Buscar una salida digna para la UAS, aislándola de los apetitos políticos y corruptos que afectan a 200 mil integrantes de su comunidad, tiene que ver con hacer las cosas bien en el trabajo legislativo en curso.
EDITORIAL
Se trata de una maniobra servil que se ha generalizado en los congresos estatales controlados por Morena, y que reedita el modelo de aplanadora legislativa de la 4T en las cámaras de diputados y senadores.
Hoy cobra forma otra jornada de miedo al extenderse hacia la zona sur de la ciudad los enfrentamientos entre grupos rivales del Cártel de Sinaloa, sobre todo en la región del valle del río San Lorenzo que había sido el santuario natural de Ismael “Mayo” Zambada
Al gobierno le corresponde restablecer la seguridad pública con absoluto apego al marco legal, y a los sinaloenses exigir que ello suceda en el menor tiempo posible y sin pagar más el costo de vidas inocentes sacrificadas.
El amanecer de hoy en Culiacán está acabando no solo con la percepción pública de seguridad sino también con la confianza en gobernantes que administran el terror que resulta de los interminables eventos de criminalidad.
Los desenlaces de sucesos como el de ayer en la zona del cruce de las calles Leyva y Aldama, en Culiacán, abonan a la confianza en los cuerpos de seguridad pública y aportan al restablecimiento de la sensación de paz.
El Senado es en estos momentos la única y última posibilidad de frenar las decisiones autoritarias de López Obrador, volteando a ver a los que en los entornos nacional e internacional advierten de los riesgos de sacrificar la independencia de la Suprema Corte.
Si está en riesgo la Carta Magna que garantiza la igualdad ciudadana con los derechos cardinales a salvo, entonces nadie escapa de la vocación dictatorial que asoma con el régimen de la Cuarta Transformación.
A las autoridades e instituciones legítimas les corresponde crear los manuales y capacitar a la ciudadanía pacífica para que evite ser presa de la psicopatía del terror.
No deberían ignorar las protestas de organismos y gobiernos internacionales, ni las manifestaciones de sectores y el contexto que advierte que la sujeción de la judicatura a los caprichos del Mandatario federal pone al país en la ruta contraria a la lucha social por la democracia.
