Inédita ola de violencia en Rosario perturba a argentinos y pone a prueba a Milei

Rosario, Argentina.- La orden provino del interior de una prisión federal argentina. En una breve videollamada, varios narcos presos le encomendaron a un sicario de 15 años sellar el destino de un empleado de una gasolinera al azar.

Ese 9 de marzo, Bruno Bussanich silbaba y acomodaba unos recibos en la oficina de la gasolinera cuando un adolescente entró y sin mediar palabra le disparó tres tiros. El joven de 25 años cayó agarrándose el pecho y su agresor huyó con la pistola sin llevarse nada, según captaron las cámaras de seguridad del lugar en Rosario, la tercera mayor ciudad de Argentina y conocida internacionalmente por ser el lugar de nacimiento del astro del futbol Lionel Messi.

Cerca del cadáver había una nota que rezaba: “No queremos negociar nada… queremos nuestros derechos”. El mensaje, que además contenía la amenaza de “matar a más inocentes”, estaba firmado por narcos que operan en varias zonas de Rosario y fue dirigido a las autoridades de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra esa ciudad situada a 300 kilómetros de Buenos Aires.

La ejecución de Bussanich fue la cuarta ordenada por narcos encarcelados en el marco de una ola de violencia que no tiene precedentes en Rosario. Según la justicia, los crímenes fueron en represalia por la decisión de las autoridades de endurecer las condiciones de detención que los narcos cumplen en prisiones provinciales y federales desde las cuales siguen operando sus negocios.

Apaciguar Rosario y terminar con el poder narco que la tiene cooptada desde hace más de 15 años es uno de los principales desafíos del Presidente Javier Milei, quien ha vinculado el éxito de su gestión no sólo a salvar la hundida economía, sino a combatir la criminalidad.

“Estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad… Vamos a encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles”, afirmó el mandatario, un economista de ultraderecha que asumió el 10 de diciembre, sobre la muerte a tiros de Bussanich, dos taxistas y el conductor de un autobús.

Los atemorizados rosarinos aplauden la ofensiva coordinada del Gobierno nacional y del Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, contra las bandas narcos tras la inacción de administraciones anteriores. Pero al mismo tiempo temen que este enfoque combativo los deje atrapados en la línea de fuego.

“Estoy de acuerdo con la política del Gobierno en las cárceles. Se tiene que terminar esto de una vez por todas; pero por el otro lado [los narcos] se la agarran con el que no tiene la culpa”, apuntó Analía Manso, de 37 años.

En tanto, uno de los compañeros de trabajo de Bussanich, quien se identificó sólo como Ezequiel porque tiene miedo de ser blanco de ataques, afirmó que “en esta guerra entre narcos y políticos los que la pagamos somos los laburantes [trabajadores ]”.

Las represalias de las bandas comenzaron el mismo día en que Pullaro compartió en sus redes sociales fotos de presos sentados en el suelo, con las cabezas gachas y las manos hacia atrás luego de una requisa en sus celdas, una escena que recordó a la represión del Presidente Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador.

Otros rosarinos consideran que las medidas son inútiles por el entramado de corrupción que, según expertos y funcionarios, cubre sectores de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad en Rosario.

”¿Cómo que las fuerzas [policías] no van a poder?”, se preguntó en declaraciones a la prensa Germán Bussanich, padre de Bruno, quien instó a Milei a “ir a fondo”.

En las últimas semanas las autoridades han anunciado la confiscación de cientos de celulares a los presos, han restringido las visitas en las cárceles y enviado fuerzas de seguridad federales a patrullar las calles.

Los cuatro asesinatos impactaron en la opinión pública argentina de tal forma que el propio Papa Francisco se solidarizó con sus compatriotas en Rosario. Instó a que una justicia independiente investigue “la corrupción” que facilita el negocio de la droga y a los políticos a recuperar el “entramado social” de la ciudad.

Desde los ataques muchos rosarinos han cambiado sus hábitos.

“Si me tengo que tomar el colectivo (autobús), no me siento cerca del chofer, me voy lo más atrás que puedo”, contó Florencia Petrelli, de 37 años. Celeste Núñez, de 21 y empleada en una gasolinera, dijo que cuando se va a trabajar se despide de su familia como si fuera la última vez que los ve.

 

Rodrigo Domínguez, un estudiante de 20 años, dejó de salir de noche porque “es un desastre, es bastante peligroso”.

Rosario se convirtió en uno de los principales centros del narcotráfico en Argentina a medida que la represión del tráfico de estupefacientes en América Latina empujó el negocio hacia el sur. El río Paraná, a orillas de la ciudad, facilita el tráfico de cocaína y otras sustancias que provienen de países sudamericanos. Parte de esa droga se distribuye para consumo interno y la otra parte se envía a Buenos Aires desde donde es triangulada a destinos nacionales e internacionales, según expertos.

En ningún otro lugar de Argentina como en Rosario es tan palpable la violencia de las bandas de narcotraficantes como Los Monos o La Familia Alvarado, que la han convertido en la urbe más peligrosa del país con una tasa de homicidios que quintuplica la nacional de 4.2 por cada 100 mil habitantes.

Aunque la ciudad argentina nunca ha sufrido los atentados con coche bomba y los asesinatos de policías que han asolado México, Colombia, y más recientemente Ecuador, la escisión de las bandas callejeras ha alimentado el derramamiento de sangre.

“No se acerca a la violencia de México porque todavía tenemos la capacidad de disuasión del Gobierno en Argentina”, dijo Marcelo Bergman, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. “Pero tenemos que vigilar Rosario porque las mayores amenazas no provienen tanto de los grandes cárteles como cuando estos grupos proliferan y se diversifican”.

 

Enriquecidas por el lucrativo comercio ilegal, que alimentó un auge inmobiliario producto del lavado de dinero, las organizaciones criminales rosarinas cuyos líderes están mayoritariamente en prisión reclutan a jóvenes en los barrios pobres de la ciudad a los que llaman “soldaditos”, que trafican y defienden el territorio de sus jefes ejerciendo la violencia a cambio de algunos cientos de dólares.

El hijo adolescente de Gerónima Benítez fue asesinado en 2022 aparentemente en una pelea entre vendedores de droga. El homicidio no ha sido resuelto a pesar de que los vecinos sospechan quién es el autor, se lamentó Benítez, quien dijo haber golpeado en vano las puertas de la justicia y la policía para obtener ayuda.

“Hay muchos casos que no se resuelven. El barrio sabe bien la situación de los que están en eso”, señaló Benítez.

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