Culiacán, Sin.- La ola de violencia que actualmente se desarrolla en la zona centro del estado de Sinaloa genera desempleo, incertidumbre e informalidad laboral, dada la caída en el consumo e inversión que afecta a la economía de la región. Esto, por su parte, reduce la cantidad de personas que tienen acceso a créditos de vivienda o hipotecarios, intensificando el rezago de la vivienda, explica la académica Yessika Cebreros Millán, especialista en Gestión de Créditos de la UAS.

“Se ha incrementado el número de desempleos por el cierre de varios negocios. Si el panorama se sigue poniendo complejo, vamos a tener esa problemática, en que se incrementa la cartera vencida. Va a llegar un momento en que esas personas que estaban periódicamente pagando un crédito de vivienda y se quedaron sin empleo ya no podrán cumplir con sus cuotas”, dice en entrevista para Revista ESPEJO.

 

El rezago de la vivienda es la dificultad de la población de poder acceder a una casa propia. Si los precios de las unidades habitaciones son muy altos en relación con los ingresos de las personas, muchas familias no podrán acceder a una vivienda digna.

De acuerdo con Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Sinaloa este rezago se manifiesta en un déficit de más de 432 mil viviendas.

En México, la forma más factible de adquirir una casa para las personas que ganan el sueldo promedio es mediante un crédito de Infonavit, prestación con la que cuentan los trabajadores registrados formalmente ante la autoridad laboral. Actualmente, el Infonavit tiene una cartera de 5.5 millones de clientes. Esto significa que alrededor de un 9.4% de la población económicamente activa hace uso de este.

Sin embargo, en el estado de Sinaloa, especialmente en la ciudad de Culiacán y sus sindicaturas, se desarrolla hoy una “guerra” entre facciones del crimen organizado que hiere a la economía regional.

Con más de 500 cierres de negocios constatados desde el inicio de la crisis de seguridad, según datos del Frente Civil Primero Culiacán, y la contracción en las plantillas laborales de algunas de las empresas más grandes del estado, el empleo formal en Sinaloa está en peligro, y el acceso a la vivienda de los trabajadores también.

12 mil empleos formales perdidos en un año y más informalidad laboral para Sinaloa.

 

De acuerdo con cifras oficiales del IMSS, de febrero de 2024 a febrero de 2025 la cantidad de empleos formales en Sinaloa se contrajo en 12 mil.

Además, según información de la Encuesta Nacional del Empleo conducida por el INEGI, la tasa de informalidad creció en el ultimo año.

En el último trimestre de 2023, la tasa de informalidad en Sinaloa fue del 46.8%, dato que ya reflejaba una proporción preocupante de la población trabajando en la economía no regulada. Sin embargo, en el último trimestre de 2024, dicha tasa aumentó a un 52.4%. Esto significa que la mayoría de trabajadores del estado no tiene acceso a prestaciones laborales, entre ellas el acceso a crédito hipotecario.

Cebreros considera que el aumento en la informalidad es una manifestación de la situación de incertidumbre económica, misma que estaría provocando una migración hacia la economía subterránea.

“Si seguimos en una situación en la que el empleo formal sigue disminuyendo, considero que va a aumentar, en cuestión estadística, el trabajo informal. Sí se va a incrementar por todos los cierres de negocios que se han presentado”, dice.

 

Respecto a la caída en el número de empleos formales de febrero a febrero, el secretario de gobierno del estado, Feliciano Castro Meléndrez, explicó el fenómeno como el mero producto de la temporalidad agrícola, basándose en que la mayoría de empleos perdidos pertenecían al sector primario.

Jorgue Figueroa Elenes, maestro en Ciencias Económicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, opina que la explicación por parte del funcionario es tan solo parcialmente correcta.

“Podría casi asegurar que la cifra es afectada, efectivamente, por la temporalidad. Pero sin duda tiene que ver también con un efecto asociado al fenómeno que se está viviendo.

¿Quién puede negar que, cuando se han cerrado tantas empresas y reducido tanto los horarios de trabajo, eso va a tener impacto?”

 

Además del colapso del empleo formal, Cebreros observa que la incertidumbre laboral, generada debido a la poca estabilidad del panorama de negocios que provoca inseguridad en el trabajador sobre su futuro, se posiciona como una limitante más para la posibilidad del mismo de poder adquirir una vivienda. “Difícilmente la prioridad en estos momentos va a ser adquirir una vivienda”, explica.

En su conjunto, estas situaciones, aunado con otras condiciones generadas por el estallido de la crisis de seguridad, es lo que habría provocado la caída del 70% en la venta de inmuebles en Sinaloa. Este último dato provisto por la presidenta de Coparmex Culiacán, Martha Reyes.

Sucedió en la pandemia y pasará algo similar: Oscar Loza Ochoa

 

Óscar Loza Ochoa, quien ha participado también en la lucha social por el derecho a la vivienda, considera que, si bien aun no se poseen las estadísticas suficientes para determinar de qué tamaño será la afectación, es previsible que el efecto sea notorio en los meses venideros, conforme se vayan generando datos.

“Pasó con la pandemia y es algo similar a lo que pasará con la situación que vivimos ahora por problemas de violencia. Ya lo habíamos vivido de alguna manera en los años anteriores”.

 

Dentro de lo observable, señala el desplazamiento de personas como otra situación generada por la violencia que abona al rezago de la vivienda.

“Hay lugares donde ha habido desplazamiento, quedan casas abandonadas y obviamente tienen que demandar techo, pero el problema es que no hay estadísticas”

 

Rezago de la vivienda fomenta asentamientos irregulares y vulnerabilidad.

 

Loza comenta algunas de las formas en las que el rezago afecta a la sociedad. Al dificultarse cada vez más el acceso a la vivienda digna, se fomenta la aparición de asentamientos irregulares, en donde las personas viven en situación de vulnerabilidad y precariedad.

“En varios de esos asentamiento, buena parte de las casas que se improvisan son de techos y paredes de hule. Imagínate hasta donde se van las temperaturas al interior de esas viviendas. Eso habla de que los riesgos de enfermedad son mucho mayores, no solamente las incomodidades. Se pone en riesgo la salud de menores y personas de la tercera edad”, comenta.

 

Explica que hay personas con más de veinte años viviendo en terrenos sin ningún tipo de escritura ni título de propiedad, dejándolos desamparados jurídicamente.

Asegura que, pese a las campañas de legalización de estos asentamientos por parte de la administración estatal actual, se echa en falta un plan que atienda el problema de forma oportuna e incluya regular la especulación inmobiliaria.

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