Este miércoles, el fiscal estadounidense Joseph Nocella solicitó formalmente al juez Brian Cogan el aplazamiento de la audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada programada para el lunes 16 de junio. Con la posibilidad de llegar a un acuerdo con la defensa, se pide que la cita sea pospuesta 60 días.

“Como el Tribunal sabe, las partes han intercambiado ciertos materiales de descubrimiento y han discutido el potencial de una resolución sin llegar a juicio, lo cual ocurrió durante el curso del proceso por el caso capital y la evaluación del gobierno sobre la probabilidad y el alcance de procedimientos conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada”, se puede leer en el documento enviado al juez en nombre del fiscal.

 

Cuando el fiscal menciona la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, se refiere a que parte del caso podría involucrar información delicada que no puede darse a conocer por cuestiones de seguridad nacional o inteligencia, y que se necesita seguir procedimientos especiales para manejarla. Estos procedimientos permiten al gobierno evitar la divulgación pública de información confidencial durante el juicio.

Según el programa de la corte, el juez ya ha aceptado la ampliación del plazo, pues aparece una nueva fecha para el procedimiento. Esta se llevaría a cabo el 25 de agosto del presente año.

Pese al interés que muestran ambas partes en alcanzar un acuerdo antes del juicio, según lo que se puede leer en el documento, la posibilidad de que “El Mayo” enfrente la pena de muerte sigue sobre la mesa. En la nueva fecha de la audiencia se lee “death penalty case”, o “caso de pena de muerte”.

¿De qué se le acusa a El Mayo Zambada?

 

Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes más poderosos y longevos del Cártel de Sinaloa, enfrenta una serie de cargos federales en Estados Unidos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Las acusaciones principales incluyen la dirección de una empresa criminal continua por haber coordinado durante décadas una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

El gobierno estadounidense lo señala como responsable de la conspiración para fabricar e importar toneladas de sustancias ilícitas, entre ellas fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, con el objetivo de distribuirlas en territorio estadounidense. Además, se le acusa de participar en operaciones sistemáticas de lavado de dinero.

Otros cargos lo vinculan con la posesión y uso de armas de fuego y la conspiración para cometer homicidios.

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