El aberrante escudo de impunidad que Movimiento Regeneración Nacional y partidos afines le otorgaron al exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado del presunto delito de violación en grado de tentativa, subraya el criterio que utiliza la llamada Cuarta Transformación al defender a los suyos hasta la ignominia y castigar a los opositores manipulando carpetas de investigación, alterando procesos judiciales y haciendo de la justicia un instrumento de índole político.

La señal que envía la presidenta Claudia Sheinbaum es que los protegidos de Morena y la 4T bien valen la anulación de leyes e instituciones responsables de aplicarlas, mientras que las víctimas de delitos, en este caso mujeres, quedan en el desamparo por la ausencia de gobierno justo y la exagerada práctica de desprestigiar a los afectados por los ilícitos y también denostar a fiscales y jueces que tienen a cargo determinar las sanciones que corresponden a los perpetradores.

Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena, fue acusado de intento de violación contra su media hermana en hechos ocurridos en 2019, cuando el exfutbolista era gobernador, y la denunciante laboraba dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno de Morelos, caso en el cual la Fiscalía estatal abrió carpeta de investigación.

Pero ayer las bancadas de Morena y los partidos Verde y del Trabajo se constituyeron en bloque contra la aplicación de la ley al votar con 291 votos a favor de desechar la solicitud de desafuero, avasallando los 168 votos en contra y dos abstenciones, e inclusive mostrando el control sobre las 251 diputadas federales que se suponía harían causa común para defender a la mujer en calidad de víctima.

Esta forma de impunidad, así sea disfrazada de soberana decisión legislativa, arbitrariedad política es. Inmovilizar a las instituciones ministeriales y judiciales que deberían llevar las investigaciones hasta que aflore la verdad jurídica desnuda el absurdo de dejar en manos de partidos y de sus cabecillas la atribución de absolver o sancionar a infractores no por lo que establezcan los códigos penales sino por lo que más convenga a las cúpulas del poder.

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