La noche del pasado miércoles, 27 de noviembre, las autoridades mexicanas y voceros agrícolas de 22 estados de la república dieron a conocer que se había llegado a un acuerdo entre agricultores y el gobierno mexicano. Sin embargo, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este sigue presentando carencias que no resuelven las problemáticas primordiales del campo nacional.

Después de un mes marcado por protestas a nivel nacional, paro de labores, concentraciones, toma de casetas, bloqueos carreteros y hasta la interrupción del tráfico transfronterizo de mercancía en aduanas de 3 estados del norte de México, la última mesa de diálogo entre agricultores y dependencias gubernamentales puso fin a las movilizaciones.

¿Qué acordaron gobierno y agricultores?

 

En materia de comercialización de granos, SADER publicará en un plazo máximo de 15 días la mecánica operativa para el trigo y otros cultivos, acompañada de la apertura de ventanillas de registro. En diciembre se revisarán los precios de garantía y se implementará un esquema de apoyos directos para productores de granos básicos.

Además, el gobierno incorporará los temas de granos y oleaginosas en la próxima renegociación del TMEC, ratificó el pago de subsidios atrasados y anunció que el 8 de diciembre iniciará una mesa nacional para revisar las políticas agroalimentarias.

Respecto a los pagos pendientes, SADER abrirá un periodo de 21 días para recibir solicitudes de productores que quedaron fuera de programas anteriores y se compromete a resolver cada caso en un plazo máximo de 45 días.

En el avance hacia una nueva Ley General de Aguas, se definió preliminarmente que los derechos de agua podrán heredarse, habrá un trato diferenciado según el uso, se actualizarán títulos en pozos existentes y se dará prioridad al uso doméstico y humano.

En seguridad para las carreteras y transporte, el acuerdo contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Carretera, la supervisión de retenes estatales por parte de la Guardia Nacional para evitar extorsiones, y la revisión de tramos con alta incidencia delictiva junto con la agilización de trámites para el sector transporte.

Debilidades de los acuerdos: opacidad e insuficiencias

 

Las debilidades del acuerdo se concentran en la falta de claridad operativa y en los riesgos que esto genera para distintos segmentos del sector. La recuperación de la confianza depende de que el gobierno cumpla con los pagos pendientes y resuelva con transparencia los casos de productores que quedaron fuera sin justificación; mientras eso no ocurra, la credibilidad de la política pública seguirá en duda, apunta el GCMA.

En los precios de garantía persisten vacíos importantes: no se ha definido si los productores con más de 5, 20 o 50 hectáreas quedarán incluidos, ni si se incorporarán cultivos excluidos como maíz amarillo, sorgo o trigo cristalino.

También quedan indefinidos los criterios para los anunciados apoyos directos en territorio. No se conocen los montos por tonelada, las reglas de operación, los volúmenes a cubrir, el alcance nacional ni la permanencia del esquema en ciclos futuros.

Tampoco está claro si habrá aportaciones de los estados o si se contempla un incremento presupuestal para SADER y gobiernos locales.

En el ámbito internacional, la disposición de incluir los temas de granos en la renegociación del TMEC podría provocar represalias arancelarias de Estados Unidos y Canadá, encarecer importaciones y generar impactos severos en industrias como la pecuaria, cervecera, almidonera, panificadora y alimentaria. Además, existe el riesgo de desestabilizar cadenas agroindustriales integradas con estos dos países.

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