el destino de México ni de Sinaloa.

Enfatizó sobre los miles de apoyos sociales que entrega su gobierno con los impuestos de todos, prometió que el subsidio de energía eléctrica se ampliará un mes más en el estado, que pronto se tendrá la visita de la Secretaría de Hacienda para asignar presupuesto extraordinario a Sinaloa para que salga adelante. Pero de la inseguridad y de las víctimas, no hubo una sola palabra.

Una política pública comienza por reconocer un problema público, es decir un problema social que amerita el uso de los recursos del Estado para su solución. Y reconocerlo significa también nombrar a quienes lo han sufrido y a quienes deben participar.

En Sinaloa, el silencio institucional y la negación sistemática se han convertido también en nuevas formas de violencia. Una revictimización que resulta preocupante porque puede contribuir a normalizar una realidad que no debería normalizarse.

Recordar es reconocer. Nombrar es dignificar. Escuchar a las víctimas es reconocerlas como sujetas de derechos y no solamente como estadísticas de una crisis de seguridad.

Por eso, en medio de las celebraciones patrias, también habría que preguntarnos qué patria estamos construyendo cuando miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos y cuando tantas personas han aprendido a vivir con miedo. ¿Qué patria estamos construyendo cuando las víctimas son olvidadas y no acceden a la justicia? ¿Qué patria tenemos cuando recordamos a los héroes del pasado, pero ignoramos a las personas que construyen patria y luchan por los derechos humanos en el presente?

Si realmente se pretende construir paz en Sinaloa, las víctimas no pueden ocupar el margen del discurso público. Deben estar en el centro.

La construcción de memoria y paz tendrá que hacerse con la ciudadanía, escuchando a las madres buscadoras, a las familias de personas desaparecidas, a las juventudes y a los grupos que viven con mayor intensidad los efectos de la violencia.

Porque una sociedad que no olvida puede exigir justicia. Una sociedad que escucha a sus víctimas puede evitar que sean nuevamente invisibilizadas. Solo así se pueden construir las condiciones para que la violencia no vuelva a repetirse.