Culiacán, Sin.- Ramón Florencio López Hernández, ex director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ganó un amparo en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que sus cuentas sean descongeladas.
López Hernández es identificado por la UIF como parte de una red de lavado de dinero para la familia de Ismael Zambada García, El Mayo, por presuntamente formar parte de los socios de la empresa Centro Comercial y Habitacional Lomas S.A. de C.V.
Tras cuatro años de litigio, el ex funcionario de la UAS logró que tribunales federales negaran el embargo de sus cuentas y se le retirara de la lista de personas bloqueadas de servicios financieros a través del expediente 1066/2019.
López Hernández también es representante legal de otra de las empresas de la familia, llamada Establo Puerto Rico S.A. de C.V., donde las accionistas son cuatro hijas de “El Mayo”: Midiam Patricia, Mónica del Rosario, Modesta y María Teresa Zambada Niebla, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
Todas las firmas son señaladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como empresas que forman la red de “El Mayo” en Culiacán.
El pleito legal contra la UIF comenzó en 2019, cuando las cuentas bancarias de López Hernández en Banamex, Santander y Banorte fueron congeladas, debido a la identificación de movimientos presuntamente irregulares como cheques interbancarios y retiros millonarios sin justificación.
“Las operaciones de mérito resultan irregulares, ya que son considerablemente elevadas y son remitidas a diversas personas de las cuales se desconoce qué tipo de relación comercial tienen con las personas objeto de estudio en el presente acuerdo, por lo que es muy posible que dichos recursos estén transitando de una cuenta a otra, sin que exista una justificación plena de la realización de tales operaciones y que probablemente dichas transacciones sean con la intención de evitar que se identifique el origen de los mismos”, aseguró la UIF en el expediente del cual Revista ESPEJO tiene copia.
En total se señalaron cinco operaciones bancarias con depósitos en efectivo, así como 82 cheques interbancarios.
López Hernández alegó que los depósitos y cheques fueron parte de pagos hechos a su favor por trabajos de índole legal y financiera.
La UIF investigó a las personas relacionadas con las empresas, sin encontrar algún detalle fiscal que pudiera ayudar al ex funcionario de la UAS, solamente la relación criminal que otros países como Estados Unidos tienen sobre las empresas y personas inscritas como socias, entre ellas Modesta y Ana María Zambada García, así como Leticia Ortiz Hernández, ex síndica de El Salado.
El amparo, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán, solo retiró las medidas que impuso la UIF sobre las cuentas bancarias, mas no lo exonera de los cargos que permanecen bajo investigación.
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