Culiacán, Sinaloa.- Tras años de presión ciudadana, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la creación de una vicefiscalía especializada para la atención de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, una demanda que surgió desde la sociedad civil luego del asesinato del periodista Javier Valdez en el 2017.

“Es un logro ciudadano, una lucha que comenzó desde 2017 con el asesinato de Javier y que cierra un ciclo con esta vicefiscalía. Pero lo que sigue es garantizar que funcione, que no sea letra muerta”, expresó Marlene León Fontes, presidenta de Iniciativa Sinaloa.

 

La iniciativa, aprobada este jueves 12 de junio, reformó los artículos 5 y cuarto transitorio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa aprobada en 2022, para que, en lugar de una Fiscalía, se creará una Vicefiscalía Especializada. Además de añadir el artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que esta nueva oficina quede legalmente integrada en la estructura de procuración de justicia estatal.

Originalmente, la creación de este órgano se aprobó como parte de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, que entró en vigor en mayo del 2022. Desde ese año, la iniciativa aprobada ordenaba la creación de una fiscalía especializada, pero el Congreso del Estado se mantenía en omisión legislativa.

Ante esto, los organismos de la sociedad civil que impulsaron la Ley de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, como grupos de rastreadoras, periodistas y la asociación Iniciativa Sinaloa, implementaron una serie de medidas legales para hacer al Congreso cumplir con su creación.

Fue así que, en abril de este año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Sinaloa otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado, ordenando al Congreso de Sinaloa la creación de la Fiscalía Especializada.

Ante esto, y tras una serie de diálogos con autoridades como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, y la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, se acordó que una vicefiscalía cumplia con la necesidad de atención a estos sectores.

Además, el que se cree una Vicefiscalía y no una nueva Fiscalía Especial, permitirá su rápida implementación, aseguró Jesús Bustamante, impulsor de la reforma y presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio.

“Si nos hubiéramos aferrado a que fuera una fiscalía especializada, tendríamos que esperar a que se asignara presupuesto hasta el próximo año y comenzar prácticamente de la nada: a que se le asignaran recursos, que se le diera estructura, un proceso más largo”, dijo.

 

Pero al ser una vicefiscalía, está podrá crearse este mismo año, dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado. “Únicamente se tiene que capacitar a quienes estarán al frente y comenzar de lleno a trabajar”, afirmó.

Micaela González, madre buscadora, coincidió en que este paso representa una oportunidad para que las víctimas accedan a una justicia real y especializada.

“No había confianza con una unidad, pero con la vicefiscalía y con personas idóneas, ya se puede trabajar conforme a la ley. No son sólo 16 casos, son muchos más los que se han documentado en redes de búsqueda y organizaciones”, reafirmó.

A pesar de que la Fiscalía General de Sinaloa reconoce 16 carpetas de investigación por delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas, Bustamante indicó que durante el periodo violento que vive Sinaloa de septiembre a la fecha, el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha registrado al menos 120 agresiones, 60 contra periodistas, 40 contra personas defensoras y 20 más contra sus familiares.

Pero ante la ausencia de una fiscalía especializada, muchos de estos casos fueron clasificados como delitos comunes, dificultando el acceso a la justicia.

“La diferencia es que ahora estos casos no se canalizarán a otras áreas ya saturadas, sino que tendrán atención directa. Eso permitirá que avancen más rápido y no queden archivados”, explicó Bustamante.

Sigue vigilar su implementación

Aunque el Congreso ya aprobó la creación de la vicefiscalía, las organizaciones señalan que el siguiente paso es vigilar su implementación.

Durante el plazo de 90 días para su arranque de operaciones, la FGE deberá designar al personal, capacitar a los agentes y establecer su estructura interna.

“El tema es revisar cómo va cómo va a ser la estructura, cómo se va a designar a la persona que esté al frente de la vicefiscalía. Eso es muy importante señalarlo porque no queremos que sea una persona que no conozca del tema, queremos personas con el perfil idóneo que tengan las capacidades que tengan el acercamiento con los con las personas que han sido violentadas por el ejercicio de sus funciones”, advirtió Marlene León.

“Es importante resaltar que lo que estamos viendo ahorita es un hecho histórico, es un logro ciudadano y que da respuesta a todo lo que hemos atravesado desde estos hechos trágicos (como el asesinato de periodistas)”, concluyó.

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