El asesinato del líder de los productores y comercializadores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, recalca el poderío que ejerce el crimen organizado en México con la fuerza de las armas que aplica impunemente para someter a sectores productivos y mantenerlos como rehenes durante años sin que el gobierno le ponga fin a este predominio de la delincuencia encima de la ley.

La diversificación de la actividad criminal amenaza a ciudadanos y sectores de todo el país que desde el esfuerzo lícito contribuyen al desarrollo económico, extendiéndose como principal inhibidor de la planta productiva debido a la inacción de instituciones y autoridades estancadas en llevar la cuenta de los delitos cometidos en vez de presentar avances en el combate de éstos.

Así como en Michoacán el narcotráfico interfiere con la violencia en los sectores limonero y aguacatero, en Sinaloa la guerra que libra internamente el cártel local deja daños incuantificables en empresas y demás actividades productivas que se traducen en pérdidas económicas, de empleos e inversión privada y el correspondiente impacto en el poder adquisitivo de las familias.

En caso de ser corroborada la información que presentó hoy el secretario de Seguridad Pública y Protección del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, de que fue detenido y puesto a disposición de la justicia el asesino de Bernardo Bravo, allí estará la clave para detener la intromisión atroz de los grupos criminales en los quehaceres lícitos de la población pacífica.

A México le urge el fortalecimiento del Estado de derecho para que sea la procuración e impartición de justicia el dique que evite que otras regiones del país enfrenten circunstancias como las que padecen los productores del campo michoacano, secuestrados por el crimen y poco defendidos por el Gobierno. El ataque al dirigente de los limoneros de Michoacán constituye el aviso a tiempo para evitar que la narcoguerra escale en Sinaloa a similares atrocidades.