Culiacán, Sin.- El pasado jueves 2 de febrero entró en vigencia la nueva tarifa para el transporte público, llegando a costar hasta 15 pesos cuando la unidad cuenta con aire acondicionado. Esta actualización fue desaprobada por muchos usuarios de las líneas públicas, quienes señalan que se trata de un golpe directo a sus economías.

Ante ello, el “Movimiento No al Tarifazo”, formado por activistas y figuras públicas, realizó un posicionamiento. En dicho documento, compartido por redes sociales, se menciona que la movilidad es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y, dicen, no debe tratarse como un asunto ajeno a sus obligaciones.

Además, envían un mensaje hacia las autoridades competentes, entre las que se menciona a Yeraldine Bonilla, secretaria general del Estado; Marco Osuna, director de Vialidad y Transporte; María Teresa Guerra, coordinadora política del Congreso del Estado; Ana Francis Chiquete, secretaria de las Mujeres; y Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa.

En él, se solicita que se cumplan las siguientes exigencias:

 

  • El transporte público en México se reconoce como parte del derecho humano a la movilidad, elevado a rango constitucional en 2020.
  •  De conformidad con el Artículo 4º de la Constitución, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
  •  Mantener la tarifa actual del transporte público en $12.50.
  •  Mejorar la infraestructura de las unidades de transporte público, incluyendo la incorporación de unidades adaptadas para personas con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como en los artículos 7 y 2 (fracciones Il y VI, y Bis V), de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa (reforma del 6 de noviembre de 2024).
  •  Exigir capacitación certificada para los conductores en materia de trato digno, libre de violencia y acoso, así como la implementación de botones de pánico en cada unidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 (fracción II y Bis V), 3 y 5 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa (reforma del 6 de noviembre de 2024).
  • Prohibir la presencia de acompañantes de los conductores (“garbanzos”), debido a que fomentan prácticas de violencia, acoso y en su mayoría de los casos la explotación laboral de menores de edad.
  • Garantizar que TODAS las unidades cuenten con aire acondicionado en condiciones funcionales.
  • Solicitar transparencia en el uso de los recursos públicos otorgados a concesionarios (subsidios, apoyos, etc.), así como la evaluación de su posible incremento para mejorar el servicio.
  • Implementar sistemas de información accesibles para los usuarios, incluyendo mapas actualizados de rutas en unidades, puntos estratégicos de la ciudad y plataformas digitales.
  • Establecer sistemas de monitoreo mediante GPS para verificar el cumplimiento de rutas y horarios.
  • Crear rutas que conecten distintos puntos estratégicos sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad. En caso de que los concesionarios no puedan cubrir dichas rutas, el Gobierno del Estado deberá asumir la responsabilidad, conforme al artículo 27 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y a los principios establecidos en el artículo 2 Bis (fracciones I, II y IV) y artículo 5 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa (reforma del 6 de noviembre de 2024).

 

En el comunicado subrayan que los cambios no deberían limitarse a regresar a la tarifa anterior, sino que deben asegurarse de que todas las unidades de las líneas de transporte público sean dignas.

 

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