Culiacán, Sin.- Luego de que se confirmara que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el gobernador Rubén Rocha Moya se negó a emitir opinión sobre el caso, argumentando que no desea “contaminar el proceso”.

Durante su conferencia semanal, Rocha fue cuestionado sobre la denuncia que enfrenta el edil ahomense, relacionada con presuntas anomalías en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos. El mandatario respondió que prefiere mantenerse al margen, ya que el tema se encuentra en manos de entes autónomos.

Rocha Moya evitó hablar del tema asegurando que está en manos de dos órganos autónomos.

“No voy a hablar del otro tema. Eso le corresponde a la Auditoría y a la Fiscalía, no está en mi campo. Yo no soy la instancia para ver ese asunto. Por favor, véanlo con la Fiscalía, que es quien en este momento está haciendo las indagatorias. Es un tema que está allá. Por lo tanto, no quiero contaminar el proceso de investigación, porque a mí no me toca”, declaró el gobernador.

Rocha Moya enfatizó que el caso se encuentra bajo la responsabilidad de dos órganos autónomos, la ASE y la FGE, y reiteró que él no cuenta con información adicional a la que ha sido difundida en los medios de comunicación.

“Esa es una investigación que nace de la revisión de la Auditoría. Lo remiten a la Fiscalía y esta lo califica como un tema penal; lo están trabajando. Es lo que sabemos: lo que saben ustedes, lo sé yo. Prefiero no opinar, porque no está en mi campo. El alcalde de Ahome está en manos de dos órganos autónomos: la Auditoría y la Fiscalía”, insistió.

Cabe recordar que este caso ha generado debate sobre una posible destitución del alcalde Gerardo Vargas Landeros, debido a las similitudes con procesos anteriores que enfrentaron los exalcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quienes también fueron acusados por ejercicio indebido de la función pública.

 

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