Culiacán, Sinaloa.- El 29 de diciembre de 2024, Astrid de 26 años y su hijo Dante de 6, fueron localizados sin vida en su domicilio incendiado, en el fraccionamiento Bosques del Álamo, en Culiacán. A casi un año de su feminicidio, su madre, Lucero Uriarte, denunció que sigue sin obtener justicia y se han presentado irregularidades en el proceso.

Acompañada del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS), Lucero denunció que Jesús Fernando “N” acusado de asesinar a Astrid y a su hijo, fue trasladado del Penal de Aguaruto al Penal Goros II ubicado en Los Mochis, sin haber notificado a ninguna de las partes del proceso de justicia.

Mencionó que fue el día de la audiencia, el pasado 14 de noviembre, cuando se le informó a ella, a la defensa del acusado y a la Fiscalía General del Estado que Jesús Fernando “N” había sido trasladado a otro penal, por “correr riesgos”.

“Dijeron que por correr riesgos en el penal fue el cambio, pero nos notificaron ese mismo día, en la audiencia”, dijo.

Para ella, este traslado representa un posible riesgo de fuga, ya que no habían sido notificados al respecto y no han podido llevar el juicio con él presente.

“Sí se corre el riesgo que él pueda fugarse del otro penal y la inseguridad que está en riesgo mi familia, hemos sido constantemente visitados (…) no por autoridades”, dijo.

“Yo lo que quiero es que él lleve su juicio aquí, quiero verlo, ¿Por qué en Mochis? Él no cometió los delitos en Mochis”, agregó.

Por su parte, Rocío Avendaño, líder del CMAS, indicó que preocupa que se le estén otorgando privilegios al presunto agresor, pues de acuerdo a la versión de la familia, Jesús Fernando “N” fue internado en el módulo 2, donde solo se encuentran servidores públicos acusados de algún delito.

“Estamos viendo el evidente privilegio que se le ha estado otorgando a un agresor, a un acusado de feminicidio y también estamos viendo la falta de empatía de las autoridades, estamos hablando de la Secretaría de las Mujeres que no ha tenido un acompañamiento a las víctimas y nadie se ha preocupado en otorgar medidas de protección a la familia de Lucero que está en riesgo, por eso estamos viendo los privilegios de los que goza el agresor”, dijo.

La mamá de Astrid señaló que la familia no ha recibido medidas de protección y tampoco ha existido un acercamiento de parte de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.

Detalló que el caso de su hija ha estado marcado con obstáculos desde el principio. El hecho, en un comienzo, fue tratado como una situación  relacionada con la crisis de violencia criminal que vive Sinaloa y fue gracias a que se localizó un arma blanca dentro del domicilio que el asesinato se clasificó como feminicidio.

Agregó que Jesús Fernando “N” al ser detenido, fue enviado a un módulo donde se encuentran las personas con alguna enfermedad mental, a pesar de que él no tiene ninguna condición de este tipo y fue gracias a la intervención del abogado particular que contrató, que se logró moverlo a otra área. Sin embargo, lo colocaron en el módulo 2 dónde están servidores públicos, quienes usualmente cuentan con mayores condiciones de seguridad.

Y actualmente, fue cambiado de centro penitenciario sin previa notificación a las víctimas, señaló.

“Mi inquietud es para pedir y solicitar el apoyo de la ciudadanía porque nos sentimos muy consternados por la muerte de mi hija y de mi nieto, y en el caso de las irregularidades del juicio”, señaló la mamá de Astrid.

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