Culiacán, Sin.- Ya se encuentra todo listo para realizar la sesión secreta programada para este jueves a las 08:00 de la noche, donde los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa votarán si procede o no la Declaración de Procedencia, también conocido como desafuero, en contra del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local por Morena, Genaro García Luna.

Ambos funcionarios son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Ahome.

Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión Instructora.

El presidente de la Comisión Instructora del Congreso, Rodolfo Valenzuela Sánchez, confirmó que el dictamen correspondiente ya fue elaborado y entregado a los implicados, quienes también fueron debidamente notificados con respaldo notarial. Aunque fueron citados a comparecer ante el Pleno, su presencia no es obligatoria y pueden designar representantes legales.

“Este jueves será la votación. Estamos citados por parte de la Mesa Directiva a las 8:00 de la noche en sesión secreta. Legalmente ya fueron notificados los dos; hay un notario que lo avaló. Considero que se ha hecho como debe ser, sin ninguna secrecía, salvo la que marca la ley”, afirmó Valenzuela.

El diputado explicó que si el Pleno vota a favor del dictamen, ambos funcionarios perderán el fuero constitucional, lo que permitirá que puedan ser investigados y, en su caso, procesados penalmente. En caso de que la mayoría vote en contra, conservarán su inmunidad legal.

Valenzuela precisó que la sesión será secreta conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado en sus artículos 111, 112 y 113, y que dicha reserva busca proteger el debido proceso.

“El hecho de que se vote el desafuero no implica que se les declare culpables. Simplemente se resuelve si pueden ser procesados sin la protección del fuero”, aclaró.

La FGE también fue citada a la sesión para exponer los argumentos que sustentan su solicitud de desafuero.

Serán los 40 diputados que integran el Congreso local quienes tendrán la última palabra en este caso que podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de los servidores públicos en Sinaloa.

 

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