Por Marcos Vizcarra y Alexandra Figueroa

Si el 24 de julio de 2024 se hubiera pronosticado el desastre social, económico, político y de seguridad que tendría Sinaloa tras la detención de un criminal como Ismael Zambada García, “el Mayo”, por autoridades estadounidenses, es posible que hubiera sonado increíble. La realidad superó fácilmente a la ficción, dice Juan Barrón, un hombre de 62 años que ahora vive desde el exilio tras el asesinato de tres de sus familiares en la zona rural al sur de Sinaloa, una de las regiones más azotadas por la violencia generada por dos facciones internas del cartel de Sinaloa.

“Fueron decisiones de Estados Unidos, no de México”, dice el hombre que ha dedicado más de 35 años a la academia.

Una crisis de seguridad

La crisis de seguridad ha incrementado en Sinaloa a partir de la confrontación de las organizaciones criminales, pero también ante las políticas públicas diseñadas en Estados Unidos, como la designación de organizaciones terroristas a carteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Aunado a ello, está la amenaza de un ataque frontal a criminales con misiles y bombas arrojadas con drones en el espacio mexicano. Una amenaza que parecía poco seria hasta el ataque a una embarcación de Venezuela en la que presuntamente se tenía una carga de drogas ilícitas. Fue un hecho mostrado al mundo con videos desclasificados como parte de una muestra del poder estadounidense fuera de sus costas y bajo el designio político liderado por Donald Trump.

“Es claro que ya están operando agentes estadounidenses en Sinaloa. Hay que poner mucha atención en todos los lugares, porque ya se están moviendo y observando cómo se mueven los narcos”, mencionó un funcionario del municipio de Badiraguato, quien solicitó anonimato, al asegurar que la confrontación ha evolucionado tanto que hay otros grupos criminales en búsqueda del control de espacios donde anteriormente tenían poder los hijos de “el Chapo”.

“Hacia la zona que está junto a Chihuahua ya se tiene la presencia de los Salazar y más abajo de los “22” y hacia Mocorito y en la cabecera está “el Músico”, que está ligado al Chapo Isidro, pero que tiene una alianza ahorita con “los Mayos”, mientras que la gente de los hijos de Guzmán se han ido, ya no están o los han matado”, mencionó el funcionario.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró para este reportaje que el conflicto armado en Sinaloa debe parar pronto, de lo contrario se tendrán ataques similares a los de Venezuela, donde se usó misiles para eliminar la embarcación que presuntamente transportaba cargamentos de droga.

“¿Acaso no creen lo que puede pasar? ¿No creen que podemos atacar?”, expresó el funcionario estadounidense, haciendo referencia a la necesidad e interés de su gobierno para la instalación de empresas y proyectos logísticos que buscarían conectar a Sinaloa con ese país y así convertirlo en un patio industrial.

El gobierno de Sinaloa se ha mostrado un tanto despreocupado ante las declaraciones de Estados Unidos, pero la población cuenta algo distinto.

“Los de Estados Unidos empezaron esto con la detención de el Mayo y lo que tiene que pasar ahora es que ya se acabe porque nos van a seguir afectando más. Nos quieren hacer una guerra aquí, que ganas no les faltan y razones tienen de sobra”, mencionó Mariana Urías, mujer de 34 años.

“Yo ya no pienso por mí, me ha tocado ver de todo, pero a mis hijos les va a tocar esta guerra. Hace unos años que yo estaba joven me tocó lo de la guerra de Calderón y me quedó el trauma de ver las balaceras y las amenazas de bombas en las plazas comerciales, ahora imagina que ellos pueden ser testigos de una verdadera guerra con bombas y misiles que podrían pegarnos a los que no estamos metidos en el narco”.

La amenaza que pinta el inicio de una confrontación extranjera en Sinaloa no ha dejado más que desconcierto de manera local, alimentado por los acuerdos de Estados Unidos con criminales como Ismael Zambada García y los hermanos de Ovidio y Joaquín, hijos de “el Chapo” también encerrados en ese país, cuyos alcances de negociación aún son desconocidos de forma pública.

La detención de “el Mayo” trajo consigo un conflicto interno dentro de la organización. La familia Zambada, liderada por Ismael Zambada Sicairos, preparó redes y alianzas con otros grupos criminales, incluyendo los de otros cárteles, para ejercer una embestida frente a quienes declararon sus enemigos públicos: Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “el Chapo”, a quienes han señalado en distintos mensajes como traidores.

“Cuando detienen a ‘el Mayo’ es porque Joaquín (Guzmán López, hermano de Iván y Alfredo) se lo llevó y entregó a ese país un 25 de julio, pero tardó poco más de un mes en explotar porque se estaban armando, creando alianzas”, dice un experto en seguridad al interior del gabinete del gobierno de Sinaloa, quien ha solicitado anonimato.

Para entender esa presunta traición, es necesario rememorar que la detención ocurrió luego de que se suscita una reunión en un rancho llamado “Huertos del Pedregal”, un sitio al norte de Culiacán que está dividido en terrenos campestres y haciendas que son utilizadas normalmente para ofrecer fiestas o momentos de descanso fuera de la ciudad. Zambada habría llegado por invitación de los hijos de su ex socio, el Chapo, para hablar y negociar sobre el poder y control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) junto con el político Héctor Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya. Eso se conoce por una carta pública proporcionada por el abogado Frank Perez, designado como uno de los defensores de Zambada ante la Corte de Nueva York, a medios de comunicación, la cual se publicó el 10 de agosto de 2024.

Cada una de los señalamientos hechos por el capo en ese documento ha sido verificado y confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo el asesinato de Cuén Ojeda, a quien nombró como su amigo, en aquella finca.

Tras un mes y medio de tensiones estalló un conflicto armado que ha dejado a la fecha más de 1,800 asesinatos, alrededor de 2,300 desapariciones de personas, más de 7,000 robos violentos de vehículos y múltiples ataques, bloqueos y enfrentamientos en todo el territorio sinaloense. Entre todas las víctimas hay por lo menos 57 personas menores de edad y 40 mujeres asesinadas con dolo o en medio de “fuegos cruzados” durante enfrentamientos.

“Quisiera decir que mi hermano fue víctima de un fuego cruzado, pero lo que nosotros vemos es que el gobierno (el Ejército) lo atacó y asesinó”, dijo Rafael Sánchez, de 44 años, hermano de Juan Carlos Sánchez, un joven que murió por desangramiento durante un enfrentamiento entre militares y hombres armados la tarde del 22 de septiembre en el lujoso barrio Tres Ríos, junto al centro de la Ciudad de Culiacán.

La crisis social en Culiacán

La violencia en Sinaloa no solo se cuenta en balas y bloqueos carreteros. También se refleja en la vida cotidiana de miles de familias que han visto cómo sus ingresos se reducen, sus empleos desaparecen y sus proyectos de vida se detienen.

“A nosotros nos ha pegado mucho en la vida social. Antes podíamos festejarle al niño cada cumpleaños, invitar a sus primos, que jugaran en una alberca o simplemente ponerle la piñata y un pastel, pero ahora tuvimos que hacer algo muy privado en la casa porque ya no sabemos qué pueda pasar y si vayan a venir los invitados”, dijo Karely Contreras, mujer de 35 años que habita en la ciudad de Culiacán.

Las previsiones de Karely han sido la constante entre más del 90 por ciento de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes en su última encuesta de percepción de la seguridad se declaró como insegura.

El miedo ha dejado pérdidas importantes, sobre todo a nivel social por el trauma de miles de personas que han atestiguado o sido víctimas de un crimen.

“A todos nos ha llegado de alguna manera, ya sea por un amigo o familiar, aunque no sea cercano, pero nos ha llegado”, mencionó Karely.

Sin embargo, otra de las pérdidas ha sido la de la economía del Estado, que en cálculos hechos por Cristina Ibarra, Doctora en Economía, se calculan hasta en un 10 por ciento de su valor, lo que significa entre 55 y 70 mil millones de pesos menos circulando en calles, comercios y hogares.

Los números fríos ocultan historias de restaurantes cerrados, pequeños negocios que bajaron sus cortinas y trabajadores que ya no regresaron a su empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció en sus datos sobre empleos una disminución de al menos 15 mil puestos en comparación con el año anterior, mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que en el primer trimestre de 2025 se perdieron más de 20 mil empleos formales en Sinaloa. Pero la cifra esconde a miles de personas que ya ni siquiera buscan trabajo: 96 mil sinaloenses dejaron de estar disponibles para laborar, muchos de ellos por miedo a la inseguridad.

En Culiacán, el corazón económico del Estado, el golpe fue más duro: más de 10 mil empleos desaparecieron y más de 5 mil empleadores dejaron de operar. Las microempresas, esas que sostienen la economía de los barrios, fueron las más afectadas.

La violencia más focalizada se tiene en Culiacán, donde han ocurrido los hechos más impactantes, al menos de manera pública, pero en municipios como San Ignacio, Elota o Badiraguato, donde la informalidad laboral alcanza al 80 por ciento de la población, la violencia redujo todavía más las pocas oportunidades de trabajo. Jóvenes que podrían estar en el campo o en negocios locales han sido víctimas de desplazamiento o, en el peor de los casos, han perdido la vida.

Cada persona desaparecida o asesinada ha significado también la pérdida de un ingreso, muchas veces equivalente a un salario mínimo que mantenía a toda una familia. Esa ausencia rompió no solo la economía del hogar, también la convivencia en la comunidad.

“Lo que no entiende el gobierno es que las personas desaparecidas son o habían sido sostenes económicos en sus casas, eso no se lo repone nadie a las familias sino que las deudas siguen creciendo y el desgaste se vuelve más fuerte”, aseguró María Isabel Cruz Bernal, mujer de 53 años, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Sabuesos Guerreras A.C.”.

El golpe económico se siente también en los envíos de dinero desde otros países: las remesas que llegan a Sinaloa cayeron un 25 por ciento en la primera mitad de 2025. Particularmente en Culiacán, los depósitos bancarios bajaron un 10 por ciento, un dato que refleja la desconfianza y el miedo de la gente para mover su propio dinero.

La inflación acumulada desde 2022, de casi 17 por ciento, terminó por encarecer la vida diaria: desde la canasta básica hasta el costo del transporte, de ahí que autoridades bancarias hayan expresado su preocupación en abril pasado por el incremento de la tasa de morosos y el rezago en la cartera vencida.

Una de las formas más simples de observar el incremento en las deudas es a través del mercado inmobiliario. Hay un decremento en los precios de las viviendas que van desde el 10 hasta el 50 por ciento del valor que se ofertaban las propiedades por empresas desarrolladoras. La causa, reconoció Daniel Félix, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Sinaloa, es que las empresas deben pagar a costa de lo que sea los créditos bancarios que se les autorizaron para la construcción.

“No es que los precios o la plusvalía se hayan reducido, sino que se ha optado por vender las viviendas a un precio que pueda ser más asequible para los compradores y sirva para poder liquidar los préstamos”, señaló el empresario.

La crisis económica que se vino como efecto de la violencia se traduce en mesas sin comida suficiente, en fiestas canceladas, en músicos que ya no encuentran trabajo y en familias enteras que deben elegir entre quedarse en su tierra o salir desplazadas. Para la economista Cristina Ibarra, esa crisis afectó al 80 por ciento de las pérdidas económicas, pues junto con esta hay otras que ya se venían gestando, como una crisis hídrica que ha afectado el campo sinaloense, la principal fuente de empleo en este Estado al noroeste de México.

“Cada cortina metálica que no se levanta por miedo, cada empresa que cierra, cada empleo que se pierde, significa una familia más en crisis, un proyecto más que no pudo sostenerse frente al crimen. Y no olvidemos el golpe a la educación. Maestros y estudiantes han visto interrumpidas sus clases por la inseguridad; escuelas vacías o con miedo, que dejan una huella profunda en nuestra niñez y juventud. Estamos hipotecando el futuro de Sinaloa si no atendemos esto de manera integral lo antes posible”, expresó Martha Reyes Zazueta, empresaria y presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa (Coparmex).

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