Culiacán.- La aprobación vía fast-track de la Reforma Judicial en Sinaloa durante la noche de este miércoles, a menos de 24 horas de su aprobación en el Senado, mostró falta de sensibilidad de los diputados sinaloenses ante el contexto de violencia que se vive en el estado, argumentó el defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa.
Aunque Loza Ochoa se declaró a favor de la reforma, destacó que “las formas deben cuidarse mucho”. Subrayó que la aprobación se dio en un horario y un contexto que impidió la participación ciudadana, lo que, a su parecer, muestra una falta de sensibilidad.
“Hay cosas que no tienen por qué tener prisa. Si somos institucionales, las instituciones deben responder a la sociedad, no a un régimen”, expresó.
Loza Ochoa también destacó varios ejemplos que justifican la necesidad de una reforma judicial. Mencionó el caso del juez Ramos Ventura en Tamaulipas, quien liberó a 121 acusados por el caso de Ayotzinapa sin intervención del Consejo de la Judicatura. Además, criticó la falta de sensibilidad de los jueces durante la pandemia, quienes ordenaron desalojos de personas que no pudieron pagar sus hipotecas, sin considerar el impacto económico de la crisis sanitaria.
Finalmente, cuestionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber otorgado amparos a grandes compañías extranjeras y naconales para evitar el pago de impuestos, lo cual favorece a los poderosos y no a la ciudadanía.
Por otro lado, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, fue más contundente al calificar el proceso de aprobación como un “acto criminal”. Señaló que la reforma, que se justifica como un intento para combatir la corrupción en el Poder Judicial, en realidad fue aprobada mediante prácticas corruptas. “Resulta muy lastimoso para nosotros los mexicanos que estén haciendo las cosas de esta forma”, lamentó.
Beltrán Verduzco criticó que la reforma judicial fue impulsada sin respetar los procedimientos legislativos y a través de sedes alternas al recinto legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo cual considera un atentado contra la autonomía del Poder Judicial.
“Estamos ante un intento de politizar la justicia y concentrar el poder en un solo personaje, lo cual es extremadamente peligroso”, afirmó.
Finalmente, Beltrán destacó que aún existe esperanza en detener esta reforma mediante acciones de inconstitucionalidad. “Tenemos la esperanza de que un grupo de legisladores promueva estas acciones, ya que la aprobación no cumplió con los procedimientos legislativos adecuados”, concluyó.
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